El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos
calificó el viernes de “lamentable” la situación en Venezuela, pidió crear una
comisión de investigación internacional y abogó por un “compromiso creciente”
de la Corte Penal Internacional (CPI).
“La situación de los derechos humanos de los venezolanos es
lamentable”, declaró Zeid Ra’ad Al Hussein en un comunicado, denunciando la
política de represión de los opositores, que incluyen ejecuciones
extrajudiciales, detenciones arbitrarias y la tortura con violencias sexuales,
simulacros de ejecución y descargas eléctricas.
“Cuando una caja de pastillas contra la hipertensión cuesta
más caro que el salario mínimo mensual y la leche en polvo para bebé más de dos
meses de salario, y cuando manifestar contra una situación así puede llevar a
la cárcel, la injusticia extrema de todo eso es flagrante”, advirtió.
Este informe sale después de la publicación de un primer
informe del Alto comisionado, publicado en agosto de 2017, que denunciaba ya
“el recurso generalizado y sistemático de la fuerza excesiva durante las
manifestaciones, y la detención arbitraria de manifestantes y presuntos
opositores políticos”.
El uso de la fuerza excesiva, detenciones arbitrarias,
torturas y malos tratamientos continúan, según el Alto Comisionado, quien
subraya que la represión llevada a cabo por las autoridades del Estado comenzó
en 2014.
Como las autoridades venezolanas rechazaron el acceso al país
a los expertos de la ONU, Zeid encargó un equipo de especialistas de derechos
humanos entrevistar a distancia a unas 150 personas, entre ellas víctimas y sus
familias, así como testigos, periodistas, abogados y médicos.
En conclusión, “teniendo en cuenta la magnitud y el alcance
de las violaciones”, el informe considera que los “Estados miembros del Consejo
de derechos humanos deben crear una comisión de investigación internacional”.
“Dado que el Estado no parece ni capaz ni dispuesto a
procesar a los autores de las violaciones graves de derechos humanos, hay
sólidas razones para pedir un compromiso creciente de la Corte Penal
Internacional”, subrayó el Alto comisionado.
Según el informe, continúan aplicándose los métodos para
“intimidar y reprimir a la oposición política o cualquier persona percibida
como amenaza para el gobierno” y “las detenciones se han vuelto más selectivas
que durante el periodo de las manifestaciones”, y son en contra activistas,
estudiantes, defensores de derechos humanos, trabajadores de los medios de
comunicación y miembros de las fuerzas armadas. (Con información de AFP).