El sur del estado Bolívar, continúa siendo el
foco de “corrupción y extorsión” en Venezuela. Así lo denunció este sábado la
abogada Yamileth Carvajal, al acusar a los funcionarios de la Dirección de
Inteligencia y Estrategia de la Policía del estado Bolívar (Diepeb), junto a la
Fiscalía 14 en materia de droga, a cargo de la fiscal Omaira Calderón, de haber
“secuestrado a José Gregorio Figueroa, un señor de 53 años de edad y que es
dueño de un hotel que lleva su mismo nombre, para amenazarlo a él y su familia
de muerte si no les pagaban lo que ellos exigían”.
En exclusiva
para Punto de Corte,
la profesional del derecho señaló que los trabajadores de la administración
pública, “quisieron involucrar al señor de estar vinculado con el caso de ´Mano
de Metal´, pero no pudieron. No hay manera de involucrarlo en semejante
desfachatez”.
El hecho ocurrió
el pasado 12 de agosto de este año, en Santa Elena de Uairén, en la Gran
Sabana, donde está ubicado el hotel en la avenida Bolívar, sector kewey 2.
También la vivienda del dueño, que queda en el sector Andrés Bello, en la calle
Simón Bolívar, habría sido escenario de “destrozos y robo por parte de estos
funcionarios”, agregó.
De acuerdo a
la versión de la abogada, las víctimas fueron identificadas de la siguiente
manera: “José Gregorio Figueroa y Diana Payema, Angely Mujica, Yitzi Pérez, que
está embarazada y que producto de la presión le generó un derrame, además,
tiene preeclampsia y un menor de edad, que fue brutalmente golpeado. Estuvieron
cinco días secuestrados y hablo de secuestro y no de detención, porque ni
siquiera tenían una orden de allanamiento, no cumplieron con el procedimiento
legal y posteriormente, alegaron que habían conseguido supuestamente, droga, un
arma y municiones”, acotó.
Carvajal
agregó que “estos funcionarios sin ninguna orden judicial de allanamiento, sin
testigos, con más de 20 efectivos de la DIEPEB, entraron también de manera
ilegal a las viviendas de estas familias, donde había mujeres, menores de edad,
abuelas, dos jóvenes con discapacidad, buscando a una persona sin
identificación, sino de apodo ´Gollo´, mas nada. Pero lo más peor, es que
además de entrar armados amenazando, se metieron y robaron a la familia.
Extrajeron dinero en dólares, real brasileño, joyas, oro y desvalijaron las
casas. Se llevaron hasta
la comida, motos y camionetas”.
Asimismo, la
abogada enfatizó que “no encontraron ninguna evidencia, ni en las viviendas, ni
en los alrededores y menos en el hotel, que son dueños de este grupo familiar y
esto fue un robo público, en presencia de la comunidad, que son testigos
presenciales, porque vieron todo lo que hacían y repito una vez más: No
encontraron ni drogas, ni arma y menos municiones, porque en la recepción del
hotel hay cámaras y todos los huéspedes del hotel fueron testigos también de la
brutalidad de los funcionarios, que actuaron en este atropello aberrante en
contra de esta familia. No les basto robarse todo, sino, además, hasta
las llaves de una de las casas se la llevaron”.
En el
contexto de las actuaciones de los funcionarios, la abogada recalcó que el
problema no solo radica en el “robo”, sino en la “extorsión”, que habría
iniciado luego del acontecimiento.
“Funcionarios
del DIEPEB, en conocimiento con la fiscal 14 de droga, Omaira Calderón,
solicitaron una fuerte cantidad de dinero en dólares, para poner en libertad a
los detenidos y como manera de presión, para que pagaran las víctimas, les
dijeron que si hablaban o llegaban a denunciar esto, los mataban. Que debían
decir en la audiencia de presentación que la pistola y la droga era de ellos,
de lo contrario serían involucrados, porque ellos tenían el poder de hacerlo”,
puntualizó.
Carvajal,
detalló que los vehículos detenidos por estos funcionarios «fueron traspasado a
la ONA y los cargan los funcionarios de uso personal. Ya han dañado dos y los
tienen para ellos sin ninguna orden de tribunal. Ya se solicitó la liberación y
la fiscal junto a los funcionarios de la DIEPEB están amenazando de continuar
involucrando a esta familia con incautación de drogas, armas y municiones».
Además,
recordó que “en ninguna parte está permitido el abuso de autoridad. O sea,
siembras evidencias para perjudicar a la familia, que lo que han hecho es
trabajar 30 años en el sur de Bolívar y además ¿Los vas a extorsionar de esta
manera? Es lamentable, pero esto es el pan nuestro de cada día en esta región
del país”, comentó.
No obstante,
subrayó que los abogados defensores de este caso, también estarían siendo
“amenazados de muerte”, por lo recalcó que “vamos a seguir denunciando estos
hechos, incluso hasta en Caracas, para que no siga ocurriendo estas
injusticias”.
