Por Alien Habib Kentaui
“Cuando más responsabilidad se le exige a España, como
potencia administradora del territorio, más irresponsabilidad demuestra”
Y es bien sabido que desde la adopción de la resolución 1514 (XV) de las Naciones Unidas en 1960, cientos de resoluciones de esta organización se acumulan sobre la cuestión del Sáhara Occidental para reafirmar una y otra vez el derecho de su pueblo a la libre autodeterminación y a la independencia. Derecho que se reafirma, y adquiere carácter perentorio por el unánime reconocimiento y respaldo por las más altas instancias de la legalidad internacional, como la corte internacional de justicia de La Haya, la Corte Europea de Justicia y de las organizaciones regionales como la Organización de la Unión Africana. A pesar de esta unanimidad, el Sáhara Occidental se ha convertido en la tumba del derecho internacional. En un flagrante desafío a esta legalidad internacional, Marruecos, persiste en su aventura colonial; en respuesta, el pueblo saharaui reafirma su fe inquebrantable en la legalidad, en la justeza de su causa y prosigue impertérrito su combate. Es la pugna entre la legalidad y la arbitrariedad.
Ante esta situación, cuando más
responsabilidad se le exige a España, como potencia administradora del
territorio, más irresponsabilidad demuestra. El gobierno de Sánchez, tildado
del gobierno más progresista de la historia de España, se convierte a la
ideología del trumpismo en su política exterior hacia el Sáhara Occidental, y
se ensaña contra el pueblo saharaui y contra el derecho internacional sin
ruborizarse, de una manera tan flagrante e irreverente nunca demostrada por
ningún gobierno de la democracia española.
Y aunque nos creíamos ya curados de
espantos, el cambio brusco sorprende y atormenta tanto al pueblo saharaui como
al conjunto de la sociedad española; nos trae a la mente la firma del lúgubre
acuerdo tripartito de Madrid: La deshonrosa venta del territorio saharaui por
España al reino de Marruecos en 1975. Como en todo momento crítico, el conjunto
de la sociedad española y sus fuerzas vivas, han estado una vez más a la altura
del desafío, y al unísono expresan su solidaridad indefectible con la causa
saharaui. El pueblo saharaui y el Frente Polisario les envía sus saludos y un
profundo y reconocido agradecimiento. Sin embargo, hoy, el gobierno se
desprende de la hoja de parra, ni siquiera pretende sumergirse en la opacidad y
el negacionismo utilizados por previos gobiernos para evadir las
responsabilidades que les son inherentes como potencia administradora de iure
del territorio. El actual gobierno se jacta de su nueva versión de los funestos
acuerdos de Madrid. No cuestionamos las relaciones hispano-marroquíes,
pero si el sacrificio de los derechos del pueblo saharaui en el altar de estas
relaciones.
Pretender dar legitimidad a hechos
derivados de una acción ilegal, es insostenible en lo jurídico y en lo moral, y
es rechazado por el pueblo saharaui que se le quiere revender una y otra vez a
cambio de castillos en el aire pregonados por un embaucador. Tampoco se
resuelve de un plumazo, un conflicto tan enraizado en la legalidad. De ahí, que
la autonomía anunciada a los cuatro vientos no es la solución de un conflicto
que desestabiliza a todo el Magreb, amenaza la paz en el flanco sur de Europa y
agrava las crisis en todo el Sahel africano.
Se pueden hacer todas las piruetas
interpretativas que se quiera, pero mercadear con el dolor de un pueblo en sus
momentos de infortunio no es la mejor solución, doblar el brazo del derecho
internacional no es la mejor solución, ni es la mejor solución el confinar al
pueblo saharaui en una reserva como sugiere el gobierno de Sánchez con su
famosa varilla mágica “la autonomía es la mejor solución”. Es un craso
error pensar que se puede aprovechar la confusión creada por la acción ilegal
de Trump, la trivialización del derecho internacional, la situación
prevaleciente hoy en Europa para deslizar la cuestión saharaui en el tumulto de
la confusión como víctima colateral.
Los derechos inalienables de
los pueblos no son un producto perecedero. Perduran en el tiempo; y el carácter
del conflicto sigue siendo el mismo. Es una situación colonial y un derecho a
la autodeterminación interrumpido por la agresión militar marroquí. Tampoco las
responsabilidades de los estados caducan con los cambios de gobierno. Con juego
de malabarismos se pretende complicar una solución que en su esencia es simple:
Es el respeto del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui a través
del ejercicio de un referéndum libre y democrático reivindicado hasta la
saciedad por las Naciones Unidas.
A pesar de los vaivenes
históricos entre España y Marruecos, la élite española todavía no ha sido capaz
de desentrañar la mentalidad del gobierno marroquí o precaverse del
expansionismo infuso en la mente del majzen. Para Marruecos, el
expansionismo es más que una obsesión, es un culto. España no es ni será una
excepción, ni tendrá más suerte que el resto de los vecinos de Marruecos.
Ya en 1591 Mali fue invadida y su floreciente civilización destruida por una
invasión marroquí, Mauritania sufrió la misma suerte en 1958. Argelia fue
invadida en 1963 cuando todavía ensangrentada después de una cruenta guerra
contra el colonialismo francés. En 1975 llega el turno al Sáhara
Occidental; y tarde o temprano llegará el turno de Ceuta, Melilla y las Islas
Canarias. Solo la resistencia saharaui retarda el inevitable choque. Solo
un estado saharaui independiente y soberano puede restaurar una paz duradera y
una convivencia pacífica regional, y sin duda, sería el garante de la seguridad
de las Islas Canarias.
Son engañosas las garantías y el
embrujo de los cantos de sirenas provenientes más allá de las torres de
Hércules. La historia y la infalible sabiduría popular son más fiables: “Cuando
las barbas de tu vecino veas afeitar, pon las tuyas a remojar”. Por lo
que sería muy temerario depositar el futuro de la integridad territorial de
España en manos del gobierno marroquí. Un país, nada fiable cuyo único arsenal
en sus relaciones internacionales son el chantaje, las amenazas y el
incumplimiento de sus compromisos internacionales. Se deben adoptar estrategias
más valientes para salvaguardar la integridad territorial de España sin
resguardarse una y otra vez detrás de un pueblo saharaui encadenado como escudo
humano. La historia, el derecho y la decencia exigen un cambio de
tónica.
Una de las consecuencias del
reciente cambio brusco de la posición del gobierno español, es el alimentar el
sueño imperial de Marruecos y consolidar ese sentido de impunidad que durante
décadas ha impedido la solución del conflicto. Cada vez que se vislumbra la
solución, intervienen actos y gestos provenientes de Europa y de algunos
miembros del consejo de seguridad que alientan esa impunidad, y obstruyen el
progreso hacia una solución.
ha transcurrido un largo periodo de
30 años de vacas flacas para La Paz en el territorio desde la firma del plan de
arreglo auspiciado por las Naciones Unidas y la OUA que preveía la organización
de un referéndum en 1991; un desfile de enviados especiales del secretario
general de la NU dimite uno tras otro, tras chocar contra la intransigencia del
gobierno marroquí, y la falta de determinación por parte del consejo de
seguridad de implementar el mandato encomendado a la Minurso.
Las concesiones dolorosas por parte
del Frente Polisario, su apego a una solución justa y pacífica, unida a la
indiferencia y complicidad de algunos miembros del consejo de seguridad dio
riendas sueltas a la ocupación y carta blanca a un saqueo sistemático de los
recursos naturales del territorio saharaui, y la violación despiadada de los
derechos humanos en los territorios ocupados. Ni los informes condenatorios de
las organizaciones humanitarias, ni los repetidos veredictos de la corte de
justicia europea, que consideran al Sáhara Occidental como un territorio
separado, y distinto del territorio marroquí hicieron mella en las prácticas de
las violaciones de derechos humanos, o puesto fin al pillaje de los recursos
del territorio.
La combinación de todos estos
elementos, crearon un insostenible círculo vicioso de tres décadas de espera,
esperanza y frustración que obligaron al pueblo saharaui a empuñar de nuevo las
armas en legítima defensa. Hoy más que nunca la comunidad internacional y en
especial el consejo de seguridad deben asumir sus responsabilidades y sacar las
conclusiones pertinentes de una oportunidad perdida y las graves consecuencias
de una negligencia que sin duda tendrá su coste elevado para La Paz y la
seguridad de toda la región. El pueblo saharaui y su legítimo representante el
Frente Polisario estarán atentos y tenderán la mano como ha sido siempre su
tradición a toda iniciativa pacífica, sería, que goce de un respaldo
internacional y garantías que eviten los errores tan costosos de anteriores
experiencias malogradas.
Fuente: La Realidad Saharaui.
