Por Felipe
Restrepo Pombo
Cuando Iván
Duque ganó la presidencia de Colombia, algunos creyeron que sería una tercera
parte del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Sus simpatizantes imaginaron una
trilogía impecable, asentada sobre una fórmula ingeniosa: Duque —un senador
joven y carismático— sería guiado por Uribe para continuar las políticas que lo
convirtieron en uno de los presidentes más admirados en la historia del país.
Un poco más de un año después de la toma de poder de Duque, la utopía uribista
está fracturada y derrumbándose a pedazos. Nadie —ni siquiera sus críticos más
acérrimos— imaginó la debacle que hoy afronta el gobierno de derecha.
Este jueves
21 de noviembre, Duque tendrá que afrontar un paro nacional de una magnitud que
no se veía hace décadas en Colombia. La protesta fue convocada en un principio
por los sindicatos pero pronto se fueron sumando diferentes grupos de
indignados. En algunas horas se consolidó un movimiento gigantesco. “Al
presidente Iván Duque le estallará un paro que puede cambiar definitivamente su
Gobierno y que, como algunos temen y otros desean, podría incluso cambiar la
política colombiana”, dice el portal La Silla Vacía.
Desde los
primeros meses Duque se ha mostrado como un líder débil, incapaz de reaccionar
ante el momento trascendental que atraviesas Colombia hoy. Su promesa de
revisar los acuerdos de Paz firmados entre el Estado colombiano y las FARC se
tradujo en el peor de los escenarios. Desde 2018, el Gobierno ha incumplido o
retrasado la aplicación de los acuerdos logrados en La Habana. No ha tenido
voluntad política ni asignado los recursos necesarios para que se cumplan los
primeros puntos pactados: reasignación de tierras y la reincorporación de
exguerrilleros a la vida civil. El Gobierno también ha contradicho a la
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un mecanismo que investiga y juzga a
los involucrados en el conflicto. Estos retrasos han llevado a la formación de
disidencias de exguerrilleros y, peor aún, al asesinato selectivo de más de 500
líderes sociales que defienden la paz.
Las
elecciones del mes pasado dejaron claro el descontento general con el Gobierno
de Duque y su partido. Perdieron sus apuestas en Bogotá y Medellín, las dos
ciudades más grandes, y tampoco tuvieron buenos resultados en el resto del
país. Por primera vez en su carrera política, Uribe sufrió una derrota tan
contundente en las urnas. Su poder de convencimiento se vio aplacado y su
imagen pública es, también por primera vez, negativa. Además, el expresidente
ha tenido que dedicar gran parte de su energía a afrontar el juicio por
presunto fraude procesal y compra de testigos que lleva en su contra la Corte
Suprema de Justicia.
Pero tal vez
el momento más crítico se vivió hace unos días, cuando se reveló, durante una
moción de censura al ministro de defensa en el Congreso, que al menos ocho
niños reclutados a la fuerza por grupos disidentes de las FARC habían muerto
durante un bombardeo. Duque no reaccionó bien ante esta grave revelación e hizo
algunos cambios cosméticos a su Gabinete. La nueva mala lectura del clima
político le pasó una dura factura al presidente: según una encuesta, el 69% de
los colombianos desaprueban su gestión.
La pregunta
es, claro, qué pasará durante y después del jueves. Algunos alarmistas dicen
que la protesta terminará en violencia, como en Chile o Bolivia. Duque, Uribe y
la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez han enviado mensajes irresponsables
sugiriendo que las marchas buscan “destruir el país”. Eso sí, tal vez no
recuerdan que cuando ellos estaban en la oposición al Gobierno de Juan Manuel
Santos, convocaban a marchas similares para “defender la democracia”. Otros
simpatizantes de la derecha han ido más lejos: han llamado a organizar grupos
antiinsurgentes que recuerdan sus años de militancia en el paramilitarismo.
Otros creen
que se trata del punto de partida para la próxima campaña presidencial, en el
que la izquierda y la derecha medirán su fuerza de convocatoria. Pero es un
error hacer una lectura electoral de una protesta legítima. “Hay que salir a
marchar para denunciar a los delirantes que nos quieren devolver a una guerra
inventada por ellos mismos, y para demostrarles que la protesta no es un acto
que va en contra de la democracia, sino que la enriquece. Hay que salir a
marchar para exigirles respeto por la movilización social, que no es una
concesión sino un derecho constitucional”, escribió María Jimena Duzán en su
columna en la revista Semana.
La respuesta
del presidente Duque frente a lo que ocurra este jueves marcará el resto de su
presidencia. Si decide reprimir o ignorar a quienes salgan a la calle, quedará
en un lugar similar a Sebastián Piñera: con una gobernabilidad reducida a su
menor expresión. Si decide, en cambio, escuchar los reclamos y hacer verdaderos
cambios en su agenda podría darle un nuevo aire a su mandato. Es claro, en este
punto, que Duque deber romper con el ala más radical del uribismo y darle
espacio a otras voces.
Hace unos
días, el hijo mayor del expresidente Santos publicó un tuit en el que pedía que
después de las marchas “las calles quedaran intactas”. Desde luego que las
protestas deben ser pacíficas pero no silenciosas ni complacientes. Ojalá que
sirvan para que nada quede intacto en Colombia: sobre todo una clase dirigente
que por años ha abusado del poder y la autoridad.
