La insurreción pacífica del pueblo de Nicaragua

Daniel Ortega, que participó en la revolución sandinista y lideró el gobierno progresista en los años 80, ha desencadenado una represión sangrienta que acumula ya más de 200 personas asesinadas

Fernando Cerezal

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                           Imagen durante las protestas ciudadanas en Nicaragua. Abril 2018.
                           Jorge Mejía

Los acontecimientos en Nicaragua en los últimos dos meses (iniciados el 18 de abril de 2018) han mostrado una rebelión generalizada de la ciudadanía y una represión sangrienta del Gobierno de la pareja gobernante Daniel Ortega y Rosario Murillo. El Informe del CIDH (Corte Interamericana de los Derechos Humanos) contabiliza 212 personas asesinadas (incluidos bebés y menores) y 1.337 heridos, detenidos e incluso algunos desaparecidos y continúa la represión. Todo ello según los datos ofrecidos por la ciudadanía, los organismos nicaragüenses de DD.HH., la Iglesia, Amnistía Internacional, Human Rights Watch..., pero bajo la opacidad y desinformación del Gobierno Ortega y sus instituciones.

La pregunta que muchos nos hacemos tanto en Nicaragua como fuera, con mucha pesadumbre, es cómo ha podido alcanzarse este nivel de represión sangrienta por un gobernante que participó en la revolución sandinista y lideró el gobierno progresista en los años 80. Quizás para responder a esa pregunta sea necesario repasar previamente algunos aspectos de la vida socio-política de Nicaragua de los últimos 50 años.
1. De la Revolución (1961-1979) al Gobierno de Reconstrucción Nacional y posteriormente sandinista (1984-1990)
La revolución sandinista se fue gestando desde la década de 1960 y consistió en una combinación de acciones cívicas de protesta con acciones armadas contra la dictadura de la familia Somoza. Estas últimas fueron coordinadas por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (constituido en 1963) en el que confluían varias tendencias, principalmente marxistas, socialdemócratas, de la teología de la liberación y nacionalistas de izquierdas. El año 1978 fue de una gran actividad con una serie de acontecimientos de importancia contra la dictadura: asesinato del reconocido periodista Pedro Joaquín Chamorro, insurrección del barrio de Monimbó en Masaya, la toma de la Asamblea Nacional por un comando del Frente, huelga general posterior, ataques a los cuarteles de la Guardia Nacional (GN)... Y una respuesta de la dictadura, “Operación Limpieza”: un claro ataque contra la población civil y un programa de matanza de jóvenes, con intención de infundir terror en la población. En muchos casos fueron ejecuciones sumarias.
El 4 de junio de 1979 se realizó una exitosa huelga general y se llamó a una insurrección general. El 20 de junio León es declarado territorio liberado, a pesar de los ataques armados por aire y tierra de la Guardia Nacional somocista. El 18 de julio la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN), compuesta por Violeta Chamorro y Alfonso Robelo (burguesía), los terceristas Daniel Ortega (coordinador de la Junta) y Sergio Ramírez, y Moisés Hassan (GPP) se reunió en León y se declararon Gobierno Provisional. Se constituyó, asimismo, un Consejo de Estado con una amplia representación de la sociedad. Ambos organismos decidieron convocar elecciones presidenciales en 1984 que fueron ganadas por el FSLN con Daniel Ortega.
Este gobierno emprendió una serie de medidas esencialmente progresistas: reforma agraria, educación, salud y nuevas relaciones internacionales, así como expropiaciones de propiedades y empresas de reconocidos somocistas..., aunque también hubo aspectos de derechos humanos difícilmente justificables (censuras a la libertad de expresión y eliminación de opositores en zonas de conflicto). Ante el bloqueo económico impuesto por el Gobierno de Reagan y el apoyo a grupos armados antisandinistas (la “contrarrevolución”), Nicaragua buscó el apoyo de Cuba y en 1982 firma con la URSS un pacto de cooperación económica. En 1988 se inició un proceso de negociación que culminó en la convocatoria de elecciones en 1990; proceso que coincidió con otros del mismo carácter en países centroamericanos en guerra (El Salvador y Guatemala).
Tras la pérdida de las elecciones (1990), el Gobierno de Ortega legalizó las ocupaciones de casas y mansiones (incluida la suya actual, también sede del Gobierno y el FSLN) y privatizó a nombre de orteguistas un buen número de empresas estatales, la famosa “piñata”. Desde 1990 a 2006 su política estuvo marcada por: 1) la alianza con el líder del Partido Liberal Arnoldo Alemán para repartirse los puestos institucionales y cambiar aspectos de la Constitución; 2) la promoción de fuertes luchas populares contra las políticas neoliberales, incluido el apoyo al 6% del presupuesto nacional para las universidades, lo que le aportó un alto prestigio popular.
2. Nuevos Gobiernos de Ortega 2007-2010, 2011-2015 y 2016: un largo proceso de corrupción política
Hablamos, en definitiva y recogiendo diversas calificaciones, de una “dictadura familiar”
Ortega ganó las presidenciales de 2006 (38%), 2011 (62%) y 2016 (72,5%), aunque con denuncias de fraude en todas ellas. Esos años se han caracterizado por una serie de aspectos que pueden resumirse en:
a) Cambios institucionales: control del aparato estatal (Corte Suprema, Consejo Supremo Electoral, Ortega como jefe de la Policía y el Ejército; cambio de la Constitución en 2011 para poder presentarse a más de dos mandatos, avalado por la Corte Suprema de Justicia. “Pueblo Presidente” es su eslogan.
b) Supresión de la personería jurídica de los partidos de oposición en las últimas elecciones, excepto a los partidos zancudos (afines al Gobierno).
c) Acoso a las organizaciones de mujeres, ambientalistas, activistas de derechos humanos, periodistas... y a la libertad de movilización y expresión, en muchos casos con ataques de los grupos parapoliciales.
d) La desorganización del FSLN: sin dirección colegiada, ni congresos, ni debate...; en definitiva, disciplinamiento orteguista; y organización de los Comités de Poder Ciudadano, como canal paralelo al Frente y controlado por Rosario Murillo.
e) Supresión de facto de la autonomía de las universidades, municipios y autonomías de la Costa Atlántica.
f) Secretismo y control informativo diario de todas las noticias de los ministerios por su mujer Rosario Murillo (vicepresidenta).
g) La alianza en 2006 con las Iglesias para eliminar totalmente el aborto y uso de mensajes pacifistas y religiosos, al amor, a la reconciliación...
h) Acuerdo con el gran capital para la política económica (“populismo responsable” lo denomina el capital), siempre que dejara la política en manos de Ortega. Nicaragua es un paraíso empresarial y ocupa en América Latina el tercer puesto de lavado de dinero (1.500 millones de dólares entre 2007 y 2014 –ver Rocha 2017).
i) Cambio de los colores de los símbolos nacionales, “himno a la alegría” del Frente en 1996, “Dale una oportunidad a la paz” (Lennon) en 2006 y uso del rosa chicha en lugar del rojo y negro, además del uso de la bandera sandinista en los organismos del Estado...
j) Entrega del país a intereses extranjeros (especialmente el Canal transoceánico).
k) Concentración del poder político e hiperliderazgo de Ortega y su mujer, “eliminación” de posibles candidatos a la sucesión, unido a la tendencia a perpetuarse en el poder.
l) La corrupción y la participación de cada uno de sus siete hijos en diversos proyectos empresariales, así como los allegados orteguistas (cuatro canales de televisión, emisoras de radio, Petróleos de Nicaragua, Canal Transoceánico, hoteles, tierras, carros, mansiones...). “El origen de la fortuna y de su dinero es el control absoluto que tiene de los fondos del petróleo venezolano y del dinero del pueblo nicaragüense. Es una de las familias más ricas del país” (Dora María Tellez, cit. Martínez).
Hablamos, en definitiva y recogiendo diversas calificaciones, de una “dictadura familiar”, de un “monarca absolutista”, de un conjunto “Estado-Partido-Familia” de corte filofascista, de “mafia familiar tropicalizada”, de una “Familia Ortega-Murillo e Hijos S.L.”...
4. Elementos que han confluido en la actual rebelión

La reforma del INSS, la reducción de la pensión de los jubilados, así como el aumento de cuotas de trabajadores y empresarios son la chispa de la rebelión popular                                             

La reforma del INSS, la reducción de la pensión de los jubilados, así como el aumento de cuotas de trabajadores y empresarios han sido la chispa que desencadenó la rebelión popular el 19 de abril. Un serio problema en un país con unas pensiones ridículas, a lo que se une una pobreza entre el 29,6% (Banco Mundial) y el 40% (BID) y la pobreza extrema del 14,6% (BID), y unos programas contra la pobreza con una gran ineficacia.
Hay que considerar, además, otros factores que han ido acumulándose desde 2007. Podemos resumirlos en los siguientes:                                                                                         
1) El rechazo de los proyectos extractivistas de minería en el Norte de Nicaragua, la invasión de colonos y la deforestación en las regiones de bosque primario (Bosawas, Costa Atlántica...; ambas con cierta aceptación del Gobierno), el megaproyecto de Canal Interoceánico y sus proyectos colaterales (cedido a una empresa china por cien años) y hace unos meses el grave incendio en la Reserva de la Biosfera Indio Maíz, muy deficientemente abordado por el Gobierno, han movilizado a comunidades indígenas y campesinas con enfrentamientos sangrientos con los colonos invasores, contra el Canal (unas 100 marchas de protesta en los dos últimos años) o las empresas mineras. Estas movilizaciones muestran, por un lado, el rechazo a un desarrollo a gran escala, principalmente dirigido a la exportación, caracterizado por la ocupación y el acaparamiento de tierras, con graves impactos socio-ambientales, y propiciado por el gran capital nacional o las empresas transnacionales; y por otro, un retroceso de los derechos democráticos de campesinos e indígenas, afectando especialmente a los pueblos indígenas (reconocido en la Constitución).
2) La cambiante geopolítica y las nuevas dependencias
El Gobierno de Ortega se benefició del regionalismo bolivariano de Chávez mientras el precio del petróleo estuvo alto. Tres aspectos de esta colaboración:
– Nicaragua recibió petróleo subvencionado (bajo préstamo) que posteriormente revendía a otros países de CA, aunque siendo más caro en la propia Nicaragua;
– el petróleo sirvió a Venezuela para sus alianzas “antiimperialistas” regionales;
– y lo más destacable: durante varios años Chávez aportó unos 4.059 millones de dólares (Jarquín, 2016: 33) que no fueron a las arcas del Estado, sino a dos empresas denominada ALBANISA y CARUNA, controladas en Nicaragua por la familia Ortega-Murillo; CARUNA es prestamista a diversas entidades estatales, convirtiendo los préstamos en deuda pública. Con esa aportación la familia Ortega-Murillo se ha enriquecido y también le ha permitido cierto asistencialismo con algunas dádivas bajo las banderas del FSLN a sectores empobrecidos.
La crisis del petróleo y de Venezuela ha supuesto el cierre de esta desinteresada colaboración. La familia-gobierno, sin embargo, ha buscado otras alianzas: 1) con el capital chino para el Canal y proyectos aledaños, y 2) con Rusia para diversos proyectos militares, entre ellos la compra de 50 tanques T72 (lo que puede desatar una carrera armamentística en CA). Ambas alianzas se presentan bajo el lenguaje de antiimperialismo o como alianzas Sur-Sur, cuando en ambos casos son pura expansión económica y política.
5. La insurrección del pueblo de Nicaragua
La conjunción de todos esos factores produjo el estallido con el decreto-ley que recortaba las pensiones y los “nietos de la revolución” salieron a las calles. Inicialmente estudiantes universitarios urbanos, autoconvocados, usando los medios de Internet y ocupando las universidades públicas. Inmediatamente después, como respuesta a la represión desencadenada, se sumaron los demás sectores: campesinado anti-canal, movimiento de mujeres, pequeños empresarios y comerciantes, Iglesias, estudiantes de Secundaria... Todos ellos conformaron la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. El Gobierno se vio obligado a retirar el famoso decreto-ley.
La represión no se hizo esperar y el Gobierno Ortega-Murillo lanzó a las fuerzas policiales y a las denominadas turbas (compuestas por jóvenes pagados y por las Juventudes Sandinistas) contra toda la población civil desarmada. “Ortega ha hecho en estos dos meses -según afirma Hugo Torres, excomandante guerrillero-, una gran escuela del crimen, porque al involucrar a estos muchachos de las pandillas, organizarlos, armarlos y darles un manto de impunidad, los está convirtiendo en el futuro crimen organizado del país, en las futuras maras de Nicaragua, por eso Ortega ha convertido a Nicaragua en una gran escuela del crimen, en tanto ha recogido a toda la delincuencia para que defienda el poder de su familia” (La Prensa, 14-6-2018).                                                                                         
La represión se ha venido caracterizando por (ver resumen Informe de CIDH): el ametrallamiento indiscriminado sobre la población, incendios de domicilios y empresas, uso de armas especiales por francotiradores (disparos letales, tipo de casquillos, orientación de los disparos...), ejecuciones extrajudiciales, detenciones, torturas, obstáculos en el acceso a la atención médica, estigmatización y censura directa e indirecta...El sentido de tanta represión y violaciones de los derechos humanos es inducir terror en la población y tratar de desmovilizarla. A esto se llama terrorismo de Estado, al mejor estilo somocista. Sin embargo, la reacción popular ha ido aumentando y se han ido sumando tenuamente incluso los sectores del gran capital. La huelga general cívica del día 14 de junio paralizó la vida del país y los barrios populares de muchas ciudades y pueblos han construido tranques (barricadas) para impedir la entrada de policía o turbas. Monimbó ha vuelto a ser un ejemplo heroico contra la dictadura orteguista.
El Gobierno-familia ha venido haciendo oídos sordos a los informes de la CIDH, Amnistía Internacional y organismos de Derechos Humanos de Nicaragua. Al contrario, acusa a las víctimas de provocar los asesinatos y el desorden. Aceptó, no obstante, iniciar un Diálogo Nacional con la oposición de la Alianza Cívica por intermediación de la Iglesia católica. Las condiciones de la Alianza Cívica eran el cese de la represión, abandono del Gobierno y la democratización del país. Además, exigían la presencia de organismos internacionales para conocer la situación. Después de varias sesiones, el Gobierno únicamente ha aceptado la entrada en Nicaragua de expertos de la CIDH.

Nadie en su sano juicio puede aceptar como de izquierdas o progresista al actual Gobierno de la Familia Ortega-Murillo e Hijos SL

Las opciones que están en el tablero político, en definitiva, son las siguientes:
1)  El mantenimiento de la presión popular por la Alianza Cívica (colectivos de estudiantes, mujeres, campesinos y sociedad civil) a través de manifestaciones, tranques, desobediencia civil.... Su problema, sin embargo, es la falta de liderazgos claros, que seguramente se podrá ir gestando a la par del desarrollo de un movimiento ciudadano fuerte y extenso, capaz de enfrentar la represión que mantiene el Gobierno. Este movimiento puede recibir un gran apoyo internacional (OEA, UE...) y, sobre todo, de la solidaridad de las ONG y organizaciones sociales.
2)  La vía del diálogo, iniciada por la Iglesia católica como mediadora y aceptada por el Gobierno Ortega-Murillo, con el objetivo de dimisión del Gobierno por los sectores populares y suspensión de la represión, se ha convertido por ahora en un medio de distracción y dilación orteguista sin resultados. Ortega quiere dar la imagen de diálogo mientras mantiene la represión. No hay día sin asesinatos ni represión.
3)  La convocatoria de elecciones es una propuesta que el Gobierno podría llegar a asumir, pero inaceptable para la Alianza Cívica porque los Ortega-Murillo podrán continuar con su política represiva y no serían realmente democráticas.
Finalmente, algunas voces han achacado esta rebelión popular a la intervención del siempre malvado imperialismo norteamericano, como respuesta a todo lo que ocurre en el mundo, frente a las supuestas fuerzas de izquierda. El conocimiento de la realidad de Nicaragua es fundamental para poder entender esta rebelión y nadie en su sano juicio puede aceptar como de izquierdas o progresista al actual Gobierno de la Familia Ortega-Murillo e Hijos SL. Como bien dice el excomandante guerrillero y sandinista Henry Ruiz: “Ya no hay que seguir con ese discurso, refiriéndose a ellos como revolucionarios. Hay que acusarlos por lo que son; por usurpadores, por ladrones, por estafadores, unos hábiles manipuladores y mentirosos que han construido un cuento revolucionario, y vendérselo a la gente, más a la gente sencilla, aquella que busca un discurso en donde se le promete justicia e igualdad social porque abusan del poder político”. Añadiría algo más, por haber promovido el terrorismo de Estado.
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Fernando Cerezal es profesor emérito senior de Universidad de Alcalá y profesor honorario de la UNA N-León, Nicaragua.                       

Autor

• Fernando Cerezal