En 1955, bajo el discurso idealista de Eisenhower, Estados
Unidos donó 300 mil dólares para construir un reactor de investigación en
Caracas; 71 años después, bombardeó la capital venezolana para "garantizar
la seguridad" del uranio que había llevado
El bombardeo perpetrado por Estados Unidos contra Venezuela,
el pasado 3 de enero, dejó destruida una parte de las instalaciones del
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC).
Lo que ocurrió en Altos de Pipe entre enero y mayo de 2026 es
una de las paradojas más notables de la historia reciente de Venezuela.
Por María
Vergara
Durante la madrugada del 3 de enero de 2026, cuando las
bombas estadounidenses comenzaron a caer sobre Venezuela, muchos analistas
dieron por sentado que el objetivo prioritario era el petróleo.
Refinerías, campos petroleros y centros de almacenamiento parecían el blanco
evidente de la operación militar "Absolute Resolve". (Evidente
para quienes sostenemos que la narrativa por la supuesta lucha por la
democracia y la lucha contra el narcotráfico sólo es una cortina de distracción
para intervenir en Venezuela y los países de América Latina).
Sin embargo, los ataques anunciaban otra cosa que se concretó el pasado 8 de mayo: el retiro del uranio localizado en la sede del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), ubicado en los Altos de Pipe, estado Miranda, muy cerca de Caracas; Aunque muchos sospechaban que había algo más en el ataque que se cometió contra instalaciones del IVIC en Caracas, nadie imaginó que era sólo el preámbulo de lo que sucedería la madrugada del 7 de mayo.
¿Qué interés podría tener Donald Trump en un centro de
investigaciones científicas? La respuesta, hoy lo sabemos, no estaba en los
laboratorios de biología ni en las oficinas administrativas. Estaba oculta en
una instalación olvidada: el reactor RV-1, desactivado desde 1991 y que, tras
los ataques del 3 de enero, sufrió daños e incrementó el riesgo.
"Átomos para la Paz": el discurso que cambió la
historia
Para entender cómo llegó ese reactor a Venezuela, hay que
viajar en el tiempo hasta el 8 de diciembre de 1953. Ese día, el presidente
estadounidense Dwight D. Eisenhower pronunció ante la Asamblea
General de las Naciones Unidas un discurso titulado "Átomos para la
Paz" (Atoms for Peace). Sus palabras fueron contundentes:
"Los Estados Unidos procurarán lograr algo más que la
simple reducción o eliminación de materiales atómicos disponibles para fines
militares... Esta fuerza, la más destructiva de todas, podría utilizarse para
crear prosperidad en beneficio de toda la humanidad".
Ese discurso no fue una simple declaración de buenas
intenciones. Condujo a la creación del Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA) en 1957 y abrió las puertas a la cooperación nuclear civil entre
Estados Unidos y otros países.
Fue, en esencia, una estrategia geopolítica: Estados Unidos
vendía tecnología atómica a cambio de control, influencia y, sobre todo, la
garantía de que ese material jamás sería desviado hacia fines militares.
Venezuela fue uno de los países elegidos para este programa.
El primer reactor de América Latina
Como resultado de este acuerdo, Venezuela se convirtió en el
primer país de América Latina en contar con un reactor nuclear. La instalación
se denominó RV-1 y fue construida en el Instituto Venezolano de Neurología e
Investigaciones Cerebrales (IVNIC), que con el tiempo se transformaría en el
actual Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), en Altos de
Pipe.
Las características del reactor eran imponentes para
la época:
- Tipo: reactor de piscina (pool-type material testing reactor)
- Potencia: 3 megavatios de potencia térmica
- Combustible: uranio enriquecido al 20 % (uranio altamente
enriquecido - HEU)
- Fabricante: General Electric
- Alcance de criticidad: 12 de julio de 1960
El uranio suministrado tenía un nivel de enriquecimiento del
20%, un umbral técnicamente significativo, ya que supera el límite que
clasifica al material como "uranio altamente enriquecido" (HEU).
Aunque para uso directo en armas nucleares se requieren
niveles aún más elevados (superiores al 80 %), el material del RV-1 ya
representaba un riesgo real de proliferación si caía en manos equivocadas.
Un préstamo, no una venta: la trampa del "Átomos para la
Paz"
Uno de los aspectos fundamentales y frecuentemente
malinterpretados de esta historia es que el uranio enriquecido entregado a
Venezuela no era una transferencia definitiva de propiedad. Bajo los acuerdos
de "Átomos para la Paz" y las salvaguardas del OIEA, el combustible
nuclear se entregó en modalidad de arrendamiento, con estrictas obligaciones de
no proliferación. Esto significaba tres cosas:
1.
El material no fue extraído de minas venezolanas ni enriquecido en el
país.
2.
Una vez que el reactor cesará sus operaciones o el combustible fuera
gastado, debía devolverse al país de origen (principalmente Estados Unidos).
3.
El contrato establecía salvaguardas internacionales para garantizar su
uso exclusivamente pacífico.
En otras palabras, Venezuela fue simplemente un depositario
de material nuclear estadounidense. Un depositario que, con los años, se
convertiría en un dolor de cabeza geopolítico y que destacó en su comunicado
del 07 de mayo que venía solicitando desde hacía largo tiempo su retirada.
13.5 kilos de uranio almacenados durante 35 años
El reactor RV-1 funcionó durante tres décadas, pero fue
apagado definitivamente en 1991. Sin embargo, su combustible nuclear 13,5
kilogramos de uranio enriquecido por encima del 20 % nunca fue retirado del
país.
Durante 35 años, este material permaneció almacenado en una
instalación envejecida, a pocos kilómetros de Caracas, convirtiéndose con el
paso del tiempo en lo que los organismos de no proliferación denominan un
"punto crítico de preocupación".
La ruta
La ruta para sustraer el material de la sede del Instituto
Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), en Altos de Pipe, estado
Miranda se realizó un traslado terrestre acompañado por un convoy militar
fuertemente custodiado que transportó el uranio desde el IVIC hacia el puerto
principal de salida, el Puerto Cabello (estado Carabobo), donde el material fue
embarcado para ser llevado a instalaciones de seguridad en Savannah River
Carolina del Sur, Estados Unidos.
El 3 de enero: las bombas revelaron el secreto
Ese riesgo, al parecer, dejó de ser teórico para Estados
Unidos el 3 de enero de 2026. El bombardeo sobre el IVIC que los funcionarios
del gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez denunciaron más tarde
como un ataque que dañó la infraestructura del instituto no fue un error de
puntería ni un daño colateral. Hoy se entiende con claridad: el Pentágono no
solo fue por el petróleo. También fue por el uranio.
Los intereses de Estados Unidos en Venezuela, que la mayoría
asociaba exclusivamente con la cuenca del Lago de Maracaibo y la Faja
Petrolífera del Orinoco, se extendían en realidad hasta esos laboratorios
olvidados en la montaña. La operación militar del 3 de enero preparó el terreno
para lo que ocurriría cuatro meses después: la reposición del uranio.
Lo que ocurrió en Altos de Pipe entre enero y mayo de 2026 es
una de las paradojas más notables de la historia reciente de Venezuela.
El mismo país que en 1955, bajo el discurso idealista de
Eisenhower, donó 300 000 dólares para construir un reactor de investigación en
Caracas, decidió 71 años después bombardear ese país para garantizar la
seguridad del uranio que él mismo había traído y por el cual Venezuela había
pagado 2,5 millones de dólares (equivalentes a unos 22 millones de dólares
actuales, ajustados por inflación).
Paradójicamente, aunque Venezuela pagó por el reactor, el
costo más alto no fue el de la compra, sino el del almacenamiento del
combustible. Durante 35 años (de 1991 a 2026), el país fue depositario de un
material que no podía usar (uranio enriquecido) porque estaba ligado a
“salvaguardas internacionales”.
Venezuela nunca fue dueño de ese material. Fue, simplemente,
el guardián olvidado de un secreto nuclear. El bombardeo del 3 de enero
fue también una operación de reposesión encubierta, el desenlace violento
de un contrato firmado en la Guerra Fría.
Los 13.5 kilos de uranio ya no están en Altos de Pipe. Pero
las marcas de las bombas del 3 de enero quedarán como el día en que Venezuela
descubrió que el mayor riesgo nuclear en su territorio no lo había generado
ningún enemigo, sino el aliado que décadas atrás le dio un reactor que nunca
fue realmente suyo.
La historia vuelve a confirmar que lo peor de ser enemigo de
Estados Unidos es ser su aliado. Depender de la tecnología estadounidense nos
vuelve menos soberanos y más vulnerables. Ojalá que los líderes de
América Latina sean conscientes de que ceder desarrollo tecnológico bajo el
discurso de colaboración científica con Estados Unidos es ceder también
autonomía, sin importar los nobles intereses.
Fuente: Diario Red / España. En la foto de @periferiacts, se
evidencias las secuelas del bombardeo perpetrado por Estados Unidos, el pasado
3 de enero, contra las instalaciones del Instituto Venezolano de
Investigaciones Científicas (IVIIC).