Por Orlando Arciniegas*
La historiografía del conflicto entre España y su mundo
colonial está, mayormente, plagada de páginas dedicadas a su aspecto bélico. Se
entiende que ello sea así, por la preeminencia del factor armígero en el
proceso de disgregación de la multisecular monarquía hispánica, transoceánica y
de contenido señorial-estamental, por un lado; y en el de la aparición de los
nuevos Estados nacionales que habrían de surgir de su misma desintegración, por
el otro. Tal primacía, que obra en desmedro de la visión integral de conflicto,
opaca un tanto la importancia del aspecto político y diplomático del problema,
bien por parte del sistema de Estados de la época, bien por parte de las
potencias que, tocadas en sus intereses, se vieron más involucradas en el
conflicto.
Basta, para advertir la importancia de lo político y
diplomático, con señalar que, tras la restauración de Fernando VII, en abril de
1823 –el fin del Trienio Liberal–, George Canning (1770-1827), ministro de
asuntos exteriores británico, consigue firmar, en octubre de ese año, con el
embajador francés en Londres, el príncipe Jules de Polignac (1780-1847), el
llamado _Memorándum de Polignac_, en el que ambos Estados acordaban no ayudar a
España a conservar sus colonias americanas, e instaban a las otras naciones a
no pretender territorios en la región, ni querer obtener tratados de
exclusividad comercial.
Canning, en solitario, advertía que actuaría en caso de
alguna intervención de otra potencia europea, y pedía a España reconocer la
independencia de sus colonias, toda vez que de no ser así, Inglaterra
procedería por su cuenta, y aconsejaría al rey Jorge III a proceder al
reconocimiento diplomático –el _commercial recognition_– de Buenos Aires,
Colombia y México; así como autorizaría también a los representantes británicos
en Sudamérica a negociar nuevos acuerdos comerciales de su interés.
