Una treintena de hombres fueron retenidos por policías
al ser acusados de "ejercer el delito de la homosexualidad", informan
oenegés, que denuncian criminalización y acciones arbitrarias.
Cinco policías fueron detenidos en Venezuela luego
de que organizaciones no gubernamentales denunciaran un allanamiento ilegal,
actos de extorsión y la aprehensión de, al menos, 33 hombres en un local de
entretenimiento LGTBIQ+ en
el estado Lara (oeste) ayer, informó este domingo el Ministerio Público (MP,
Fiscalía), que anunció una investigación.
Según un comunicado, la Policía Nacional Bolivariana (PNB)
"activó oportunamente sus mecanismos de control interno" y puso a
disposición de la Fiscalía a cinco funcionarios de ese organismo de seguridad,
quienes serán presentados en las próximas horas ante un tribunal de control.
La institución informó también de la designación de "la Fiscalía 21 del estado Lara, conjuntamente con la Fiscalía 98 Nacional con competencia en materia de protección de derechos humanos y diversidad de género", para el desarrollo de la investigación penal "en relación con el presunto allanamiento y la ejecución de actos contrarios a la ética pública", en Barquisimeto, capital de esa región.
Posteriormente, la Defensoría del Pueblo ofreció en un
comunicado su acompañamiento y mediación a los afectados y dijo que activó
mecanismos de articulación con el MP y la PNB para dar respuesta a las
víctimas.
Además, "estableció enlace con la Oficina de Atención a
la Víctima de Abuso Policial y se comprometió a hacer seguimiento a la
denuncia", según el texto.
Oenegés exigen investigación inmediata
Este domingo, el Observatorio Venezolano de Violencias
LGTBIQ+, Caleidoscopio Humano y el Movimiento Somos denunciaron el hecho y
señalaron que los agentes policiales, vestidos de civil, "acusaron a las
personas de 'ejercer el delito de la homosexualidad', según relatan las
víctimas".
En un comunicado, aseguraron que este "grave suceso no
solo vulnera los derechos de los propietarios del establecimiento, sino que
también criminaliza y somete a la humillación pública".
Las oenegés exigieron una investigación "inmediata y
exhaustiva para identificar y sancionar a los responsables".
El activista Romario Sánchez, del Movimiento Somos, indicó a
la agencia EFE que, con este, ha habido allanamientos, a los que calificó de
"incidentes de odio", en al menos ocho locales LGTBI desde 2020 en
Caracas y otras ciudades como Maracaibo, Valencia y Mérida.
En X, Jau Ramírez, director de Somos, aseguró que en el
operativo "estuvieron involucrados al menos 12 funcionarios
reconocidos por las víctimas, incluyendo los comandantes" de una división
de la PNB en Lara.
En julio de 2023, 33 hombres fueron detenidos en un local
diverso en el estado Carabobo (norte), acusados de "ultraje al
pudor", además de "agavillamiento (asociación ilícita) y
contaminación sónica", y excarcelados días después, tras numerosas
protestas de distintos sectores.
En agosto de ese año, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) expresó su preocupación ante "las acciones
arbitrarias" y "los abusos de autoridad cometidos por agentes de
seguridad de Venezuela" contra personas LGTBI, por lo que urgió al país a
"abstenerse de criminalizar" a este colectivo.
En Venezuela, una persona trans está obligada a identificarse
legalmente con un nombre que no la representa y parejas del mismo sexo no
tienen derecho a casarse, entre otras prohibiciones que motivan las luchas de
la comunidad LGTBIQ+.
CP (efe, afp) – Tomado de D.W. / Alemania. Imagen: Humberto
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