La refundación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) exige una
transformación estructural profunda que sustituya el centralismo por un modelo
de apertura, eficiencia y seguridad jurídica. Para lograrlo, resulta
indispensable implementar una reforma urgente de la Ley Orgánica del Sistema y
Servicio Eléctrico (LOSSE) que ponga fin al monopolio de generación de
Corpoelec. Esta modificación legal debe abrir las puertas al capital privado
mediante un régimen transparente de licencias y concesiones comerciales que
faculte a empresas nacionales e internacionales para construir, operar y vender
energía directamente a la red.
Complementariamente, se requiere modificar el artículo 10 de la normativa vigente. Por un lado, es necesario eliminar la obligación de priorizar la contratación de bienes nacionales, una medida que hoy genera cuellos de botella y retrasa la importación de tecnología y repuestos críticos de alta gama. Por el otro, se debe suprimir la restricción que obliga al Estado a retener un mínimo del 60 % del capital social en asociaciones estratégicas, flexibilizando así la constitución de empresas mixtas para atraer el financiamiento global.
Este nuevo sistema de inversión privada solo será sostenible
si se construye sobre una base de institucionalidad técnica y reglas claras.
Por ello, el siguiente paso crítico es la creación de una autoridad regulatoria
independiente, mediante un marco legal que constituya una nueva Comisión
Nacional de Energía Eléctrica autónoma o un ente similar. Para blindar su
funcionamiento frente a la discrecionalidad política, la transparencia debe ser
el pilar fundamental, exigiendo que sus directores sean elegidos exclusivamente
a través de concursos públicos de mérito técnico. De esta forma, se logrará
separar la gestión operativa y la fijación de tarifas de cualquier criterio
político o ministerial, devolviendo la predictibilidad y la confianza que el
sector necesita.
Bajo esta misma lógica de sostenibilidad, es imperativo
avanzar hacia una adecuación jurídica del esquema tarifario. El modelo actual
debe hacer la transición hacia precios basados en costos reales que reflejen
fielmente los gastos de operación, modernización y mantenimiento del SEN. No
obstante, para mitigar el impacto social de esta medida, la legislación debe
establecer un mecanismo transparente de subsidios focalizados y directos,
orientados únicamente a atender a los sectores de bajos ingresos y mayor vulnerabilidad.
Este equilibrio normativo protegerá a la población desfavorecida, al tiempo que
asegurará el retorno de inversión necesario para los prestadores, públicos y
privados, del servicio eléctrico.
Por otra parte, la magnitud de la crisis eléctrica requiere
un blindaje contractual robusto y el diseño de mecanismos financieros
internacionales atractivos. Una solución viable es la creación de fideicomisos
petroleros alimentados por cuentas internacionales controladas con los ingresos
de la exportación de crudo. Estos operarán como garantía jurídica directa de
pago para contratos con proveedores tecnológicos globales de primer nivel como
Siemens Energy y GE Vernova. Ambos son los gigantes tecnológicos y fabricantes
de equipos originales (OEM) más importantes del sector eléctrico global, por lo
que su participación es indispensable para cualquier plan serio de
modernización del SEN; la gran mayoría de las plantas termoeléctricas e
hidroeléctricas del país fueron construidas originalmente con sus tecnologías y
patentes. En paralelo, el Estado debe promulgar leyes de incentivo fiscal
específicas que exoneren de aranceles y tributos la importación de repuestos
originales y tecnología crítica, lo que acelerará los tiempos de ejecución de
las obras y reducirá los costos operativos de la reconstrucción.
Finalmente, la viabilidad de todo este plan de modernización
está estrictamente ligada a una pragmática coordinación normativa con el
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Las regulaciones internas de
Venezuela deben alinearse de inmediato con los términos y excepciones fijados
por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Particularmente, las
licencias generales 48A y 49A —emitidas por este organismo en marzo de 2026—
reconfiguran el régimen de sanciones hacia el país, permitiendo operaciones
clave en los sectores de hidrocarburos, petroquímica y electricidad bajo
estrictos controles geopolíticos. Esta adecuación legalizará y agilizará el
suministro tecnológico para la transmisión, distribución y reparación de
plantas hidroeléctricas críticas en el complejo del Bajo Caroní. Como engranaje
de cierre, la habilitación legislativa de un mecanismo denominado "Green
Line" proveerá un canal expedito de visados, permisos logísticos y
exenciones técnicas; esto garantizará el ingreso e instalación inmediata del
personal de ingeniería extranjero necesario para ejecutar la estabilización
definitiva de la energía en el país.
Más allá de los aspectos técnicos, este proyecto representa
una hoja de ruta para superar los años de crisis y apagones, apoyándose en la
ingeniería, el talento humano y la resiliencia de la población venezolana. De
este modo, la reconstrucción del aparato eléctrico se plantea como el paso
fundamental para reactivar de forma definitiva el sector productivo del país,
devolviendo la estabilidad a los hogares y encendiendo el desarrollo económico
nacional.
