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23 septiembre, 2025

NI AUTOCRACIA NI NEOCOLONIA, REPÚBLICA LIBRE Y SOBERANA

 Por Gustavo Márquez Marín / Opinión

La historia podría repetirse como tragedia

Hay una cierta semejanza entre el bloqueo a los puertos venezolanos por buques de guerra británicos, alemanes e italianos, ocurrido durante la presidencia de Cipriano Castro en diciembre de 1902, y el actual bloqueo naval de la plataforma continental venezolana por un grupo de buques de guerra de la IV flota del Comando Sur de EEUU. Más allá de las diferencias históricas y geopolíticas, el pueblo venezolano tiene, hoy como ayer, el desafío de  lograr una salida pacífica y soberana a la crisis política, sin que ello impida lograr la unidad nacional en defensa de la soberanía y la independencia de la Patria. A principio del siglo XX Venezuela estaba inmersa en una crisis económica y política que siguió a la guerra de independencia, debido a su continua inestabilidad política provocada por contradicciones internas antagónicas, que desembocaron en la sangrienta guerra federal y en sus postrimerías, en continuas guerras intestinas atizadas por disputas caudillescas cuyo legado fue un país  empobrecido y endeudado. Si bien las condiciones eran diferentes a las  de hoy, la intervención militar de EEUU en proceso se está repitiendo la historia, aunque ésta vez podría terminar en una tragedia, porque la amenaza tiene carácter existencial al estar en juego el derecho a existir de nuestro Estado-Nación.

La falsa bandera del “Narco-Estado” 

La justificación de la amenaza intervencionista de EEUU se basa en la presunción de que Nicolás Maduro, junto a otros altos funcionarios de su gobierno, están al frente de una organización criminal transnacional “narcoterrorista”, que simbólicamente llaman el “Cartel de los Soles” refiriéndose a su integración por Generales venezolanos cuyas insignias son alegóricas al sol. Esta denominación genérica alcanza a todos  los altos mandos de la Fuera Armada Nacional Bolivariana (FANB) , aunque extrañamente ese supuesto “cartel” no figura en el informe de la DEA de 2025, que es el órgano de inteligencia del gobierno de EEUU en materia de narcotráfico. Tal denominación lleva implícito el significante de que la institución armada del Estado venezolano dedicada a la defensa nacional, está manejada por un cartel de narcoterroristas. Por si misma, ésta calificación de la FANB y la acusación a Nicolás Maduro como jefe de ese supuesto cartel, implica que el Estado como tal es narcoterrorista. Una cosa es señalar que existen rutas del narcotráfico a través del territorio venezolano o que algunos funcionarios o instituciones estatales estén involucradas en éste negocio ilícito y otra muy diferente es, afirmar que el propio Estado es una organización narcotraficante y terrorista. Esa caracterización tiene implicaciones políticas que determinan en la legislación un tratamiento distinto al que corresponde a los delitos comúnes. Eso explica la razón por la cual el gobierno de Trump en éste caso no ha utilizado para combatirlo el policía antinarcótico, sino a la recién bautizada “Secretaría de Guerra” a través de la IV flota del Comando Sur, para enfrentar al supuesto “Cartel de lo Soles” o sea al “Narco-Estado” o  Estado fallido venezolano, argumentando sin pruebas que “ha inundado de cocaína las calles de EEUU”. 

Con éste razonamiento rocambolesco, construido sobre premisas y supuestos que carecen de evidencias sólidas y fundamentos en la realidad, el gobierno de Trump pretende “justificar”  el uso ofensivo unilateral de la fuerza militar, al margen del derecho internacional, ignorando el concurso de la comunidad internacional y sus instituciones, con el verdadero objetivo de provocar un “cambio de régimen”, para instalar en el poder un gobierno tutelado desde Washington, que le garantice sus intereses económicos y geopolíticos. Lo reafirmó su Secretario de Estado Marcos Rubio: “No me importa lo que diga la ONU...”. Esas palabras son reveladoras del profundo desprecio que el imperialismo estadounidense tiene a las organizaciones multilaterales de Naciones Unidas, cuya disolución promueve de manera  abierta y sistemática  con el cinismo y el descaro que los caracteriza. No podemos esperar otra cosa, porque esa ha sido siempre su proceder cuando deciden intervenir un país, y en América Latina y el Caribe tenemos dolorosas evidencias que dejaron huellas históricas imborrables, como las que ejecutaron en Cuba, Panamá, Nicaragua, Chile y Granada, para solo mencionar las más recientes. Así han actuado, creando falsos positivos y enarbolando falsas banderas como la “lucha contra el terrorismo” y por la “democracia”, como hicieron en Vietnam, Afganistán, Irak, Libia y Siria, promoviendo sangrientas guerras que solo dejaron muerte y desolación con el único propósito de imponer sus intereses, 

Una amenaza creíble

Ahora sabemos con certeza a que se refería María Corina Machado cuando le planteaba a Trump, que solo una “amenaza creíble” provocaría la caída del régimen “narco-terrorista” y el  allanamiento por  el “policía del mundo” del “Estado fallido” venezolano, como ella siempre lo ha caracterizado. En realidad, utilizaba un eufemismo para pedir una  salida de fuerza, a través de una intervención militar extranjera en su propio país. Por fin se cumplió su sueño y hoy estamos amenazados por una intervención militar de EEUU, peligrosa, disruptiva y en desarrollo. De hecho  ya ha cobrado la vida de 14 venezolanos que fueron asesinados a mansalva y sangre fría, por su presunta condición de narcotraficantes, sin que hubiesen tenido derecho al debido proceso y sin aplicarse los protocolos internacionales que rigen la interdicción en el mar. Al igual que ha ocurrido en otros momentos de nuestra historia, el agresor tiene la ventaja de su inmenso poderío militar y la  oportunidad de aprovechar la debilidad del país, por estar inmerso en una confrontación interna, antagónica y polarizada, en una crisis política continuada, profundizada por la normalización de la derogación de facto de la Constitución por el gobierno-PSUV, cuya actuación en las últimas elecciones presidenciales, dejó en suspenso la legitimidad de su permanencia en el poder, al cual pretende anclarse apelando a la represión y a la violación sistemática de los derechos humanos y del debido procesos. Por otra parte, el sector opositor de extrema derecha liderado por María Corina Machado, sin pudor ni vergüenza alguna, optó por reiterar su solicitud al gobierno de EEUU de que realizase una intervención militar en Venezuela, con el fin de defenestrar al gobierno de Maduro sin importarle que con esa acción violenta y antinacional, estaba negando su condición venezolana. Intervención que podría conducir a una guerra con su secuela de muerte y destrucción y como corolario, la entrega de nuestra soberanía al yanky invasor, con lo cual estaríamos perdiendo nuestra condición de país independiente y soberano para adquirir el estatus de neocolonia.

Salida pacífica y soberana para rehabilitar la soberanía popular

La intervención militar de EEUU en proceso es una extraordinaria oportunidad para que los venezolanos nos encontremos y hagamos causa común contra el enemigo externo que amenaza nuestra existencia como Estado Nación. Empero, eso requeriría que el gobierno-PSUV y particularmente Nicolás Maduro, haga realmente suyas las palabras pronunciadas por Cipriano Castro 1902. Para que esa unidad nacional, sea políticamente viable, el gobierno está obligado a dar señales que generen confianza y demuestren su voluntad política de poner los intereses de la Nación por encima de sus propios intereses e impulsar un diálogo sincero y amplio con todos los sectores de la vida nacional, para abordar la salida a la crisis y el proceso de reinstitucionalización del país. Tendría que llamar a un diálogo nacional  y hacer gestos concretos que generen confianza tales como, iniciar un proceso de despartidización de las instituciones públicas, decretar una amnistía general de los presos político incluyendo luchadores sociales y líderes sindicales, cese a la represión y criminalización de la disidencia y la protesta política, restablecimiento de los derechos sociales, civiles y políticos, priorizando un incremento general de salarios y la atención de la emergencia social compleja en salud, educación y alimentación, restablecimiento del debido proceso y eliminación de las desapariciones y detenciones arbitrarias realizadas sin el debido proceso y, publicación de los resultados electorales por mesa de votación de las pasadas elecciones presidenciales con el fin de rehabilitar la soberanía popular y restablecer el imperio de la ley y de la Constitución. En las circunstancias actuales, en las que está amenazada seriamente la soberanía nacional, el gobierno-PSUV tiene que convencerse que la unidad nacional para enfrentar al gringo invasor solo será posible, si se inicia un proceso de reinstitucionalización del país, restablecimiento de la Constitución y rehabilitación de la soberanía popular como fundamento de la democracia, para reafirmar nuestra condición de república libre y soberana.