...no
es un burócrata detrás de un escritorio ni un académico de aula universitaria.
Por definición, un Defensor, una Defensora es un luchador. Alguien que le dé la
cara a la gente. Que escuche directamente a quienes lleguen a su puerta con una
denuncia. Que patee los barrios. Que se embarre los zapatos.
Un
Defensor, una Defensora es, como subrayan todos los trabajos acerca del llamado
ombudsman, una voz. Una voz con autoridad moral. La voz de los que no
tienen voz. Una voz con prestigio sobre la opinión pública, pues la
comunicación es su principal instrumento. Una voz que sea conciencia palpitante
de la nación.
Su
palabra debe estremecer a la sociedad y a las autoridades del Estado cuando
exponga con crudeza los hechos violatorios de los derechos humanos: la vida, la
integridad física, la libertad, el debido proceso, la democracia, etc., pero
también el salario, las pensiones, los servicios públicos, en fin, todo cuanto
ataña a la dignidad de la persona humana. Su condición debe ser sensible a la
injusticia si a su vez pretende sensibilizar a la sociedad y al Estado.
Un Defensor, una Defensora del Pueblo no puede tener ataduras político-partidistas de ninguna naturaleza. Su independencia debe ser absoluta. Debe haber mostrado que es esquivo a toda mediatización indebida, que es indócil, insumiso, levantisco.
Es, debe ser, ajeno al poder... pero no un
opositor. Su relación con el Ejecutivo y la Fiscalía debe ser proactiva pues su
denuncia no debe ser bulla infecunda sino búsqueda de correctivos. Es al
gobierno al que primero interesa que se enciendan las alarmas para conjurar a
tiempo los atropellos y los abusos. Para lo que el discurso de la Defensora,
del Defensor, debe estar codificado de un modo tal que los funcionarios del
Estado lo escuchen: si al hablar el Defensor, la Defensora, los gobernantes se
tapan los oídos, no habrá logrado nada.
Por
último, y en el caso concreto venezolano, un Defensor, una Defensora del Pueblo
debe abanderarse de lo que me gusta llamar un Pacto de Estado por los
Derechos Humanos, que saque el tema del debate político subalterno, que
evite que los derechos humanos se conviertan en un arma arrojadiza de la
diatriba partidista.
Venezuela
tiene una deuda histórica en el resguardo de los derechos humanos. Si algo
probamos en los 80 y 90 fue que la democracia violaba masiva y sistemáticamente
los derechos humanos de los comunes, y no sólo de los políticos. Durante los
eventos del 27F pusimos sobre la mesa, como parte de la agenda nacional,
este enojoso y omitido tema. Pero la lucha de entonces por los derechos humanos
abarcó mucho más que las ejecuciones, desapariciones y torturas, pues alcanzó a
pensionados y jubilados, a los enfermos, a los presos, a las personas con
alguna discapacidad, a los trabajadores, y una larga muchedumbre de preteridos
y olvidados.
Es
hora de que, sobre la base del perdón de todos con todos y de la
reconciliación, trascendiendo la fractura nacional de los últimos tiempos, este
pasivo social sea saldado. Para eso se requiere una Defensoría del Pueblo que
lo sea de veras, y no el palacio del silencio que es hoy. A todos interesa que
así sea.
