Un grupo de legisladores del Parlamento Europeo intimó
al gobierno de Orsi a que libere a los represores y asesinos de la dictadura
uruguaya, a los que consideran “presos políticos”.
El impulsor de la iniciativa es Markus Buchheit,
eurodiputado del partido ultra derechista Alternativa para Alemania (AfD) y
miembro del Grupo Europa de las Naciones Soberanas (ESN), la bancada más
radical del Parlamento Europeo.
Un grupo de 31 legisladores del Parlamento Europeo,
impulsados por el alemán Markus Buchheit del partido ultraderechista y
neofascista alemán AfD, le envió una carta al presidente Yamandú Orsi para
reclamar que se «revisen» los procesos judiciales contra militares
condenados por crímenes de lesa humanidad en la dictadura. La iniciativa
generó indignación en Uruguay, donde las organizaciones de derechos
humanos ya analizan la injerencia externa en la soberanía judicial del
país, según supo LARED21.
La misiva, que circula como documento privado sin registro
formal en el Parlamento Europeo, y fue citada por el diario El Observador, cuestiona los
procesos en curso contra militares y policías responsables del terrorismo
de Estado entre 1972 y 1985, período en el que la dictadura cívico-militar
uruguaya detuvo, torturó, desapareció y asesinó a miles de personas.
Los firmantes sugieren que la Justicia uruguaya actúa con «sesgo político» y piden que se evalúe el cese de causas activas, la revisión de la situación de los detenidos y la garantía de condiciones que, según su criterio, no se están respetando.
El documento invoca los plebiscitos de 1989 y 2009 sobre
la Ley de Caducidad como argumento para pedir impunidad, ignorando
deliberadamente que el derecho internacional es categórico: los crímenes de
lesa humanidad no prescriben y no pueden quedar amparados por leyes de amnistía
internas. Sin embargo, ninguna votación popular puede legitimar el encubrimiento
del terrorismo de Estado.
Buchheit, el hombre del AfD que mueve los hilos desde
Bruselas
El perfil político de los firmantes es elocuente por sí solo.
Los países que encabezan la lista son Hungría, Polonia y Lituania,
representados por figuras de la derecha radical y la ultraderecha que en sus
propios territorios han sido señaladas por erosionar el Estado de derecho,
promover el revisionismo histórico y debilitar las instituciones democráticas.
El grupo abarca desde sectores ultranacionalistas y conservadores extremos
hasta el AfD alemán, clasificado como organización de extrema derecha
por la inteligencia interior de Alemania y reivindicadores del
nazismo.
El impulsor de la iniciativa es Markus Buchheit,
eurodiputado del partido Alternativa para Alemania (AfD) y miembro
del Grupo Europa de las Naciones Soberanas (ESN), la bancada más radical del
Parlamento Europeo. Nacido en Múnich, Buchheit es jurista de formación y
trabaja en el Parlamento Europeo desde 2014, cuando era un colaborador. Desde
entonces construyó una trayectoria coherente con la línea dura del partido: en
su discurso de candidatura declaró que el objetivo era «hacer masa en el
extremo derecho del Parlamento europeo «.
En el Parlamento, integra la Comisión de Comercio
Internacional (INTA), la Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE)
y, de manera reveladora, la Delegación en la Asamblea Parlamentaria
Euro-Latinoamericana (DLAT), que es exactamente el marco institucional desde el
que operó para articular la carta dirigida a Orsi.
Su actividad legislativa registrada incluye preguntas
escritas sobre movimientos antifascistas como «amenaza para la democracia «,
cuestionamientos a las sanciones a la plataforma X de Elon Musk y posiciones
sistemáticamente contrarias a los mecanismos de supervisión democrática de la
Unión Europea.
La ultraderecha europea como cuna del neofascismo
El AfD, partido al que representa, fue clasificado en mayo de
2025 como «organización de extrema derecha consolidada» por el Bundesamt für
Verfassungsschutz, la Oficina Federal para la Protección de la Constitución de
Alemania, el organismo equivalente a una agencia de inteligencia interior. La
clasificación fue suspendida provisionalmente por una medida cautelar judicial
en febrero de 2026, pero el procedimiento legal continúa en curso.
El partido ha sido señalado reiteradamente por sus vínculos
con sectores neonazis, su retórica racista contra la inmigración y sus
posiciones de admiración hacia regímenes autoritarios. Que sea
precisamente Buchheit quien lidere una campaña para liberar a represores
latinoamericanos no sorprende a quienes siguen su trayectoria.
Es la misma lógica: la ultraderecha europea, que reivindica
en casa la soberanía nacional como escudo ante cualquier crítica externa, no
tiene reparo en cruzar el Atlántico para tutorear la agenda de derechos humanos
de un país soberano. La contradicción es tan evidente que parece deliberada.
Por algo están presos: los crímenes que la ultraderecha
europea quiere olvidar
Los militares y policías actualmente detenidos o condenados
en Uruguay no están presos por razones políticas. Están presos por homicidios,
torturas, desapariciones forzadas y secuestros documentados judicialmente,
en muchos casos con pruebas testimoniales, periciales y documentales acumuladas
durante décadas. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben según
el derecho internacional, un principio que Uruguay ha incorporado a su orden
jurídico mediante tratados ratificados.
Durante la dictadura cívico-militar (1973-1985), según
estimaciones reconocidas internacionalmente, hasta 40.000 uruguayos fueron
detenidos en algún momento, más de 5.000 fueron condenados por la justicia
militar bajo cargos vagamente definidos, y la tortura era rutinaria. Los
desaparecidos superan las 200 personas, cuyos restos en muchos casos siguen sin
ser encontrados. Lo que hoy juzga la justicia uruguaya son apenas una fracción
de los responsables de ese horror.
Estos son cinco casos emblemáticos que ilustran por qué esos
hombres están donde están.
Caso Vladimir Roslik: el médico torturado hasta morir en Río
Negro
Vladimir Roslik era un médico de la comunidad rusa
de San Javier, a 90 kilómetros al norte de Fray Bentos. El 15 de abril de
1984, en plena transición democrática, fue secuestrado de su casa durante un
operativo militar. Murió de forma violenta al día siguiente, el 16 de abril de
1984, en el Batallón de Infantería N°9 de Río Negro. Fue el último asesinado de
la dictadura uruguaya.
Los militares sostenían que San Javier era un foco
de comunismo. El fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo
Perciballe, señaló que de la investigación no surgía que Roslik tuviera
actividad política. Lo mataron por su origen ruso y por el apellido. En octubre
de 2023 fueron formalizados Daniel Castellá, Sergio Caubarrere, Rodolfo Costas,
Luis Estebenet, Abel Pérez, Roberto Ramírez, Oscar Rocca, Eduardo Saiz y Jorge
Soloviy por reiterados delitos de privación de libertad, abuso de autoridad y
lesiones graves. En diciembre de 2025, nueve militares retirados fueron
condenados por estos hechos.
Caso Elena Quinteros: la maestra arrancada de suelo
venezolano
Elena Quinteros era una maestra de 30 años que integraba
la Federación Anarquista del Uruguay. El 28 de junio de 1976 fue
secuestrada del predio de la Embajada de Venezuela en Montevideo, a donde había
logrado llegar para pedir asilo. Los efectivos del aparato represivo del Estado
uruguayo la arrancaron del territorio venezolano ante la vista de funcionarios
diplomáticos. El hecho provocó la ruptura de relaciones diplomáticas entre
Uruguay y Venezuela, que se extendió hasta 1985. Su cuerpo nunca fue
encontrado.
El excanciller de la dictadura Juan Carlos Blanco fue
procesado en 2002 y condenado en 2010 a 20 años de penitenciaría como coautor
del homicidio muy especialmente agravado de Quinteros. La justicia estableció
que Blanco, aunque no ordenó el secuestro directamente, colaboró causalmente
para el montaje, la justificación y la funcionalidad del aparato que mató a la
maestra. En agosto de 2025, tres miembros del Órgano Coordinador de Operaciones
Antisubversivas (OCOA), Jorge Silveira, Raúl Scioscia y Rubén Sosa Tejera,
fueron procesados con prisión en el marco de la misma causa.
Caso Plan Cóndor: la coordinación represiva regional de los
vuelos de la muerte
En el marco de la coordinación entre las dictaduras del Cono
Sur conocida como Plan Cóndor, militares uruguayos participaron
activamente en el secuestro, traslado clandestino, tortura y desaparición de
ciudadanos uruguayos en Argentina.
El 2 de mayo de 2025, la justicia uruguaya condenó a José
Arab, Jorge Silveira Quesada, Ricardo Medina Blanco y Ernesto Soca Prado por su
participación en la detención ilegal, tortura y traslado clandestino desde
Argentina a Uruguay de militantes del Partido por la Victoria del Pueblo y
otras organizaciones de izquierda. El tribunal estableció que los condenados
actuaron en coordinación con autoridades argentinas para ejecutar los
operativos represivos transfronterizos.
Caso Julio Castro: el maestro desaparecido
Julio Castro era un reconocido educador y periodista
uruguayo, figura central en la pedagogía del país. Fue secuestrado durante la
dictadura y su desaparición quedó sin respuesta judicial durante décadas. José
Nino Gavazzo, uno de los más notorios y violentos represores de la dictadura,
fue condenado en 2020 a 25 años de penitenciaría como coautor del homicidio muy
especialmente agravado de Castro.
El caso de Gavazzo es especialmente grave porque en
instancias previas él mismo había admitido ante el tribunal de honor
militar que arrojó el cuerpo de una persona al Río de la Plata, información que
encubrió durante años a la justicia civil.
Caso Treinta y Tres: 39 adolescentes torturados
En abril de 1975, 39 jóvenes de la ciudad de
Treinta y Tres, al este del país, fueron secuestrados y llevados al Batallón de
Infantería N°10. Veinticinco de ellos eran menores de edad. Algunos tenían
13 años. Fueron golpeados, sometidos a picana eléctrica, submarino, plantones,
colgados y desnudados. Ejercieron sobre ellos tortura psicológica sistemática.
Esperaron casi medio siglo para ver alguna respuesta judicial.
En septiembre de 2024, los militares Juan Luis Álvez, Héctor
Rombys y Mohacir Leite fueron condenados a penas de entre 8 y 12 años de
prisión por reiterados delitos de privación de libertad, abuso de
autoridad y lesiones graves. En diciembre de ese mismo año, tres nuevos
imputados, José María Lete, Rogelio Garmendia y Pedro Buzó, fueron procesados
con prisión. Entre los delitos imputados a Lete se contaron atentado violento
al pudor y abuso de autoridad contra personas detenidas.
Tomado de La Red 21 / Uruguay. En la imagen, el diputado alemán Markus Buchheit.
