El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y su
esposa Cilia Flores llegaron a su segunda audiencia de procedimiento ante un
tribunal federal en Nueva York, acusados de narcotráfico y, en el caso del
mandatario, narcoterrorismo, en el cual se abordó el tema de su representación
legal y los próximos pasos hacia un eventual juicio.
Por David Brooks y Jim Cason,
corresponsales del diario La Jornada.
Nueva York y Washington. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro
Moros, y su esposa Cilia Flores llegaron a su segunda audiencia de
procedimiento ante un tribunal federal en Nueva York, acusados de narcotráfico
y, en el caso del mandatario, narcoterrorismo, en el cual se abordó
el tema de su representación legal y los próximos pasos hacia un eventual
juicio.
Ambos acusados, en uniforme de reos, se sentaron al lado de sus respectivos abogados. Ya se habían declarado “no culpables” de los cargos federales en su contra en su primera audiencia, cuando Maduro dijo que se consideraba “un prisionero de guerra”.
El tema principal de la audiencia fue una disputa sobre como
pagar la representación legal de los acusados con los abogados de defensa
acusando que el gobierno de Estados Unidos está violando los derechos
constitucionales que garantizan el derecho de los acusados a contratar sus
abogados. El gobierno insiste que el gobierno de Venezuela no puede trasladar
fondos a las cuentas de los acusados ya que están bajo sanción estadunidense.
El juez federal veterano Alvin Hellerstein, de 92 años de
edad, del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, preside sobre el
caso, escuchó el debate intenso entre abogados de defensa y la fiscalía sobre
si se debe o no aprobar una licencia particular para permitir que fondos del
gobierno venezolano paguen los costos de la defensa. Subrayó que el gobierno de
Estados Unidos no debe interferir en el derecho constitucional de acusados a
escoger sus abogados de defensa.
El abogado de Maduro, por ahora, es Barry Pollack, quien
argumentó que el gobierno venezolano está dispuesto a financiar la defensa de
Maduro y Flores. Los fiscales insistieron en que el gobierno se ha negado
emitir la licencia necesaria para el uso de esos fondos bajo las sanciones que
siguen vigentes contra fondos y negocios oficiales venezolanos, y que la
negativa a la licencia necesaria para hacer una excepción es guiada por razones
de “política exterior” y “seguridad nacional”.
El juez comentó que pensaba que “Estados Unidos está haciendo
negocios” con Venezuela y que “las cosas han cambiado” en ese país.
Pero después de casi una hora sobre el punto, la disputa no
fue resuelta y el juez indicó que emitirá su decisión próximamente. El resto de
la audiencia abordó detalles de procedimiento y una solicitud del abogado de
Flores para que ella reciba mayor atención médica para una condición cardiaca.
En Washington, y sin esperar un juicio y descartar la
presunción de inocencia otorgada a todo acusado, el presidente Donald Trump
proclamó que Maduro es culpable. Durante una junta del gabinete comento que
“espero que se presenten los cargos. Él vació sus prisiones y fue un proveedor
mayor de drogas. Fue capturado y ahora le será ofrecido un juicio imparcial”.
Los abogados ahora esperan la decisión del juez para ver si
les pagarán y tendrán los recursos necesarios para su defensa. Argumentaron que
si esto no se logra, el juez podría descartar el caso por completo -el juez
dijo que eso no está por ocurrir, aunque tampoco descartó por completo esa
opción-.
Pollack es un abogado reconocido sobre todo por su trabajo en
defensa de Julian Assange y quien negoció el acuerdo extraordinario con el
gobierno estadunidense que llevo a la liberación de su cliente y puso fin a su
odisea legal de 15 años. El abogado de Flores es Mark Donnelly.
La acusación federal fue usada como la justificación de su
secuestro en Caracas por fuerzas armadas estadunidenses el 3 de enero, y afirma
que Maduro encabeza “un gobierno corrupto e ilegítimo que, durante décadas, ha
empleado el poder gubernamental para proteger y promover actividades ilegales
incluyendo el narcotráfico”.
Los cuatro cargos incluyen “conspiración de narcoterrorismo”,
importación de cocaína, posesión de ametralladoras y otros “instrumentos
destructivos”, todo lo cual ocurrió entre 1999 y el 2025. Detalla que el
presidente venezolano también fue socio del Cártel de Sinaloa y de los Zetas,
como el Tren de Aragua, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. [https://www.justice.gov/opa/media/1422326/dl]
Al tribunal llegaron decenas de venezolanos para atestiguar
el caso y hubo una pequeña manifestación de apoyo a Maduro en la plaza frente
del tribunal.
Maduro Moros y Flores están recluidos en la cárcel federal en
Brooklyn.
Texto tomado de La Jornada / Mexico. Ilustración Jane
Rosenberg/Court Art.
