Por
Sebastiana Barráez
En la
Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) se fue imponiendo desde
hace tiempo, pero con mayor énfasis durante 2018 y lo que va del 2019, una
estructura de poder para liquidar, por vía física, pero sobre todo psicológica,
a quienes caen detenidos por sospechas de conspiración. No son cubanos, son
militares y policías venezolanos quienes lo hacen.
*El Jefe de
la DGCIM es el mayor general (Ej) Iván Hernández Dala*, que ha tenido una
acelerada carrera de ascenso en la Fuerza Armada como hombre de confianza de
Nicolás Maduro, no sólo como jefe de Contrainteligencia Militar sino de la
Guardia de Honor Presidencial.
Uno de los
hombres claves en ese triángulo de terror en que se han convertido los sótanos
de la DGCIM, es el *mayor (GNB) Alexander Enrique Granko Arteaga, * egresado de
la II promoción Toma de Las Flecheras, en la EFOFAC, año 2004.
Este oficial,
procedente de Puerto Cabello y cuya familia se dedica a sacar chatarra por el
puerto, ocupa el cargo de jefe de la Unidad de Asuntos Especiales de la DGCIM.
Es un hombre de absoluta confianza del general Hernández Dala, lo que le ha
permitido imponer actos brutales contra detenidos. No por casualidad su oficina
está al mismo nivel que la del mayor general.
El otro
factor en ese entramado de tortura lo constituyen los tribunales militares y la
Corte Marcial. Uno de las demostraciones más relevantes de la participación de
la justicia militar es lo que ha venido sucediendo con la juez del Tribunal
primero de control *My (Ej) Claudia Carolina Pérez Benavides de Mogollón*. Ella
no solo es que hace caso omiso cada vez que un militar detenido ha sido
presentado con evidentes signos de tortura, sino que además ha sido
determinante para desarrollar maniobras que les impida a los detenidos presentarse
con su abogado privado.
La juez a
través de subterfugios hace que los imputados sean asistidos por defensores
públicos militares que, por supuesto, nunca los defienden, porque obedecen a
sus jefes superiores.
El otro
elemento a considerar es “un grupo de médicos forenses del Hospital de El
Llanito”, quienes se limitan a firmar las certificaciones sobre la situación de
salud de los detenidos. Ellos omiten las marcas, moretones, golpes, heridas y
cicatrices recientes de los militares presos.
En ese
triángulo perverso de poder, de tortura y de muerte, está por una parte la
DGCIM con sus esbirros, que allanan, torturan y montan expedientes con pruebas
inventadas, por la otra la justicia militar con jueces, fiscales y defensores
públicos, "médicos" depravados y finalmente los carceleros, en los
que también hay que incluir algunas ONGs para quienes los detenidos no son más
que una estadística.
Desde el
primer paso
Cuando se
hace un procedimiento el Código procesal penal establece que debe notificarse
al Fiscal en las primeras 8 horas y presentarlo ante el Tribunal en las
primeras 48 horas.
En el caso
del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo pasaron días antes de ser
presentado al Tribunal, a donde llegó brutalmente golpeado según denunció su
abogado Alonso Medina.
El oficial
casi no podía hablar. Lo llevaron en silla de ruedas y con signos evidentes de
tortura según los testigos en el tribunal. El juez lo envió al hospital, pero
fue demasiado tarde y murió.
Todos los
procesos son viciados.
Lo están
desde que arranca el allanamiento y la detención.
Hay más de
160 militares detenidos por razones políticas, los imputan de Traición a la
Patria porque es el que acarrea más años de presidio.
No los
presentan en el lapso de 8 horas, no notifican al Fiscal y menos al Tribunal,
porque los torturan hasta que obtienen de ellos la información que quieren o la
que los obligan a grabar y firmar. En todo ese tiempo el militar permanece
detenido y violándole el debido proceso.
Una vez que
el detenido llega a la DGCIM le ordenan sentarse en el sótano 3 de
investigaciones, donde hay un mostrador donde lo obligan a quitarse todo lo que
cargue encima de prendas, documentos, etc. Luego te ponen a llenar a mano el
formulario con el inventario.
Dependiendo
del caso el detenido va a tortura. Y ahí viene otra etapa: entorchan al detenido,
es decir le colocan papel periódico o bolsas, alrededor de los ojos con cinta
pegante, lo tienen esposado hasta que llega el *teniente de navío Abel Anzola y
el capitán Jesús Gerardo Cárdenas, entrenados en la tortura física. *
Mientras el
torturado grita, el “Coronel Hannover Esteban Guerrero” está oyéndolos
extasiado desde su oficina en el sótano tres.
Tomado de
Punto de Corte.
