IHU
La nueva ley, junto con otras disposiciones como
el Reglamento Europeo de Retorno, endurece las condiciones de
inmigración. Organizaciones de derechos humanos ya han advertido que se
violarán los derechos fundamentales.
Este reportaje es de Queralt Castillo Cerezuela, publicado
por El
Salto / España.
Hoy, viernes 12 de junio, entra en vigor el
nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (PEMA), que implementa
una serie de normas que consolidarán la posición de Europa como
centro de acogida. Organizaciones de derechos humanos ya han advertido que
esta nueva legislación plantea varios problemas en lo que respecta a la
protección de los derechos de los migrantes . El próximo miércoles 17 de
junio, el Reglamento Europeo de Retorno será sometido a votación en
la sesión plenaria del Consejo de Europa en Estrasburgo, una disposición que
complementa la norma que entra en vigor hoy.
El PEMA, aprobado en mayo de 2024, es un conjunto de
propuestas y recomendaciones legislativas que comprende nueve reglamentos, como
el Reglamento de Control de Entrada, que introduce un control previo a la
entrada mediante el cual se examina a las personas; el Reglamento de
Procedimientos de Asilo , que establece un protocolo común para la
protección internacional en la UE; el Reglamento de Procedimientos de
Retorno en Frontera , que implementará un proceso de retorno acelerado
para quienes se les deniegue la protección internacional en la frontera;
el Reglamento de Gestión de Asilo y Migración , que sustituye al
Reglamento de Dublín vigente —adoptado en 2003—; el Reglamento de
Crisis , que establece excepciones específicas a las normas de asilo en
situaciones de crisis; y el Reglamento Eurodac , que crea una base de
datos biométrica de personas en movimiento, entre otros. «Este Pacto dejará a
un número creciente de personas en un limbo administrativo, sin acceso a un
permiso de residencia, servicios esenciales ni trabajo decente», afirma la
Plataforma para la Cooperación Internacional para los Migrantes Indocumentados
(PICUM), con sede en Bruselas.
Las organizaciones de derechos humanos lamentan que la
Ley de Protección de Migrantes y Refugiados (PEMA, por sus siglas en inglés)
“plantee importantes desafíos para garantizar los derechos de los migrantes y
refugiados”.
Precisamente ayer, el Grupo de Trabajo de organizaciones
sociales sobre el Pacto Europeo para la Migración y el Asilo, integrado por
algunas de las organizaciones sociales más destacadas del país, publicó un
comunicado de prensa en el que lamenta la falta de transparencia respecto a las
medidas específicas que se adoptarán a nivel nacional para cumplir con estas
obligaciones europeas. Las organizaciones firmantes afirman que la nueva
normativa plantea importantes desafíos en lo que respecta a la garantía de
los derechos de los migrantes y refugiados, y declaran que este
conjunto de normas contiene graves lagunas en materia de derechos humanos y
debilita considerablemente los derechos y garantías ya establecidos. Por lo
tanto, cuestionan el derecho de asilo , la protección contra el
retorno, el acceso a una defensa jurídica efectiva, el derecho a la información
y al apoyo específico para las personas en situación de mayor vulnerabilidad, y
la protección del derecho a la salud integral.
