Las implicaciones de la posible Ley
de Amnistía de Venezuela son de gran alcance y podrían influir en las
decisiones judiciales, la política migratoria estadounidense y la propia
definición de un temor fundado de persecución, alertó una firma de abogados.
Se esperaba que el proyecto de Ley de
Amnistía para la Convivencia Democrática fuera aprobado este jueves en segunda
discusión, aún cuando organizaciones de derechos humanos han expresado su
preocupación por el alcance limitado del marco legal.
El bufete de abogados Vásquez Law
Firm de Miami y Orlando, Florida, hizo un análisis del “gran impacto” que
tendría la ley para los cientos de miles de venezolanos que han buscado refugio
en Estados Unidos.
Más de 300,000 solicitudes de asilo de venezolanos estaban pendientes de resolución, según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) de octubre de 2025.
Estas personas basaron sus casos en
pruebas documentadas de persecución política, colapso económico y abusos de
derechos humanos, detalló la firma de abogados.
Sin embargo, de promulgarse una ley
de Amnistía creíble, los jueces de inmigración y los funcionarios de asilo de
Estados Unidos podrían comenzar a cuestionar la validez de un temor fundado y
persistente de persecución.
Esto podría llevar a un mayor escrutinio de las nuevas solicitudes de asilo y
potencialmente afectar los casos existentes, incluidos los que están en
apelación, de acuerdo con el análisis de Vásquez Law Firm.
“Por ejemplo, un solicitante que huyó
debido a la oposición política podría ver su solicitud socavada si el gobierno
venezolano indulta formalmente a los disidentes políticos y garantiza su
seguridad a su regreso”, indicó.
ONU: A exiliados no se les debería
exigir regresar
La ONU dijo este jueves que “a
quienes se vieron obligados a exiliarse debido a la persecución no se les
debería exigir que regresen hasta que se determine claramente la aplicabilidad
de la amnistía a sus casos”.
Las implicaciones económicas también
son significativas. Muchos solicitantes de asilo venezolanos contribuyen a la
economía estadounidense, especialmente en estados como Florida, que tiene la
mayor población venezolana, y Carolina del Norte.
Un cambio en la política de asilo
podría provocar un aumento de las deportaciones o una reducción de las
autorizaciones de trabajo, lo que afectaría a las comunidades establecidas y
las economías locales.
Organizaciones de derechos humanos,
como Amnistía Internacional, han informado sobre las complejas realidades de la
vida en Venezuela bajo el régimen chavista, sugiriendo que una simple
declaración de amnistía podría no abordar los problemas sistémicos subyacentes.
Un elemento crucial en la
adjudicación de asilo es el concepto de “reubicación interna”. Si un
solicitante puede reubicarse de forma segura en otra parte de su país de origen
y evitar la persecución, podría no ser elegible para el asilo.
De igual manera, si las condiciones
del país cambian lo suficiente como para eliminar la causa de la persecución,
una solicitud de asilo puede ser denegada o cancelada.
Aquí es donde una ley de Amnistía en
Venezuela podría cobrar relevancia legal. La Junta de Apelaciones de
Inmigración (BIA) y los tribunales federales de circuito han sostenido
sistemáticamente que el cambio en las condiciones del país puede afectar la elegibilidad
para el asilo, dijeron los abogados.
El avance del proyecto de ley podría
alterar radicalmente el panorama de las solicitudes de asilo, cuestionando la
narrativa establecida de persecución que sustenta muchas solicitudes actuales,
advirtió la firma de abogados.
“Miles de personas y familias que han
buscado refugio en EEUU, incluyendo aquellas en Carolina del Norte y Florida,
ahora enfrentan la incertidumbre sobre cómo estas declaraciones podrían afectar
su situación legal”, dijo.
Ley con limitaciones
La Misión Internacional de
Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU dijo recientemente
que acogía
con “cautela” la aprobación inicial del proyecto de ley y advirtió que
su legitimidad depende de un proceso “transparente e inclusivo” centrado en las
víctimas.
La experta y miembro de la Misión,
María Eloísa Quintero, expresó una preocupación clave: el alcance limitado del
proyecto, ya que “se corre el riesgo de excluir a numerosas personas
perseguidas por motivos políticos y no garantiza, por sí sola, la restitución
plena de sus derechos”, afirmó.
Subrayó que la ley debe incluir
mecanismos claros de implementación y supervisión independiente.
Quintero añadió que sería
“conveniente” que la verificación judicial cuente con la participación de
víctimas y organizaciones de derechos humanos para evitar una aplicación
“incompatible con los estándares internacionales”.
El proyecto, compuesto por 13
artículos establece en su exposición de motivos que la amnistía busca la
“reconciliación nacional, la convivencia democrática y la paz social”.
Pero las ONG argumentan que carece de
mecanismos de verdad, reparación y garantías de no repetición, además de que no
incluye medidas para desmontar el aparato represor del régimen.
Por su parte, el presidente de la
Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en la primera discusión del proyecto se
refirió a su aplicación a los venezolanos que actualmente poseen asilo o
Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos.
Explicó que no tendrá una aplicación
automática para esos venezolanos y que cada caso será sometido a una evaluación
individual mediante un proceso de revisión técnica.
Rodríguez dijo el objetivo es evitar
generalizaciones en la aplicación de la ley y asegurar que cualquier decisión
se ajuste al marco jurídico.
La ONU dijo este jueves que la ley de
amnistía propuesta debe aplicarse a todas las víctimas de enjuiciamiento ilegal
y excluir expresamente a los acusados de violaciones graves de derechos humanos
y crímenes de lesa humanidad.
“El alcance de la ley debe limitarse
a las víctimas de violaciones de los derechos humanos y excluir expresamente a
los acusados de violaciones graves de los derechos humanos y crímenes de lesa
humanidad, incluidos los actores estatales, paramilitares y no estatales”,
afirmaron los expertos de la ONU.
Advirtieron que “a quienes se vieron
obligados a exiliarse debido a la persecución no se les debería exigir que
regresen hasta que se determine claramente la aplicabilidad de la amnistía a
sus casos”.
El Nuevo Herald - Tomado de yahoo
noticias en español. Imagen: Pedro Mattey /AFP vía Getty Images.
