El secuestro
de la soberanía del pueblo venezolano por un gobierno extranjero es una pésima
señal para la democracia en la región, señala el informe.
Ángel E. Álvarez
Resumen
La impactante
invasión estadounidense de Venezuela y el secuestro y arresto del presidente de
facto, Nicolás Maduro, ha sido seguida por la no menos sorprendente declaración
de Trump de que Estados Unidos gobernaría Venezuela por un período
indeterminado, sin ninguna base en el derecho internacional ni en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
La reciente evolución de los hechos da poca o ninguna indicación del inicio de
una transición planificada ni de un compromiso con un resultado democrático de
las elecciones del 2024, adulteradas por Maduro bajo la mirada y rechazo de casi
la totalidad de los países democráticos occidentales.
A la cabeza del gobierno está ahora, provisionalmente, la vicepresidenta designada por Maduro, Delcy Rodríguez, quien ha dado algunas señales de apertura política con la liberación de un centenar de personas, entre periodistas y activistas nacionales y extranjeros, detenidos en su mayoría tras las elecciones fallidas del 2024. La nueva líder del país enfrenta el desafío de mantener el apoyo militar que Maduro parece haber perdido, mantener la cohesión y confianza de otros liderazgos de su partido, y hallar vías para un acuerdo con Estados Unidos, que mantiene presencia militar en el Caribe y amenaza con nuevas y más devastadores ataques de no obtener lo que demanda de Venezuela —esencialmente, petróleo.
De lograr mantenerse en el poder, Rodríguez podría terminar siendo solo la jefa
de gobierno de un protectorado inconstitucional de los Estados Unidos. Ello
abriría la puerta a un nuevo esquema de relaciones de la potencia estadounidense
con sus vecinos, especialmente con Latinoamérica, en el que los principios de
soberanía y autodeterminación estarían bajo severas amenazas.
Introducción
Este reporte
examina la ejecución de dicha operación de captura de Nicolás Maduro y sus
implicaciones para la democratización de Venezuela, así como para la seguridad
y soberanía nacional de los estados de América Latina.
La reciente intervención militar estadounidense en Venezuela constituye el
peldaño más reciente de la escalada de tensiones entre los dos países. Aunque
de larga data, el conflicto político entre ambos países se acelera a partir del
20 de febrero del 2025 con la firma de órdenes ejecutivas por parte del
presidente Donald Trump que clasificaron a los cárteles venezolanos y
latinoamericanos como organizaciones terroristas. Tal decisión del ejecutivo
estadounidense, a la que luego se suma la designación de Nicolás Maduro como
jefe de la organización narcoterrorista “Cartel de los Soles”, el 24 de
noviembre del mismo año, da base jurídica al empleo extraterritorial de fuerza
militar estadounidense en la región y, en particular, en Venezuela.
De esa forma, la administración de Trump logra eludir la obligación
constitucional de someter al congreso las declaraciones de guerra. Tal
fabricación de un argumento legal constituye en la práctica el remozamiento de
la Doctrina Monroe del siglo XIX y la política del gran garrote implementada
por Teodoro Roosevelt a comienzos del XX. Esta forma contraria a la convivencia
pacífica con sus vecinos del sur e irrespetuosa de sus soberanías nacionales se
creían superadas desde el final de la guerra fría. Tras la globalización
económica y la masiva tercera ola de democratización se pensó que Estados
Unidos y América Latina estaban en vías de construir relaciones mutuamente
provechosas en el marco de la cooperación y el derecho internacional. La
intervención militar a Venezuela y las amenazas a otros gobiernos de la región
indica una regresión de importancia en la política hemisférica.
De los hechos
En la madrugada del sábado 3 de enero de 2026, Estados Unidos ejecutó la
operación militar a gran escala, denominada Operación Lanza del Sur, en
territorio venezolano, mediante bombardeos estratégicos, con participación
de más de 150 aeronaves, drones y misiles. Las Fuerzas Armadas estadounidenses
atacaron nodos de mando, instalaciones militares y sistemas de defensa aérea en
Caracas y el norte del país, tras lo cual, fuerzas especiales capturaron al presidente
en ejercicio, Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, que se hallaban
refugiados en la mayor fortaleza militar del país, bajo la protección de
militares venezolanos y cubanos.
Ambos fueron trasladados inmediatamente a Nueva York para enfrentar cargos por
narcoterrorismo. Según los reportes preliminares del propio gobierno de
Venezuela, acción militar extranjera causó la muerte de al menos un centenar de
personas tanto militares y civiles, venezolanos y extranjeros. Entre los
extranjeros afectados se encuentran, principalmente, militares cubanos al
servicio de Maduro, pero también civiles colombianos no vinculados a ninguna
acción política o militar. Los daños a viviendas particulares y a la ya
precaria infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones fueron
considerables, al menos en algunas áreas de la ciudad capital cercanas a
instalaciones militares, aeropuertos y el principal puerto del país.
Del derecho
internacional y nacional
La intervención estadounidense en Venezuela constituye no solo un acto ilegal,
de acuerdo con la constitución de Venezuela, sino también una violación
flagrante del Artículo 2 de la Carta de la ONU y de las atribuciones del
Congreso de los Estados Unidos en materia de declaración de guerras. Washington
calificó la acción como un operativo de “cumplimiento de la ley” apoyado por
militares y no como un acto de guerra, evadiendo así la consulta al Congreso y
al Consejo de Seguridad de la ONU.
Sabido es que Maduro, desde 2013, impuso gradualmente un régimen de facto con
apoyo militar, ejerció el poder de manera inconstitucional y, tras el fraude
electoral del 2024, de forma contraria a la voluntad popular. Su gobierno violó
garantías y derechos fundamentales de los venezolanos y una severa crisis
social y económica que llevó a la migración forzada de casi 8 millones de
venezolanos, especialmente de escasos recursos. Sus organismos de seguridad
encarcelaron, al margen del debido proceso, a líderes y activistas políticos y
sociales. Reportes de organismos nacionales e internacionales de protección y
defensa de los derechos humanos indican que muchos de ellos fueron sometidos a
torturas, tratos crueles e inhumanos, incomunicación y desaparición. Otros
reportes emitidos por organizaciones de observación electoral han mostrado
irregularidades severas en los procesos comiciales y alteraciones los
resultados de varias votaciones nacionales. El gobierno de Maduro desoyó las
recomendaciones y medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos y la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos. A todo ello se suma la acusación en su contra, por parte de los
Estados Unidos, por delitos de narcotráfico y terrorismo.
No obstante, nada de lo dicho justifica legalmente una intervención
militar extranjera unilateral, sin que existiera una situación de guerra entre
los dos países ni la amenaza inminente de ataque a los Estados Unidos. La
acción militar no fue autorizada por el Congreso estadounidense ni consultada
con los organismos multilaterales. El bloqueo, bombardeo y entrada de fuerzas
militares extranjeras al territorio venezolano son hechos, como mínimo,
jurídicamente cuestionables.
Cierto es que el ataque estadounidense a Venezuela no carece de precedentes,
pero esto, antes de justificarlo política o jurídicamente, constituye un
agravante. La captura y extracción de Maduro se asemeja a la emprendida en
contra del dictador panameño Manuel Antonio Noriega. No siendo la primera vez
que ocurre, sienta sin embargo un nuevo hito en la historia del uso de la
fuerza militar unilateral para ejecutar decisiones jurídicas y políticas de los
Estados Unidos en contra de líderes de gobiernos de otros países y al margen
del derecho internacional.
Efectos
inmediatos de la intervención militar estadounidense
Tras la
intervención estadounidense para la captura de Maduro, el Tribunal Supremo de
Justicia, de acuerdo con lo previsto en la constitución, ha declarado la “falta
temporal” del presidente y la designación de la vicepresidente Delcy Rodríguez
como presidenta encargada. La decisión del máximo órgano del poder judicial
venezolano se basa en la aplicación del artículo 233 de la Constitución que
lista las causas de la falta absoluta del presidente, sin incluir ninguna
aplicable al caso. La falta absoluta tiene lugar, según la constitución, en
caso de muerte, renuncia, destitución decretada por el Tribunal Supremo,
incapacidad física o mental médicamente certificada, abandono del cargo y tras
la revocatoria popular del mandato. En caso de ausencia absoluta del cargo
ocurrida en los primeros cuatro años del sexenio presidencial, el organismo
electoral deberá convocar a elecciones en un plazo no mayor de 30 días, pero al
no decretarse la falta absoluta del presidente, el vicepresidente queda
encargado temporalmente del cargo sin que se requieran nuevas elecciones en el
plazo perentorio establecido en la constitución.
La decisión del supremo permite superar por ahora los efectos
desestabilizadores de la captura de Maduro. La aplicación de la norma
constitucional previene una situación caótica de vacío de poder y limita el
margen de acción de los sectores de oposición que aspiraban a que, tras la
caída de Maduro, se produjeran elecciones presidenciales en el corto plazo. A
la vez, la decisión del Tribunal Supremo favorece un argumento de la defensa de
Maduro. La acusación y el juicio no sería en contra de un ciudadano ordinario,
sino en contra de un presidente en funciones, involuntaria y forzadamente a
alejado del cargo.
La decisión legal abona el camino al reequilibrio del régimen político y
permite su alineación con los intereses inmediatos de los líderes del régimen
venezolano con los de la administración de Trump. La decisión del supremo
le permite a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ganar tiempo para
administrar las tensiones que han surgido en el partido de gobierno y en el
seno de los militares tras la captura de su máximo líder. No obstante, la
dirigencia política del enfrenta todavía dilemas de importancia.
Por su parte, Trump no espera que se realicen elecciones hasta que su gobierno
no obtenga plena garantías de seguridad y estabilidad que le permitan tomar el
control de la industria petrolera y de parte de la infraestructura del país. Para
el gobierno estadounidense, las elecciones en breve plazo pondrían en riesgo la
materialización de sus aspiraciones de “dirigir la transición” hasta lograr la
estabilidad política y recuperación de la producción petrolera de Venezuela
tuteladas por su gobierno. Sus declaraciones dejan muy claro que su propósito
es anular, de facto, los riesgos que para su hegemonía traería el ejercicio
libre de la autodeterminación popular.
Mientras en sectores gubernamentales existen indicios de fraccionamiento entre
quienes actúan pragmáticamente para recuperar la estabilidad y mitigar el
riesgo de nuevas acciones militares estadounidenses y quienes esperan acciones
políticas más enérgicas de resistencia a la intervención extranjera. Por su
parte los liderazgos opositores venezolanos lucen altamente fragmentados, lo
que dificulta un acuerdo de gobernabilidad que permita hacer frente a las
intenciones expresamente neocolonialistas de los Estados Unidos. La ciudadanía
y la dirigencia de oposición se encuentran profundamente divididas entre
quienes ven la intervención como una “liberación” y quienes temen la pérdida
total de la independencia nacional.
Los niveles actuales de polarización continuada siguen poniendo en riesgo la
estabilidad, la gobernabilidad y la democratización ordenada y pacífica del
país. Hoy más que nunca, se abre la oportunidad y se impone la necesidad de un
dialogo oportuno y de negociaciones sinceras entre los diferentes sectores de
la sociedad y la política venezolana para lograr la estabilidad política,
propiciar la democracia y fortalecer la soberanía nacional.
Conclusiones
Los eventos
desencadenados por la invasión estadounidense a Venezuela aún están en
desarrollo. No es nada fácil determinar cuál será su desenlace. Por lo pronto,
algunos elementos de la situación aparecen como provisionalmente claros:
1. Las
posibilidades reales de restaurar la democracia en Venezuela parecen
postergadas por el peso de los hechos. Al menos en el corto plazo, la
prioridad de las élites del gobierno es el reequilibrio del régimen y, para
ello, parece dispuesta a aceptar el tutelaje del gobierno actual de los Estados
Unidos, que da mucho mayor prioridad a intereses geopolíticos y energéticos que
la voluntad del electorado venezolano.
2. Un sector no
despreciable de la sociedad venezolana y de su inmensa diáspora, mantiene su
esperanza en que se inicie un proceso de transición, aunque la fragmentación
entre los seguidores de María Corina Machado y la minoritaria oposición
parlamentaria es severa y nada fácil de superar en el breve plazo. Ello
incrementa la probabilidad de un escenario de reequilibrio del régimen
autoritario, bajo la tutela estadounidense al menos por un tiempo.
3. El secuestro
de la soberanía del pueblo venezolano por un gobierno extranjero es una pésima
señal para la democracia en la región. Y más aún, el mensaje es tan claro como
amenazador para las democracias latinoamericanas no plegadas a los intereses de
la actual administración estadounidense y para otras naciones (como México,
Canadá y Groenlandia) señaladas por Trump como territorios requeridos por
razones de seguridad de los Estados Unidos.
4. A su vez, las
acciones violentas del gobierno de Trump dan la luz verde a Rusia y China para
fortalecer su control político, militar y económico en sus respectivas áreas de
influencia.
Para América Latina, la crisis venezolana actual no es una circunstancia
particular de un país vecino, sino un desafío real a la soberanía de sus
Estados y sus pueblos. En esta coyuntura, la seguridad de la región depende de
la capacidad de sus líderes para forjar un bloque que exija el retorno a la
legalidad internacional, antes de que el uso de la fuerza se convierta en la
única norma de convivencia continental.
No obstante, Latinoamérica se ha dividido profundamente frente a estos hechos.
Gobiernos como el de Javier Milei de Argentina, Nayib Bukele de El Salvador,
Daniel Noboa de Ecuador e Irfan Alí han respaldado la acción, mientras que los presidentes
de Brasil, Colombia, Chile y México, — Lula da Silva, Gustavo Petro, Gabriel
Boric y Claudia Sheinbaum— rechazan absolutamente la intervención
estadounidense y la denuncian como una afrenta a la soberanía regional. Las
posiciones polarizadas de los gobiernos latinoamericanos respecto de la
situación en Venezuela dificultan la formación de un bloque común
latinoamericano para la defensa diplomática de la soberanía de Venezuela y
otros estados de la región, y la búsqueda de acuerdos que lleven, a la brevedad
posible, a una transición pacífica a la democracia.
Lo que termine sucediendo en Venezuela, a muy corto plazo, podría tener enormes
implicaciones globales. Los líderes y gobernantes latinoamericanos y, en
general, del hemisferio occidental, que se cuestionan las políticas
internacionales de Trump o cuyos países están en la lista corta de los
explícitos planes de expansión territorial de los Estados Unidos, tienen
razones para estar preocupados por la posibilidad de ser unilateralmente
acusados de cualquier delito y arrestados en plena noche por comandos militares
estadounidenses.
