Página 12 - Argentina
Diplomático de carrera y ensayista, Samuel Pinheiro Guimaraes fue uno de los diseñadores de la diplomacia de Lula y Dilma junto con Celso Amorim y Marco Aurélio García. Aceptó contestar las preguntas de Página/12 al final de una semana que empezó con la visita del canciller de Michel Temer, José Serra, el ex candidato a la presidencia derrotado en 2002 y 2010.
–¿El de Michel Temer es un gobierno legítimo?
–El gobierno de Michel Temer es interino. Y es el resultado de una conspiración. Participaron de ella, en forma coordinada, distintos sectores: los políticos involucrados en denuncias de corrupción; los políticos y partidos de oposición, como el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, desconformes con la para ellos inesperada derrota por escaso margen de 2014; los políticos conservadores desde el punto de vista social, como los evangélicos; los medios de comunicación en especial el sistema Globo, con decenas de canales de televisión, de radios, diarios y revistas; el Poder Judicial, desde el juez Sergio Moro, mesiánico y dispuesto a practicar en su lucha contra la corrupción actos ilegales de todo tipo, hasta los ministros de la Corte Suprema que, pudiendo y debiendo hacerlo, no lo disciplinaron; los intereses extranjeros que vieron en las dificultades económicas la oportunidad de revertir políticas de defensa de los capitales nacionales para promover la reducción del Estado y la apertura hacia los bienes y capitales extranjeros, como en el caso de Petrobrás y los riquísimos yacimientos de petróleo del pré-sal, o como en el caso del Banco Nacional de Desarrollo; el mercado financiero, estos es, los grandes inversores y millonarios que abarcan a 71.440 brasileños cuya renta mensual media es de 600 mil dólares; los rentistas, temerosos de una política de reducción de tasas de interés; las asociaciones empresarias como la Fiesp, la Febraban, la CNI y la CNA; los defensores de las políticas de austeridad que quieren la reducción de los programas sociales, la revisión de derechos de los trabajadores, el equilibrio fiscal mediante la reducción del Estado y de los programas sociales y el fin de la fiscalización de los abusos de las empresas; y, finalmente, los diputados, senadores, economistas y periodistas que fueron intérpretes, portavoces o beneficiarios de los intereses que acabo de describir. Tomemos un nombre como ejemplo: Eduardo Cunha.
–El presidente de la Cámara de Diputados durante la votación de la admisibilidad del juicio político.
–Sí.
Corrupto. Luego fue alejado del cargo por el Supremo Tribunal Federal,
que podría haberlo apartado antes. Sin que hubiera ninguna prueba de
acto ilícito practicado por la presidenta, votaron por el juicio
político 367 diputados y eventualmente lo harán 54 senadores, todos
ellos representantes de los sectores sociales más conservadores y de los
individuos más ricos en una de las sociedades más desiguales del mundo.
Defendieron a los intereses extranjeros más voraces y podrían llegar a
anular el resultado de elecciones en las que 54 millones de brasileños
eligieron a Dilma Rousseff. Quieren terminar con la continuidad de un
proceso de desarrollo social, político y económico de Brasil que se
inició en 2003 con la derrota de un proyecto neoliberal, sumiso y
reaccionario. La composición del gabinete de Temer, sus lazos
ostensibles y públicos con los intereses económicos conservadores y las
acusaciones de corrupción que pesan sobre ellos indican perfectamente el
carácter de conspiración que derribó a Dilma Rousseff. El objetivo
final de esa conspiración es la recuperación total del poder en las
elecciones de 2018.
–¿Qué posibilidades tiene Dilma de no ser desplazada definitivamente por el Senado?
–Hay grandes posibilidades de que no sea separada. Deben votar su
alejamiento dos tercios de los senadores, 54 sobre un total de 81. Las
manifestaciones populares, de personalidades y de sectores
significativos contra el gobierno de Temer y contra sus primeras
políticas, en favor de la democracia y contra el golpe, se están
haciendo más amplias e intensas a pesar de que los grandes medios buscan
minimizarlas. Los elementos fundamentales para evitar un desplazamiento
son la participación del Presidente Lula al frente de las
manifestaciones populares, la resistencia a cada iniciativa que el
gobierno interino presente en el Congreso y la movilización coordinada
de las organizaciones sociales.
–Al
asumir como canciller, José Serra indicó diez líneas de acción de su
gestión futura y dijo que la diplomacia brasileña no sería “ideológica”
ni estaría al servicio de un partido político. Usted fue vicecanciller,
presidente del Mercosur y secretario de asuntos estratégicos. ¿La
diplomacia era “ideológica”?
–La
política exterior de Brasil tiene que basarse en los objetivos de
soberanía, integridad territorial, desarrollo económico, social y
político y debe guiarse por la Constitución, que en su artículo 4 define
los principios de la política externa. Entre ellos, el objetivo de
promover la integración latinoamericana. Por un lado, la política
exterior de Brasil tiene que considerar la localización geográfica del
país, con sus doce naciones vecinas, las asimetrías entre Brasil y los
vecinos, sus extraordinarias dimensiones territoriales, de población y
de desarrollo económico, pero también sus disparidades de todo orden.
Debe tener en cuenta sus enormes recursos naturales y simultáneamente
las circunstancias de un mundo en el que se verifica una gran
concentración del poder económico, político y mediático, con gigantescas
multinacionales, con políticas de restricción del desarrollo económico y
tecnológico, con las grandes potencias en crisis económica prolongada y
con una velada disputa por la hegemonía entre los Estados Unidos y
China. La política exterior de los gobiernos del PT se guió con firmeza y
coherencia según los principios de autodeterminación, de no
intervención, de cooperación entre países subdesarrollados, de
integración sudamericana y por los objetivos de lucha por la
desconcentración del poder a nivel mundial y por la multipolarización,
contra la unilateralidad de las grandes potencias. Los gobiernos
buscaron la defensa de la paz y el desarme de los países fuertemente
armados, lucharon por el derecho al desarrollo y contra el calentamiento
global y la pobreza. Por eso en Sudamérica Brasil sostuvo relaciones de
cooperación y de respeto político con gobiernos tan distintos como los
de Colombia, Perú, Chile, Venezuela, Argentina, Uruguay, Paraguay,
Ecuador, Bolivia, etcétera.
–¿Y con Estados Unidos?
–Brasil mantuvo una política de cooperación, como en el caso del
etanol. De respeto mutuo, como en la Ronda de Doha. Y de divergencia
siempre que fuese necesario, como sucedió con el ALCA. De los
comentarios del Presidente Obama sobre el Presidente Lula puede
inferirse que las relaciones con Brasil siempre fueron consideradas
importantes por los Estados Unidos. Con la Unión Europea hay un acuerdo
de asociación estratégica, cosa que la UE firmó con muy pocos países.
Brasil acordó la construcción y la transferencia de tecnología de un
submarino nuclear y la compra, construcción y transferencia de aviones
de combate Grippen. China se convirtió en el primer socio comercial de
Brasil y aumentó sus inversiones. Los acuerdos prevén operaciones por 54
mil millones de dólares, además de la participación conjunta en los
Brics, en el Banco de los Brics, en el Acuerdo de Reservas y en el Banco
Asiático de Infraestructura. Toda la política exterior se basó en la
cooperación respetuosa, sin el intento de enseñar a ningún Estado, país o
sociedad cómo debía organizarse política o económicamente. Todo esto
prueba cabalmente, para quien conoce un mínimo de política internacional
y quiere ir más allá del prejuicio mediático o de los preconceptos
partidarios, que la política desarrollada desde 2003 no fue ni
ideológica ni partidaria, y tampoco buscó beneficiar los intereses de un
partido. Ni siquiera del principal partido de gobierno, el PT.
–¿Sudamérica tiene que empezar a firmar acuerdos de libre comercio?
–El centro
de la política exterior brasileña debe ser América del Sur. En América
del Sur, Mercosur. Dentro de Mercosur, la Argentina. No comprender eso
significa una enorme miopía y cultivar el fracaso. El desarrollo de un
país como Brasil debe basarse en la industrialización. Brasil tiene un
85 por ciento de su población urbana, una agricultura que no emplea mano
de obra en gran escala, un sector de servicios subdesarrollado, con
gran necesidad de generar empleos para absorber el crecimiento de la
fuerza de trabajo y dar empleo pleno a los subempleados y a los 50
millones de beneficiarios del plan Bolsa Familia, cuyo ingreso mensual
es inferior a 20 dólares por día. Con esos datos, pensar en la
construcción de una economía y una sociedad con base agrícola es un
absurdo técnico, político y social. Bien: la industrialización necesita
de mercados seguros, como los regionales, a través de acuerdos que
estimulen el desarrollo de empresas de capital nacional y atraigan
empresas extranjeras, y también a través de la acción del Estado para
construir infraestructura y completar la iniciativa privada. Ese
mercado, en América del Sur, es el Mercosur, con su arancel externo
común. Los países industrializados que desean escapar de sus crisis a
través de aumentar sus exportaciones lo que quieren hoy es eliminar ese
arancel externo común. La celebración de acuerdos de libre comercio
sería el fin del Mercosur. Si esto es así, el acuerdo Mercosur-Unión
Europea funcionaría, en realidad, como el primero de una serie de
acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos, China y Japón. Los
países del Mercosur, en especial Brasil y la Argentina, terminarían
abriendo totalmente sus mercados para los productos industriales
europeos y luego para los norteamericanos, chinos y japoneses, darían
concesiones asimétricas por ejemplo en compras gubernamentales y a
cambio recibirían concesiones irrisorias en materia agrícola. Incluso
las mayores concesiones serían irrisorias si a cambio se pierden las
posibilidades de industrialización. Los acuerdos de libre comercio tan
defendidos por los grandes medios, académicos e importadores
significarían el fin del Mercosur como instrumento de industrialización y
desarrollo.
