Un historiador uruguayo radicado en Tel Aviv revisó archivos
israelíes y concluyó que la cooperación con los militares uruguayos se sostuvo
sobre gestión de imagen, inteligencia y un silencio sistemático frente al
antisemitismo del régimen.
La dictadura que gobernó Uruguay entre 1973 y 1985 no
le compró armamento a Israel. Tampoco recibió de Jerusalén un paquete
significativo de doctrina contrainsurgente. Lo que obtuvo, según una
investigación académica reciente, fue algo menos tangible y más valioso para un
régimen acorralado por denuncias internacionales: legitimidad política y una
diplomacia dispuesta a trabajar su reputación en el exterior.
Así lo plantea Gerardo Leibner, historiador uruguayo radicado
en la Universidad de Tel Aviv, en su libro Israel y las dictaduras en
el Río de la Plata, editado por Fondo de Cultura Económica. El volumen se
presentó el 24 de setiembre en la Facultad de Humanidades de la Universidad de
la República, con los historiadores Magdalena Broquetas y Gerardo Caetano a
cargo de los comentarios.
Leibner trabajó con el Archivo Estatal de Israel,
aunque aclara en el libro que una parte del material sigue cerrada por “razones
de seguridad nacional”. Esa restricción obliga a leer algunos tramos de la
investigación como indicios y no como pruebas cerradas.
Relaciones públicas antes que fusiles
El hallazgo central del trabajo apunta a la función que
cumplía el vínculo israelí para los comandantes uruguayos. Los diplomáticos de
Jerusalén, sostiene el autor, colaboraron de manera reservada en la construcción
de imagen del gobierno militar ante medios de comunicación y legisladores
de Estados Unidos, sobre todo mientras Jimmy Carter ocupaba la Casa
Blanca y los derechos humanos pesaban en la agenda de Washington.
En esa línea, Leibner afirma que Israel puso a disposición de
los militares algo distinto de lo que suele suponerse cuando se habla de
cooperación con dictaduras sudamericanas. “Esa estrategia —sostiene el
libro— iba a plantear a los representantes de Israel contradicciones y
problemas difíciles de sortear relacionados con las víctimas de las dictaduras
y el antisemitismo frecuentemente manifiesto en sus aparatos represivos”.
El eje ideológico que ordenó todo fue la trinchera
occidental contra el comunismo. Los jerarcas uruguayos se veían a sí mismos
como blanco de una ofensiva internacional montada por “el comunismo
internacional”, y en esa lectura encontraron un espejo: Israel, aislado en
foros multilaterales por su política hacia los palestinos, libraba una batalla
parecida.
De ahí una conclusión incómoda para el autor. “Un elemento
clave en la alianza que Israel entretejió con ambas dictaduras (uruguaya y
argentina) fue su disposición a acallar o mitigar denuncias sobre antisemitismo”,
escribe Leibner, pasando por alto que “su promocionada razón de ser era
combatir y denunciar el antisemitismo allí donde fuera”.
Lo que se decía en privado y lo que se negaba en público
El embajador israelí en Montevideo durante buena parte de los
años setenta, Aharon Ofri, manejaba dos registros. En comunicaciones reservadas
calificaba a determinados dirigentes y funcionarios uruguayos como “fascista”
o “antisemita”. Frente a la opinión pública, en cambio, descartaba
que el gobierno militar albergara ese tipo de prejuicios.
La investigación recoge además un episodio de 1977. Según
Leibner, los diplomáticos israelíes “no solo negaban el tratamiento
antisemita hacia presos, sino que también minimizaban las amenazas de bombas que
habían recibido escuelas e instituciones judías”.
El silencio tuvo un costo concreto en la relación con la
propia comunidad judía local. Cuando una delegación internacional de juristas
visitó el país, el coronel Federico Silva Ledesma, entonces presidente
del Supremo Tribunal Militar, admitió ante los visitantes el uso de tortura en
centros de detención. “En un extraño sinceramiento, este había admitido el
uso de tortura en los centros de detención”, consigna el libro, que agrega
que el militar también deslizó comentarios despectivos sobre los abogados
judíos.
La reacción oficial uruguaya se concentró en la acusación de
antisemitismo, no en la confesión sobre la tortura. La embajada israelí y el
Comité Central Israelita guardaron silencio. Para el autor, esa conducta tenía
lógica interna: “la alianza con el régimen requería precisamente eso: negar,
minimizar, cerrar ojos, oídos y bocas”.
Indicios de inteligencia compartida
Sobre la cooperación en inteligencia, el libro no presenta un
expediente completo. Reúne, en cambio, rastros dispersos: las declaraciones del
exjefe del E-2, coronel Gilberto Vázquez, al cineasta Mario Handler; una
visita del general Shlomo Gazit en 1979 que quedó registrada en el
Aeropuerto de Carrasco; y cursos dictados por el Mossad al Servicio de
Información de Defensa en 1982, documentados en el legajo personal del entonces
capitán Wellington Sarli.
En Argentina, el mismo patrón se repite con más gravedad.
Unos 1.500 judíos figuran entre los desaparecidos. El embajador Ram Nirgad
gestionó ante el rabinato supremo israelí una autorización excepcional para que
el rabino Salomón Ben Hamou asistiera a la boda del hijo de Jorge Rafael Videla
en una iglesia, gesto que el libro lee como parte del esfuerzo por exhibir
cercanía con el poder militar.
Un telegrama de Nirgad que sobrevivió a la censura del
archivo expone hasta dónde llegaba el canal. “Me preguntan del Mossad si un
planteo del jefe del Mossad al jefe de la SIDE (la agencia de inteligencia del
Estado argentino) puede ayudar en el asunto de los desaparecidos y detenidos
judíos. Respondí que tal vez sea útil”. Para Leibner, el documento prueba
que “La relación entre el Mossad y la SIDE permitía gestiones directas a
máximo nivel”.
El petróleo, la OLP y el fin del idilio
Con Israel cada vez más cuestionado en organismos
internacionales, su diplomacia en América Latina adoptó una lógica preventiva:
impedir que los países del continente se sumaran al bloque de los no alineados,
reconocieran a la Organización para la Liberación de Palestina o habilitaran
una representación palestina o de la Liga Árabe. El Ministerio de Exteriores
israelí lo formuló sin matices: “en el sur del continente, los regímenes
militares autoritarios funcionan como la mejor valla para la penetración de la
OLP”.
En ese marco, Israel alentó entre los militares uruguayos la
sospecha de una supuesta sociedad entre tupamaros y palestinos. En Argentina,
en cambio, la colaboración entre Montoneros y Fatah sí existió y se detectó a
fines de los setenta.
El enfriamiento llegó por dos vías. El acuerdo de paz entre
Egipto e Israel fue leído en Montevideo como una buena noticia, porque alejaba
a El Cairo de la órbita soviética y porque reconciliaba a los dos socios
comerciales uruguayos en Medio Oriente. Pero el petróleo pesó más. Ofri, en sus
últimas reuniones antes de dejar la misión, escuchó del teniente general Luis
Queirolo que el Consejo de Seguridad Nacional no modificaba su posición
sobre Israel, aunque anticipaba que, por falta de combustible, había que “a
dialogar con los árabes”.
Uruguay trasladó después su embajada de Jerusalén a Tel Aviv,
en línea con las resoluciones de Naciones Unidas, y se abstuvo en la gran
mayoría de las votaciones. En 1980 reconoció el derecho de autodeterminación
palestina, incluida la posibilidad de un Estado independiente. En enero de
1981, el general Hugo Medina dijo al embajador Shlomo Cohen y al coronel
Yair Ron que compartía el rechazo israelí a “un Estado palestino adicional a
Jordania”, porque se convertiría en “una base soviética”.
El remanente de izquierda y el general que citaba marchas
nazis
El libro también reconstruye cómo la diplomacia israelí
colaboró en desarticular la disidencia interna de la colectividad judía
uruguaya. En 1975, el nuevo embajador “reanudó los esfuerzos por erradicar
al molesto remanente de izquierda sionista”. Tras un allanamiento policial
en la sede de Hashomer Hatzair, en la calle Andes, el funcionario israelí de la
organización fue citado en la embajada, “dentro de la cual fue amenazado por
un policía uruguayo de civil, el cual le advirtió que en cualquier momento
podría ser detenido, encapuchado y desaparecido”.
Las quejas enviadas a Jerusalén “por la conducta del
embajador cómplice del apriete” terminaron en un arreglo: la brigada
Anilevich se disolvió y la sede se mudó de Barrio Sur a Pocitos. Poco después,
el embajador estadounidense Lawrence Pezzulo manifestaba su fastidio por
la falta de interés israelí en sumarse a reclamos por violaciones a los
derechos humanos.
El tramo final del libro se detiene en el general Alberto
Ballestrino, exjefe de la Policía de Montevideo y entonces director de la
Escuela de Armas y Servicios. A fines de 1979, en una ceremonia de graduación,
cerró su discurso con versos presentados como una “vieja canción de guerra
alemana”, en realidad una marcha militar del nazismo.
El diario La Mañana los publicó. Cuando el Ministerio de
Exterior preguntó, Cohen confirmó la reputación del militar y añadió: “Hay
conjeturas de que es él quien está detrás de las actividades antisemitas en
Uruguay”. La embajada celebró su salida: “El retiro de Ballestrino nos
parece positivo por ser reputado fascista y lo mismo respecto al jefe de
Policía despedido”.
Tomado de La Red 21 / Uruguay. En la imagen, Gerardo Leibner,
doctor en Historia y activista por la paz israelí-palestina.
