Juan Linares / Opinión
Anunciar el adelantó de la Navidad era parte del show de
Maduro y todos sus seguidores aplaudían. Este año los Grinch del régimen aun no
lo han hecho pero en años anteriores en el mes de octubre decretaban la
Navidad. bajo la consigna de la "suprema felicidad social", cómo lo
hacía Maduro, la realidad extramuros golpea con la crudeza de una economía
devastada para la gran mayoría. Para los trabajadores activos, jubilados y
pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), el fin de
año ya no es sinónimo de celebración, sino de cálculo, nostalgia y profunda
indignación. Por años, la dinámica del poder ha impuesto su agenda a través del
miedo al terror represivo, logrando que los sectores laborales acumulen derrota
tras derrota mientras ven pulverizado el fruto de su esfuerzo.
Para la clase trabajadora, evocar las décadas previas al colapso actual no es un ejercicio de nostalgia vacía, sino un reclamo de justicia. Bajo la premisa popular de que "recordar es vivir", los pensionados y jubilados comparan la crisis actual con los tiempos en que las utilidades de noviembre garantizaban una verdadera calidad de vida. En el pasado, esos ingresos permitían refaccionar el hogar, adquirir calzado y ropa para los tradicionales estrenos decembrinos, costear viajes familiares interestatales e incluso dar la inicial de un vehículo. Hoy, esa capacidad de planificación familiar ha sido destruida por una gestión que disfraza la penuria con decretos festivos.
La práctica perversa de fraccionar el pago de los aguinaldos
termina de retratar el ensañamiento contra el presupuesto familiar. Entregar
este beneficio en cuotas devaluadas e insignificantes es una burla abierta a
las necesidades básicas de la gente. La crueldad de este esquema se evidencia
en el historial de abusos contra los pensionados del IVSS, a quienes les
llegaron a depositar montos globales de 0,15 + 0,15 + 0,15 = 0,45 dólares por
los tres meses de aguinaldos. Es una miseria que se puede ver y palpar, una
manipulación que licúa por completo el poder de compra antes de que llegue
diciembre e impide que el trabajador pueda adquirir una hallaca, asegurar el
pan de jamón o garantizar un regalo para sus hijos. Esta política indolente
condena a la mayoría a la tristeza, mientras una minoría privilegiada disfruta
con absoluta opulencia en medio de la ruina nacional.
El debate sobre el salario mínimo y las pensiones no puede
seguir atrapado en la retórica oficialista ni en los silencios de quienes
promueven discursos de supuestas fases de estabilización, recuperación
económica o transición. Existe una confluencia de factores donde las
restricciones externas de la administración de Donald Trump, las medidas del
Departamento del Tesoro norteamericano y la OFAC sirven de excusa perfecta para
la gestión local encabezada por Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez. El libreto del
"presidente obrero" ha resultado en una de las mayores estafas
históricas contra el movimiento laboral, manteniendo al país durante años sin
un aumento salarial real, destruyendo las prestaciones, desmantelando los
contratos colectivos y manejando las grandes cifras de la producción y los
recursos petroleros a espaldas del pueblo. En este juego cínico de
corresponsabilidad, delegar culpas públicamente sobre los retrasos en la
liberación de fondos es solo la doble cara de una misma moneda de maltrato
frente al sufrimiento popular.
Sin embargo, la inercia del silencio parece estar llegando a
su fin. Hoy en las calles y en las asambleas populares se respira un ambiente
distinto: el miedo parece estar cambiando de acera. La masa laboral ha
comprendido que la resignación no es una opción de vida y que no se puede
seguir transitando la ruta de la sumisión. Los dirigentes de los gremios y
sindicatos deben estar en alerta máxima; ha llegado el momento definitivo para
que todos los sectores se reivindiquen en la acción de calle. Para que el país
logre romper este ciclo histórico y salga victorioso, es imperativa la
movilización masiva y unificada, evocando la combatividad extraordinaria que
históricamente han demostrado los estados andinos (Táchira, Mérida, Trujillo) y
el estado Zulia en sus jornadas de protesta. La victoria contundente no vendrá
de concesiones voluntarias, sino de la incorporación activa e inmediata de cada
región de Venezuela.
El descontento obrero se fundamenta en números claros y
exigencias innegociables. Los sindicatos y asociaciones exigen que los bonos
complementarios vigentes (como el Bono de Guerra Económica, que se sitúa en
torno a los 200 dólares para activos y 168 dólares para jubilados que no
reciben cesta ticket) dejen de ser asignaciones discrecionales y se incorporen
de forma inmediata al cálculo legal del beneficio decembrino. La clase
trabajadora planta cara y exige un pago único y global de 1.000 dólares por
concepto de utilidades, impidiendo la manipulación monetaria del ingreso.
Solo mediante la conquista de ingresos dignos será posible tener, después de
largos años de miseria, unas navidades verdaderamente diferentes.
A la par de la emergencia económica, el debate laboral se
entrelaza de manera inevitable con las demandas de la transición política. Los
sectores de oposición y el movimiento sindical autónomo insisten en que la
normalización del país requiere reformas institucionales de fondo antes de que
concluya el año, incluyendo la renovación y selección de magistrados
independientes para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), nuevos rectores para
el Consejo Nacional Electoral (CNE) con un perfil idóneo e imparcial, y la
definición de un cronograma claro para las elecciones presidenciales del año
2027. Con la fuerza de la organización colectiva que despierta desde el Zulia y
los Andes hasta el resto del territorio nacional, la base trabajadora busca
rescatar no solo el pan de la mesa, sino también reconstruir una visión cercana
al porvenir, la justicia social y la verdadera felicidad que les fue
arrebatada.
