Juan Linares / Opinión
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La recuperación
parcial de la industria petrolera abre nuevamente el debate sobre el salario,
las pensiones y la protección social de trabajadores, pensionados y jubilados
en Venezuela. Si la producción ronda los 1.200.000 barriles diarios y el país
cuenta con un escenario internacional de precios favorables, existe margen para
diseñar una política salarial seria, planificada y progresiva. Sin embargo, esa
posibilidad solo tendría sentido si se acompaña de transparencia, austeridad,
honestidad administrativa y una verdadera voluntad política de priorizar el
bienestar de la población.
Un gobierno que actúe con seriedad no puede limitarse a repartir bonos ocasionales ni a administrar la miseria mediante transferencias fragmentadas. Lo que el país necesita es un plan de recuperación salarial que permita aumentos periódicos cada tres o seis meses, hasta alcanzar una estabilización real frente a la devaluación del bolívar y el impacto de la inflación. Pero para que eso sea posible, también hace falta reducir una estructura burocrática desproporcionada, con decenas de ministerios, viceministros y oficinas que consumen una parte significativa del presupuesto operativo sin que ello se traduzca en mejores servicios ni en mejoras para los trabajadores.
La contradicción entre
el discurso oficial y la realidad económica se hace cada vez más evidente.
Mientras el Gobierno insiste en hablar de recuperación y estabilidad, el
salario mínimo y las pensiones continúan rezagados frente a una inflación que
destruye el poder adquisitivo de forma acelerada. La canasta alimentaria, cada
vez más distante de los ingresos de la mayoría de los venezolanos, demuestra
que ni los bonos extraordinarios ni los ajustes parciales resuelven el problema
de fondo. En estas condiciones, trabajar toda una vida ya no garantiza una
vejez digna, sino una lucha diaria por sobrevivir.
La situación de los
pensionados y jubilados es particularmente grave. Después de años de cotización
y servicio al país, reciben ingresos que no alcanzan para cubrir alimentos,
medicinas, transporte ni gastos básicos. La pensión mínima no puede seguir tratándose
como una dádiva del Estado, porque se trata de un derecho constitucional. Los
artículos 80 y 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
establecen con claridad la obligación del Estado de garantizar a los adultos
mayores una vida digna, atención integral y seguridad social efectiva. Además,
el artículo 91 reconoce el derecho a un salario suficiente para vivir con
dignidad, sin que el ingreso pueda quedar por debajo de las necesidades
materiales y sociales del trabajador.
A ello se suma la
opacidad del sistema de pagos fragmentados. El uso del Sistema Patria para
distribuir bonos y complementos ha generado retrasos, incertidumbre y pérdida
de valor real en cada transferencia. En un país donde la devaluación ocurre a
diario, esperar varios días por un pago equivale a recibir menos dinero del que
se anunció originalmente. Esa dinámica golpea con más fuerza a quienes dependen
exclusivamente de su pensión o salario para subsistir. Por eso, el pago directo
a cuentas bancarias sería una vía más rápida, más segura y más eficiente que un
mecanismo sujeto a fallas técnicas, demoras y discrecionalidad política.
Además, la
fragmentación de los ingresos crea una diferencia injusta entre trabajadores
activos, pensionados y jubilados. No debería haber montos distintos para
quienes cumplen funciones equivalentes dentro del sistema de protección social.
Tampoco debería existir discriminación en el acceso a beneficios como la
cestaticket, que en muchos casos solo ha sido reconocida por vía de
convenciones colectivas. Los adultos mayores no pueden ser tratados como
ciudadanos de segunda categoría, especialmente cuando ya han aportado durante
décadas al desarrollo del país.
El artículo 106 de la
LOTTT también resulta pertinente en este debate, ya que obliga al patrono a
entregar un recibo de pago detallado con todos los conceptos salariales y
deducciones. Sin embargo, en la práctica, muchos trabajadores solo reciben un
depósito bancario con una descripción genérica, sin claridad sobre el desglose
de lo que realmente están cobrando. Esa opacidad contradice la legalidad
laboral y dificulta cualquier ejercicio efectivo de defensa de derechos.
En este contexto, la
exigencia de un aumento salarial digno no es una consigna política vacía, sino
una necesidad social urgente. El país no puede seguir funcionando sobre la base
de bonos, promesas y mecanismos improvisados que no resuelven la crisis estructural
del ingreso. Si existe producción petrolera, si existen ingresos públicos y si
existe capacidad institucional, también debe existir la decisión de garantizar
un salario y una pensión que permitan vivir con dignidad. Lo contrario es
condenar a millones de venezolanos a una pobreza administrada desde el poder.
Por ello,
trabajadores, pensionados y jubilados deben mantenerse firmes en la defensa de
sus derechos. El salario no es una dádiva, la pensión no es una limosna y la
seguridad social no puede depender del humor político del momento. El Estado
está obligado a cumplir la Constitución, proteger el poder adquisitivo y
reconocer que el trabajo de toda una vida merece respeto, justicia y una vejez
sin humillaciones.
*Las opiniones
contenidas en este articulo son de la exclusiva responsabilidad del autor.
