Opinión
Por Andrea Tavares*
Hablar
de la descomposición social y moral de Venezuela es una constante en los artículos
de opinión y en las conversaciones cotidianas de la gente decente, todos los
estamentos de la vida pública, sus instituciones, sus procedimientos, sus
formas y sus fondos han sido corrompidos y son corruptores de todo lo que
tocan, totalmente carentes de ética y principios se designan funcionarios que
llegan, no para quedarse, sino para irse con los bolsillos bien llenos, no sólo
los propios, sino los de toda su corte familiar con amantes incluidos. Una vez
que arrasan con todo a su paso no rinden cuenta de su desastre, no se
determinan responsabilidades, no se investigan sus grandes fortunas y, peor aún,
son colocados en un nuevo cargo para esconder el desastre de su antecesor debajo
de la alfombra y comenzar de nuevo su ciclo de acumulación y enriquecimiento
con los reales del pueblo hambriento y desesperanzado.
Los
venezolanos ya ven esto “casi normal”, como se dice ahora, pero en el fondo
saben que no está bien, que de alguna manera eso no puede continuar, así lo
expresaron en las elecciones parlamentarias pasadas. Pero a ese pueblo
venezolano que se expresa contundentemente día a día, rechazando las colas, la
escasez de alimentos, la inflación, la ausencia de medicamentos y el colapso
brutal del sector salud, rechazando la violencia y la muerte, le sale al paso una suerte de inquisición
oficial, un consejo de censura que tiene la misión central de obstruir y
destruir cualquier esperanza de cambio y progreso que el pueblo venezolano
decida emprender, ese es el papel de los magistrados del Tribunal Supremo de
Justicia, que le han dado la espalda a la historia y a un pueblo hundido en la
miseria y la desesperación.