Si se convocan las elecciones presidenciales antes de
hacer “el trabajo sucio” del ajuste económico y de completar la etapa
de recuperación, el nuevo gobierno recibirá una economía aún sin sanear, un
país institucionalmente débil, y una sociedad descontenta que puede estallar.
El nuevo mando político caminará por un campo minado y Venezuela será un país
difícil de gobernar. El chavismo en la oposición, con el control de la mayoría
de las gobernaciones y alcaldías, aún tendría suficiente fuerza para calentar
la calle y abortar las reformas económicas que quedaron pendientes.
Por eso Trump y Rubio no tienen apuro ni interés en presionar
al gobierno interino para que convoque elecciones presidenciales, antes de que
se haya completado la fase de recuperación. Prefieren que el chavismo pague el
costo político-electoral que suele generar las duras medidas de ajuste
económico que habrá que aplicar para corregir los desequilibrios
macroeconómicos y reactivar la economía. Tratan de evitar que el nuevo gobierno
electo herede una bomba de tiempo que le puede estallar en los primeros 100 días
de su gestión y esto lleve a restaurar el viejo orden que se creía superado.
Transición con el chavismo, no contra el chavismo
