Javier
Ignacio Mayorca
* / Tomado de Tal Cual
Mientras el Gobierno asegura que el secuestro ha sido
controlado, las bandas de plagiarios se desplazan y aprovechan la ausencia de
los cuerpos de seguridad en zonas periféricas
El fin de semana, las redes sociales dieron cuenta del video
en el que un automóvil rojo compacto fue interceptado por una camioneta
plateada, en una calle estrecha de Sebucán. A pesar de las condiciones
aparentemente desfavorables, el conductor del primer vehículo pudo retroceder
con la suficiente rapidez como para eludir la acción de los sujetos que habían
descendido del rústico, armas en mano, con la aparente intención de
secuestrarlo, robarle el vehículo, o ambas cosas.
Posteriormente, la información procesada en cuerpos
policiales daba cuenta de que otra persona había sido plagiada por los
ocupantes de una camioneta similar a la que fue grabada por una cámara de
vigilancia en la referida urbanización del municipio Sucre, el sábado
poco después de las 9 am.
Este caso no figura en las estadísticas oficiales.
En febrero, una banda se llevó a una mujer cuando salía de
una misa en un templo evangélico ubicado en la carretera Panamericana, cerca de Los Teques. En una fe de
vida enviada por los captores, a la víctima la golpean con la cacha de una
pistola hasta hacerle sangrar la cabeza, mientras ella solicitaba a sus
familiares que pagaran la cantidad en dólares exigida para el rescate, con una
voz ahogada por el llanto.
Este caso tampoco figura en las estadísticas oficiales.
En la primera semana de abril, un grupo que opera en
Araure se llevó al contratista de origen colombiano Germán Vargas Rivera, de 58
años de edad. En este caso han actuado tanto agentes de la policía
judicial como del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros de la Guardia
Nacional. Los familiares de la víctima, desesperados, solicitaron este mes la
intervención del gobierno colombiano.
Este ingeniero es una de las ocho personas que, según datos
en poder del propio Gobierno, permanecen en cautiverio desde 2017.
Sin embargo, según el propio ministerio de Relaciones
Interiores, durante este año no han ocurrido secuestros en el estado
Portuguesa.
Mientras se hacían los preparativos para esta columna, el
Ministerio Público informó sobre la detención de cinco policías de Valencia por
extorsionar y posteriormente secuestrar a un comerciante en Los Guayos. La
víctima fue plagiada en marzo, cuando llevaba un cargamento de arroz por la
autopista Regional del Centro. Por su liberación, los agentes
exigieron el pago de 50 mil dólares.
Según el Gobierno, en Carabobo solo han ocurrido dos
secuestros este año, y ninguno en Los Guayos.
El Ejecutivo sostiene que el secuestro en Venezuela es ahora
menos frecuente que en 2017. Es posible que así sea. Pero cuando se revisa caso
a caso lo reportado por los medios en distintas partes del país, y cuando
se conversa con las víctimas y sus allegados, nos damos cuenta de una realidad
que omite el discurso oficial.
Por una parte, es claro que los cuerpos de seguridad solo
conocen una fracción de la totalidad de los casos. “La decisión de ir o no a
las policías siempre la toman la víctima y sus familiares. A veces, el
problema no es decidir si se hace la denuncia, sino cuándo se hace. Pero cuando
ya pasó la situación, la gente generalmente se abstiene”, explicó un
experto en negociación de secuestros.
A esto se suma una creciente desconfianza en los cuerpos de
seguridad. La percepción de que los policías y los militares están involucrados
en privaciones de libertad con fines económicos se reforzó a partir de las
denuncias hechas durante las protestas de 2014 y 2017. En ambos lapsos, se pudo
conocer relatos de manifestantes que fueron detenidos, y liberados horas
después luego de cancelar dinero a los funcionarios que participaron en los
procedimientos. Estos episodios ocurrieron en ciudades como Valencia,
Barquisimeto y Caracas, y desde luego nunca fueron denunciados formalmente.
Algo de esa desconfianza perdura.
Las estadísticas muestran una realidad deformada a
conveniencia del que las manipula. Un informe al que se tuvo acceso para
elaborar esta columna muestra, por ejemplo, cómo el secuestro se mantuvo
durante 2017 casi con el mismo ritmo que tuvo en 2016, si tomamos en cuenta el
número de víctimas. Para ser más precisos, la diferencia entre un año y otro
fue de apenas 4,3%. Sin embargo, desde el Gobierno solo se destaca el número de
expedientes iniciados, lo que da una merma de 32%. Y no se advierte a
la colectividad que las bandas de secuestradores no tienen el menor reparo en
privar de libertad a grupos familiares completos, tal y como sucedió
hace dos meses con una señora, su hija y su nieto, mientras transitaban por la
Troncal 9 vía oriente. Un caso, tres víctimas.
Por otra parte, el secuestro está solapándose con los
asaltos a las viviendas y con los robos de vehículos. Esto lo saben bien
los residentes de urbanizaciones en el norte de Valencia y en Carrizal. “Se
meten a las casas, y cuando están allí deciden si se llevan secuestrado a
alguno de los ocupantes”, relató el sobrino de una víctima que reside en
Colinas de Carrizal.
A menudo, los afectados directamente o sus parientes
denuncian solo el robo del vehículo, a pesar de que han pasado por horas o días
en cautiverio. Esto simplemente para evitar males mayores, como por ejemplo el
hallazgo de su auto, camioneta o pistola en el sitio de suceso de otro delito.
Existe en la actualidad un proceso de dispersión de los
secuestros. Las bandas que actúan en las ciudades han ampliado su radio de
acción, afectando también a los pobladores de zonas periféricas o semiurbanas.
En Miranda, por ejemplo, durante 2017 el municipio Páez solo fue superado por
Sucre, Chacao y Baruta en número de denuncias por este delito. Actualmente,
está a la par de Baruta, en el segundo lugar. En Aragua, la mayoría de los
casos de 2018 no ha sido en Maracay, sino en Turmero y la Colonia Tovar. Los
secuestradores se dieron cuenta de que los cuerpos de seguridad concentran su
accionar casi con exclusividad en las grandes urbes y solo a determinadas horas
El secuestro, sin duda, está mutando. Ahora, los casos exprés
son excepcionales. Las bandas aplican tácticas aprendidas durante la moda del
secuestro breve, pero están dispuestas a prolongar los lapsos de cautiverio, si
ven que eso les representará una mayor ganancia.
Finalmente, en Táchira y Zulia han reportado casos de
secuestros internacionales o transfronterizos, en los que la víctima es
capturada en Venezuela y llevada a Colombia. Se trata de situaciones excepcionales,
por ahora.
