Por El Comité Editorial del New
York Times*
Durante casi un siglo, la Corte
Suprema ha puesto trabas a que un presidente desafíe el texto claro de una ley
aprobada por el Congreso. La corte impidió que Franklin Roosevelt despidiera a
un responsable de la Comisión Federal de Comercio en 1935. Detuvo al gobierno
de Ronald Reagan cuando intentó desafiar una investigación sobre contaminación
en 1988. Ayudó a bloquear el intento de Barack Obama de ampliar las
protecciones migratorias en 2016.
Su decisión del lunes, que
permite al presidente Donald Trump destituir a los comisionados de la FTC,
representa una ruptura con esa historia. El fallo descarta un precedente de
larga data y, en la práctica, desecha una ley de 112 años que establecía que el
presidente solo podía despedir a los comisionados por “ineficiencia,
negligencia en el deber o mala conducta en el cargo”. Trump ahora puede
despedir a comisionados de agencias reguladoras simplemente porque así lo
desea.
La opinión mayoritaria del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, sostiene que exigir a los presidentes que tengan una causa justificada para destituir a los responsables de las agencias entra en conflicto con la separación de poderes establecida en la Constitución. Dado que la Comisión Federal de Comercio ejerce el poder ejecutivo, “debe, por lo tanto, estar bajo el control del jefe del Ejecutivo”, escribió Roberts. La mayoría ha decidido que el Congreso se equivocó al intentar aislar a la Comisión Federal de Comercio y a un par de decenas de otras agencias de la política partidista, estableciendo que sus líderes fueran semiindependientes. El fallo, casualmente, se ajusta perfectamente a la visión de Trump, quien ha dicho que el Artículo II de la Constitución le otorga “el derecho a hacer lo que yo quiera como presidente”.
Quizá la señal más clara de la
debilidad de este fallo es que los seis jueces de la mayoría —los seis
nombrados por presidentes republicanos— ni siquiera tienen el valor de sus
propias convicciones equivocadas. En otro fallo el lunes, la corte rechazó el
intento de Trump de despedir a Lisa Cook de la Junta de la Reserva Federal. En
este caso, el presidente de la Corte Suprema negó la petición de Trump de
destituir a Cook con apenas un pretexto endeble de causa justificada y sin
previo aviso ni audiencia. Permitir el despido, escribió Roberts, requeriría un
“salto interpretativo que se aparta del estatuto promulgado por el Congreso y
de la tradición de nuestra nación de una banca central protegida de la
interferencia política”. La votación fue de 5 a 4, con el presidente de la
corte sumándose a los tres jueces liberales del tribunal y al juez Brett
Kavanaugh. El fallo devolvió el caso a los tribunales inferiores. Cook debe
recibir el debido proceso para impugnar los cargos en su contra, y luego un
tribunal inferior evaluará la causa alegada por Trump, dictaminó la corte.
Es un buen resultado. Aunque el caso
seguirá adelante, el tribunal está desestimando de hecho el
intento de Trump de acabar con la independencia de la Reserva Federal. Pero
¿por qué merece respetarse el estatuto que el Congreso promulgó para proteger a
la Reserva Federal de la interferencia política, pero no la ley que creó la
Comisión Federal de Comercio? La jueza Amy Coney Barrett, en su voto particular
en el caso Cook, señaló que las dos sentencias están en “grave contradicción”
entre sí. “¿Cómo puede la historia respaldar tanto una norma categórica como
una excepción?”, preguntó. No hay respuesta.
La verdad es que la principal
diferencia es que a muchos republicanos les importa más que la Reserva Federal
funcione bien que cualquier otra agencia. Otras agencias suelen regular a las
empresas y a los particulares de formas a las que se oponen los conservadores
defensores del libre mercado. La Reserva Federal también tiene poderes
regulatorios —lo que hace que la excepción sea aún más cuestionable—, pero
además fija la política monetaria y, por lo tanto, afecta la salud de los
mercados financieros. La decisión, en la práctica, limita la capacidad del
presidente para agitar esos mercados, mientras le otorga un amplio margen para
despedir a los reguladores que vigilan los excesos corporativos.
Las falacias lógicas en ambos
dictámenes siguen una tendencia preocupante en la actual Corte Suprema. Los
seis jueces nombrados por los republicanos se enfrentan de vez en cuando a los
abusos de poder de Trump, incluido su intento
de imponer aranceles unilaterales (otra política que, por cierto, no
contaba con el apoyo de las grandes empresas estadounidenses). Pero son
inconsistentes en su defensa de la Constitución. Le otorgan a Trump un margen
más amplio del que le dieron al presidente Joe Biden o a Obama.
Lo más preocupante es que la Corte
Suprema está otorgando nuevos poderes a un presidente que a menudo se
comporta como un aspirante a autócrata, desafiando la tradición
bipartidista e incluso la ley en su afán por conseguir autoridad personal.
La decisión en el caso de la Comisión
Federal de Comercio se basa en una idea conservadora conocida como
la teoría del ejecutivo unitario. Esta teoría sostiene que casi todo el poder
del poder ejecutivo proviene, en última instancia, del presidente. Los votantes
solo han elegido al presidente, junto con el vicepresidente, para dirigir el
poder ejecutivo. Y la Constitución establece tres poderes separados del Estado,
lo que significa que, según este punto de vista, el Congreso no debería poder
aprobar leyes que restrinjan la capacidad del presidente para despedir o
contratar a funcionarios que trabajan en organismos reguladores como la
Comisión Federal de Comercio.
Los defensores de la teoría del
ejecutivo unitario creen que el poder ejecutivo se ha expandido hasta
convertirse en una vasta burocracia sin rendición de cuentas, en la que incluso
un presidente puede tener dificultades para implementar sus políticas. Esta
preocupación es, en parte, razonable. Presidentes de ambos partidos la han
compartido, cada uno a su manera. Crear un poder ejecutivo más ágil y receptivo
sería un proyecto valioso.
Sin embargo, la teoría del ejecutivo
unitario acaba siendo más radical y más disruptiva para la concepción
tradicional de la separación de poderes de lo que sus defensores suelen
reconocer. No hay duda de que el Congreso tiene cierta autoridad sobre las agencias
reguladoras. La Constitución otorga al Senado, por ejemplo, la facultad de
confirmar los altos cargos. El presidente de la Corte Suprema, Roberts, afirma
que esto solo le da al Senado el poder de confirmar o rechazar a los candidatos
que el presidente prefiera. Pero esta visión descarta casi un siglo de práctica
que el Congreso estableció porque consideraba que la composición bipartidista
era una fortaleza para las agencias.
La ley de 1914 que creó la Comisión
Federal de Comercio, por ejemplo, estipula que no más de tres de los cinco
comisionados de la agencia pueden provenir del mismo partido político, y que el
presidente solo puede despedir a un comisionado por ciertas razones. Cuando la
Corte Suprema bloqueó por unanimidad el intento de Roosevelt de despedir a un
comisionado conservador de la Comisión Federal de Comercio en 1935, citó
precisamente este texto. Ese precedente ha regido la actuación de todos los
presidentes desde entonces.
La corte actual, en cambio, examinó
la misma ley y decidió que constituía una infracción inaceptable a la autoridad
presidencial. La decisión resulta especialmente chocante viniendo de jueces
conservadores que insisten en que se rigen por el texto de las leyes y por el
poder constitucional del Congreso. En este caso, los jueces dictaminaron que
ambos eran irrelevantes.
“Pocas veces, si alguna, esta Corte
le ha hecho a un poder igualitario un cambio de reglas tan profundo”, escribió
la jueza Sonia Sotomayor en su voto particular discrepante. “Durante más de 90
años, el Congreso creyó, con la aprobación expresa de esta corte, que se le
permitía crear un gobierno viable, incluso otorgando a ciertas agencias
encargadas de determinadas responsabilidades cierta independencia del control
presidencial”.
Con el nuevo fallo, la Corte está
creando una presidencia superempoderada, fuera de la Reserva Federal, claro
está. Ahora, un presidente podrá despedir a funcionarios de diversas agencias
que antes gozaban de cierta protección frente a la política. Muchos de estos
funcionarios son expertos en sus campos. La lista de dichas agencias incluye la
Junta Nacional de Relaciones Laborales, la Comisión de Valores y Bolsa y la
Comisión Federal de Comunicaciones.
Un elemento clave del éxito del
experimento estadounidense a lo largo de casi 250 años ha sido el equilibrio de
poderes entre los tres poderes del Estado. Juntos, Trump y la Corte Suprema
están alterando ese equilibrio. Se están desviando de una tradición que dura ya
más de un siglo, en la que partes del gobierno funcionan con un liderazgo
bipartidista alejado de la política partidista cotidiana, tal y como pretendía
el Congreso. El resultado es dejar de lado al Congreso, al que los autores de
la Constitución consideraban el poder principal entre iguales. La Corte Suprema
creó el lunes un gobierno dirigido por un número muy reducido de personas que
trabajan, o bien en la Corte Suprema, o bien en la Casa Blanca.
*El Comité Editorial está
conformado por un grupo de periodistas de opinión cuyos puntos de vista se
sustentan en su experiencia, investigación, debates y valores arraigados. Es
independiente de la sala de redacción.
