El pasado domingo pasó lo que tenía que pasar. Lo ocurrido no
fue sino la consecuencia de un proceso ilegal y apresurado, convocado a
destiempo, diseñado con un evidente sesgo a favor de la candidatura del
Presidente Maduro, todo lo cual fue ampliamente registrado en sus diversos aspectos
por el Observatorio Electoral Venezolano (OEV), así como por otras
organizaciones. Fue el colofón de un proceso que se expresó en nuevas
transgresiones a las normas vigentes, emblematizadas ese día por el intento de
violar la libertad de los electores mediante acciones llevadas a cabo abierta e
impunemente por el oficialismo mediante el uso del Carnet de la Patria, lo que,
dicho sea de pasada, constituye la magnificación casi infinita del delito
–compra de votos con recursos públicos– que, sin mayores pruebas, se tradujo en
su momento en la “des proclamación” de los tres diputados de Amazonas y de la
circunscripción indígena sur, electos para la Asamblea Nacional en el año 2015.
Por otra parte, en la tarde del mismo domingo, en actos
separados e invocando cada uno sus razones, los candidatos Henri Falcón y
Javier Bertucci comunicaron al país que no reconocerían los resultados que un
poco más tarde anunciaría el Consejo Nacional Electoral (CNE), a la vez que
proponían la realización de una nueva consulta hacia finales de año.
Posteriormente, cabe advertirlo, Bertucci reconoció el triunfo del candidato,
pero dejando en pie sus reparos respecto a la manera como tuvo lugar la
elección.
En una alocución extremadamente breve, el CNE anunció, en
efecto, el triunfo del candidato Nicolás Maduro, al tiempo que indicaba que la
participación no alcanzaba el 50 por ciento, y sin que durante
su comunicación hubiese alguna alusión a la posición asumida por los
mencionados candidatos y dejase ver que su grave acusación pudiera tener alguna
consecuencia sobre los resultados dados a conocer.
Dentro de este marco, luego de la intervención de la
Presidenta Tibisay Lucena, el rector del CNE, Luis Emilio Rondón,
declaró “… su no aceptación a estos resultados…”, destacando “…el
incumplimiento a la normativa electoral, así como a los acuerdos suscritos por
los propios candidatos…”, al tiempo que ponía a la orden de los
candidatos su oficina “para atender las denuncias y esclarecer” los reparos que
se pudiesen tener respecto a estos comicios. Tampoco en este caso hubo
declaración alguna por parte de las autoridades electorales, lo que no deja de
sorprender.
En virtud de lo anteriormente expresado, el OEV estima que lo
ocurrido en el evento electoral del domingo 20 de mayo, dejó en los
venezolanos la convicción generalizada de encontrarse ante unos comicios que no
cumplieron los requisitos mínimos necesarios para ser calificados de
imparciales, equitativos, transparentes y, por ende, confiables. Fue, por
tanto, un evento que dejó dudas en las cifras emitidas y que puso de manifiesto
las actuales inconsistencias de nuestro arbitraje electoral, derivadas
fundamentalmente de su actuación parcializada. Dudas que comenzaron a generarse desde
el momento mismo en que la
Asamblea Nacional Constituyente llamo a la realización de los comicios.
Tenemos, pues, al Presidente Maduro reelegido en medio de incidentes que
cuestionan severamente la legitimidad de su nombramiento.
Después de realizados las pasadas elecciones, el país sigue,
entonces, enganchado en su crisis, aun cuando ésta cobró otras dimensiones y
características que obligan a los diversos actores políticos a repensar su
responsabilidad en la elaboración de los consensos necesarios para hacerle
frente a los graves desacomodos económicos y sociales que confronta
Venezuela.
OEV, 21 de mayo de 2018
