El bloqueo político y
la falta de asistencia internacional de los últimos años condena a la población
de los campamentos de Tinduf (Argelia) a una vulnerabilidad aún mayor
Abderrahmane Taleb
Omar
Cincuenta años después
del inicio del exilio saharaui, que iba a durar días, no décadas, la vida en
los campamentos de Tinduf (Argelia) continúa
dependiendo casi por completo de la ayuda humanitaria internacional. Una
asistencia marcada por altibajos constantes y cada vez más condicionada por la
polarización política global. La actual coyuntura internacional ha
puesto contra las cuerdas al sistema de ayuda humanitaria y a la Ayuda
Oficial al Desarrollo diseñado tras la Segunda Guerra Mundial.
La pandemia de la
covid-19, la
guerra en Ucrania y la multiplicación de conflictos abiertos —Gaza,
Sudán, Libia, Siria o Yemen— han tensionado al límite la arquitectura
humanitaria global. A ello se suma el auge de discursos contrarios a la
cooperación internacional y la prioridad otorgada a los ajustes fiscales en los
principales países donantes. Estados Unidos, la Unión Europea, Alemania y el
Reino Unido —que en 2023 concentraban cerca de dos tercios de la ayuda oficial
al desarrollo mundial— han
aplicado recortes significativos en sus presupuestos.
En el caso estadounidense, la eliminación de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la cancelación de contribuciones a distintas agencias de Naciones Unidas, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), ha supuesto para estos organismos la pérdida de en torno al 40% de su presupuesto. En el caso saharaui, el impacto ha sido devastador: la ayuda canalizada a través de estas agencias se redujo un 47,7% el último año, lo que representa casi la mitad de la asistencia externa total que reciben los refugiados, según fuentes oficiales de las autoridades saharauis.
