La filtración de supuestos audios del
presidente Javier Milei no es solo un escándalo de privacidad: el eje de la
denuncia penal está en quién filtró estos mensajes, quién los hizo y con qué
intención.
El 19 de mayo de 2026, la filtración
de supuestos audios íntimos del presidente argentino Javier
Milei dejó de ser un tema de crónica rosa para convertirse en una causa
penal de alto riesgo institucional.
La denuncia presentada por el
periodista Santiago Cúneo ante el juzgado de Ariel Lijo no se centra
en el contenido sexual explícito de las conversaciones, sino en un dato
concreto: en uno de los fragmentos, la mujer identificada como Rosemary
“Oscurita” Maturana pregunta sobre los protocolos de seguridad del
mandatario durante un viaje al exterior.
Esa sola pregunta transforma el caso. Según el texto de la denuncia, al que accedió este medio, “la revelación de rutinas, horarios o vulnerabilidades en la custodia del jefe de Estado constituye un delito contra la seguridad de la Nación”. El artículo 226 del Código Penal Argentino establece penas de dos a seis años de prisión para quien “proporcione información reservada sobre la seguridad de las autoridades”. La fiscalía aún no se expidió, pero fuentes judiciales confirmaron que se abrió una investigación preliminar.
La mujer que protagoniza el material
filtrado no es un actor nuevo en la órbita del presidente. Rosmery
Maturana, conocida en redes sociales como «Oscurita» por su afición a las
cámaras solares, trabajó como asesora de imagen del entonces candidato y
posterior mandatario.
Su rol consistía en asesorar a Milei
en aspectos de su presentación pública, desde la elección de indumentaria hasta
detalles de la puesta en escena. Pese a esta cercanía operativa, Maturana nunca
oficializó un contrato con el Estado y mantuvo un perfil bajo lejos de los
reflectores de la prensa tradicional.
Se conocen hace más de 4 años
Los registros públicos indican que el
primer contacto entre Milei y Maturana se produjo durante la pandemia, en un
bar del barrio porteño de Once. El encuentro ocurrió a las 6 de la mañana, con
la intermediación del propio Santiago Cúneo, quien hoy ocupa el rol de
denunciante en la causa judicial. Según testimonios previos de la propia
asesora, aquel saludo inicial fue distante y frío. A pesar de esa primera
impresión, la relación construyó una dinámica de alta confianza que trascendió
lo meramente profesional.
La figura de Maturana ya había
generado roces en la vida personal del presidente con anterioridad a
la filtración. Versiones periodísticas indican que la conductora Amalia
«Yuyito» González habría tenido cruces con la asesora tras hallar mensajes
comprometedores en el teléfono de su entonces pareja.
Este antecedente coloca a Maturana
como un personaje conocido en el ecosistema íntimo del libertario, un hecho
que, para algunos analistas, le otorga un grado de plausibilidad al contenido
de los audios filtrados.
Rosmery Maturana defendió a Milei:
«No hay nada de malo en los audios, era una conversación de confidentes».
El rol de Santiago Caputo y la
teoría del complot en redes sociales
En medio de la crisis comunicacional,
el estratega de La Libertad Avanza, Santiago Caputo, emergió como una voz
autorizada para sentar la posición del espacio. Caputo, conocido por operar
fuera de los carriles institucionales, recurrió a su cuenta de la red social X
para reflotar una publicación del pasado 18 de mayo. En esa advertencia
anticipaba una maniobra inminente contra la gestión de Milei. «Las advertencias
fueron debidamente presentadas», escribió este jueves al citar su propio
posteo.
Horas más tarde, el asesor
presidencial sumó una nueva capa a la teoría de la conspiración. Apelando a
manuales de criminología, desglosó lo que denominó «la triada sagrada de la
investigación criminal» para determinar la autoría de un delito, enumerando los
conceptos de motivo, medios y oportunidad. “Apliquen a discreción”, concluyó en
un mensaje dirigido a sus seguidores.
Los blancos señalados por el
entorno oficialista
El descargo original del lunes, que
ahora Caputo pone en valor, contenía acusaciones concretas contra periodistas y
medios de comunicación. En esa publicación, el estratega mencionó al
comunicador Paulino Rodríguez y a los diarios La Nación y Clarín, además del
portal Carnaval. La estrategia comunicacional del oficialismo apunta a
desacreditar la filtración calificándola como una operación de desgaste, en
lugar de debatir la autenticidad del contenido.
El juzgado de Ariel Lijo deberá
determinar en las próximas semanas si existen elementos para iniciar una
investigación formal sobre el origen de los audios. La principal hipótesis que
manejan los investigadores es que el material podría haber sido extraído
mediante espionaje o acceso ilícito a los dispositivos del mandatario o de su
asesora. Si se confirma la participación de servicios de inteligencia, el caso
mutaría de un escándalo de índole privada a una crisis de seguridad nacional.
Tomado de La Red 21 / Uruguay.
Fotos de archivo.
