Por Laura Valls B.*
En marzo pasado,
Provea y el Centro Gumilla, 2 de las más prestigiosas organizaciones no
gubernamentales de Venezuela, exigieron al Ministerio Público que el jefe del ejecutivo
estadal de Carabobo y toda la cadena policial de mando de nuestro estado, fuesen
incluidos en la investigación referida a las 221 denuncias que, por presuntas ejecuciones
extrajudiciales ocurridas en el año 2021,
hay contra la Policía de Carabobo.
Semanas después de esta petición, Marino Alvarado, uno de los más destacados y consecuentes activistas de DD.HH de Provea y de Venezuela, informó que el gobernador Rafael Lacava, lo demandó y también al sacerdote jesuita Alfredo Infante, director del Centro Gumilla, porque, supuestamente, lo difamaron.
Con esta nota no
solo me quiero solidarizar con Marino Alvarado y Alfredo Infante, y, por
supuesto, con PROVEA y el Centro Gumilla, organizaciones que por años han sido fundamentales en la defensa de los DD.HH, en especial, los de los más vulnerables en nuestro país; sino que también quiero hacerle un llamado al gobernador del estado Carabobo.
Señor gobernador, debería
ser usted el más interesado en que se realice una profunda investigación
sobre cada uno de los casos denunciados y, aparentemente, ya investigados por estos defensores de derechos
humanos; usted, como máxima autoridad del estado, dé el ejemplo abriendo
los espacios para esa investigación. Una demanda por
difamación contra estos ciudadanos a quien Venezuela le debe tanto, no ayuda,
ni a Carabobo, ni a usted, ni a la política.
Además, una acción judicial
cómo la intentada contra Alvarado e Infante,
manda un mensaje muy claro a los violadores de DD. HH, y no es otro que
serán apoyados por el poder. ¿Es acaso eso lo que se quiere transmitir?
Debe quedar claro cuál es su propósito, señor Lacava, no se puede
envalentonar a los que pisotean la ley. De usted depende en mucho que la
cultura de la impunidad y de los abusos policiales se consolide en Carabobo. Piénselo
bien.
*Abogada, exdiputada
a la Asamblea Nacional.
