Frente al caso de los 120 niños que tenían previsto viajar a
Perú expresamos lo siguiente: Es necesario desarrollar una investigación
exhaustiva e imparcial que permita identificar con certeza los hechos,
verificar las condiciones jurídicas, sociales y emocionales de cada niño y adoptar todas la
medidas que sean necesarias para protegerlos y evitar someternos a situaciones
de tensión, estrés, incertidumbre o violencia.
Reivindicamos el derecho que tienen a los niños a vivir, crecer y
desarrollarse con su familia. Es obligación del Estado generar todas las
condiciones y oportunidades para que los niños se les garanticen este derecho.
Rechazamos cualquier intento de estigmatizar o criminalizar
sin un análisis previo a las familias que por diversos motivos se encuentren
separadas dentro o fuera del país.
Los niños tienen derecho al libre tránsito. Sin embargo,
cualquier viaje o traslado de un niño fuera del país debe cumplir con todas las
formalidades legales.
Por ello, es necesario que el Estado garantice procedimientos
claros, uniformes, sencillos y gratuitos para que cualquier padre o madre pueda
otorgar las autorizaciones correspondientes.
Se deben evitar declaraciones o acusaciones a priori en
relación a los adultos involucrados en estos hechos sin haber realizado una
investigación con todas las garantías procesales establecidas en la ley.
Una vez más hacemos un llamado a las autoridades y los
ciudadanos a priorizar la protección de los niños sin ningún tipo de
discriminación.
