Un juez considerado "corrupto" y
"antidemocrático" por Estados Unidos y la Unión Europea, abrió este viernes
un proceso a una funcionaria cercana al presidente de Guatemala, Bernardo
Arévalo, detenida por una causa contra el partido oficialista Semilla.
El mandatario socialdemócrata en la red social X calificó la
decisión como "un ataque más" a su gobierno "perpetrado por una
minoría corrupta que quiere evitar un cambio incontenible en Guatemala".
"Se dicta auto de procesamiento" contra Ligia
Hernández, jefa del Instituto de la Víctima, arrestada el martes, dijo el
cuestionado juez Fredy Orellana en la audiencia de primera declaración, al
afirmar que "existen indicios racionales suficientes" contra la
funcionaria, exdiputada de Semilla.
En la audiencia, la fiscal Leonor Morales imputó a Hernández los supuestos delitos de financiamiento electoral no registrado y obstrucción para la "fiscalización electoral de fondos".
Según la fiscal, también sancionada por Washington y la Unión
Europea, Hernández como secretaria general adjunta del partido en 2019
"ocultó" información sobre aportes financieros a la agrupación.
Ahora la fiscalía tendrá tres meses para ampliar la
investigación mientras Hernández, quien se abstuvo de declarar, seguirá en
prisión preventiva en un cuartel militar de la capital "por peligro de
fuga", según dispuso Orellana.
La fiscalía inició en 2023 una cuestionada investigación
contra Semilla después de que Arévalo dio la sorpresa al colarse al balotaje
presidencial, lo que encendió las alarmas entre las élites acusadas de
corrupción.
El caso se basa en supuestas anomalías en la conformación del
partido, entre ellas una presunta trama de lavado de dinero por la que la
fiscalía también ha buscado retirarle la inmunidad a Arévalo.
Semilla está suspendido por orden de Orellana, quien a su vez
está sancionado por Estados Unidos por considerarlo "corrupto". En
febrero, la Unión Europea también sancionó al juez y a la fiscal Morales por
"socavar" la democracia.
El jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina,
Brian Nichols, condenó "enérgicamente" el miércoles la detención de
Hernández y rechazó "los continuos esfuerzos [de la fiscalía] por
criminalizar a los actores democráticos y anticorrupción".
La fiscal general, Consuelo Porras, sancionada también por
Washington y Bruselas, libra una disputa sin tregua contra Arévalo.
El presidente, quien asumió el poder en enero, carece de
facultades para remover a Porras, cuyo mandato culmina en mayo de 2026. Para
poder destituirla, Arévalo presentó una iniciativa de ley para que se le
otorgue esa potestad, pero el proyecto está estancado en el Congreso.
Este viernes, Arévalo pidió a los diputados aprobar la
iniciativa para "cambiar" la historia y "hacer" que la
fiscalía "rinda cuentas". "Juntos podemos lograr que este ciclo
oscuro termine", señaló el gobernante que se encuentra en República
Dominicana por la toma de posesión del segundo mandato presidencial de Luis
Abinader.
AFP / Tomado de yahoo noticias en español. Imagen: JOHAN
ORDONEZ.
