como no, el cese definitivo de la violencia y la creación de mecanismos de implementación y verificación de todo lo acordado. El contexto actual invita al optimismo, aun cuando los actores deben mostrarse prudentes y responsables para transitar con éxito el largo camino que queda por delante. Con el Acuerdo, la sociedad colombiana pone fin a 50 años de guerra y afronta ahora el reto de materializar la paz en todos los rincones de la geografía colombiana.
IVÁN MÁRQUEZ
Jefe de la Delegación de Paz de las FARC-EP en la Mesa de Conversaciones, miembro de la Comisión de Seguimiento e Impulso a la Verificación (CSIVI) y miembro del Secretariado de las FARC-EP
Crédito imagen: twitter de Ivan Márquez, @IvanMarquezFARC
La presente entrevista tuvo lugar mediante un intercambio de preguntas escritas el día 26 de marzo de 2017, en Cartagena de Indias, Colombia. El trámite contó con la intercesión de Enrique Santiago, abogado y asesor jurídico de las FARC-EP en la Mesa de Conversaciones y en la CSIVI.
¿Qué razones llevaron a las FARC-EP a decidir que era de iniciar el proceso de paz con el gobierno de Colombia?
La decisión de dialogar no es coyuntural. Para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), la búsqueda de una salida dialogada a la confrontación forma parte de la columna vertebral del planteamiento político estratégico; ello ha sido una constante, y es por esta razón que en la historia de nuestra organización existen muchos momentos en los que se intentaron aproximaciones y desarrollos en esta materia, empeños que desafortunadamente resultaron fallidos debido a la intransigencia y a los incumplimientos gubernamentales. El origen mismo de las FARC-EP está antecedido por un intento claro de los campesinos del territorio de Marquetalia de buscar una solución pacífica de sus problemas con el gobierno de Guillermo León Valencia (1962-1964). En ese propósito trabajaron muchos sectores sociales, pero no fue posible y lo que se produjo fue el ataque a aquella pequeña región del Tolima en 1964, iniciándose con ello la subsiguiente guerra de resistencia que se prolongó por más de medio siglo.
Entre los intentos de solución podemos recordar que a iniciativa de las FARC-EP se dieron los Diálogos de la Uribe durante el Gobierno de Belisario Betancourt (1982-1986), los Diálogos de Caracas (1991), los Diálogos de Tlaxcala (1992) y los Diálogos del Caguán (1999). De tal manera que la decisión siempre ha estado presente junto con una disposición también constante a interlocutar con el gobierno que de verdad expresara su interés en resolver por la vía del dialogo tanto las causas económicas, sociales y políticas de la confrontación, como sobre todo de la exclusión, miseria y desigualdad. Ahora, respecto a los Diálogos de la Habana (2012-2016), en la medida en que el Gobierno buscó aproximaciones y mostró voluntad de querer abordar estos asuntos, se decidió iniciar una primera etapa reservada para consensuar una agenda de negociación, para pasar posteriormente a una etapa pública que condujo al Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.
La correcta implementación del Acuerdo de Paz modernizará el país y consolidará un Estado de derecho plenamente democrático
Para ustedes, ¿en qué se diferenció este proceso de paz respecto a las pasadas experiencias que apuntaba?
Definitivamente en esta ocasión se mostró la disposición y la voluntad de querer llegar a soluciones. Esta predisposición fue aumentando a medida que transcurrían las conversaciones, comenzando por la construcción misma de la agenda de negociación. Posteriormente el debate y el acuerdo sobre Reforma Rural Integral elevó la confianza entre las partes en torno a la posibilidad cierta de llegar a la firma de la paz. Me gustaría destacar que en esta ocasión se consiguió llegar a soluciones concretas a los verdaderos problemas causales de la confrontación, lo cual fue fundamental para el avance. Estas respuestas prácticas se dieron solamente en los Diálogos de la Uribe que entonces sirvieron de plataforma para el lanzamiento de la Unión Patriótica en 1985. Desafortunadamente la guerra sucia y el paramilitarismo de Estado aniquilaron esas conquistas. Ahora pienso que hubo más énfasis en estas concreciones de compromisos, cuyos resultados son el tratado de paz que tenemos hoy día y que hemos comenzado a implementar.
Finalmente, me gustaría añadir que en este proceso el papel de países garantes como Cuba y Noruega, y el de acompañantes como Venezuela y Chile, también marcaron con su compromiso y abnegación una garantía y apoyo que antes no hubo en lo que respecta a la implicación de la comunidad internacional.
¿De qué manera se logró el apoyo de todos los integrantes de las FARC-EP en el proceso de paz? ¿Cuáles fueron los mayores retos y los mayores temores de sus integrantes?
Pienso que en la medida en que la política de paz y la búsqueda del diálogo han sido parte esencial de la línea estratégica de las FARC-EP, tal asunto está en la formación ideológica y política de nuestra militancia. Esa es la base sólida que ha garantizado nuestro consenso interno en ese campo. Y esto se acompaña de la cohesión y la unidad de mando que históricamente han tenido las FARC-EP. De esta manera, en tanto que las aproximaciones con el Gobierno se informaron suficientemente desde el inicio, y se consultaron con las bases, nadie se vio sorprendido por ninguna determinación de fondo. Podemos decir que las determinaciones se fueron construyendo desde las bases y con el ejercicio de la dirección colectiva. Esta realidad se observó de manera clara en las conclusiones a las que se llegó en las reuniones de Dirección y en la X Conferencia Nacional de Guerrilleros donde la refrendación de lo acordado en La Habana fue plena y contundente. Lo mismo se puede decir de la determinación a dar el paso a la legalidad, no queriendo decir esto que no hubiera discusión, controversia y dificultades. Pero en todo caso el centralismo democrático siempre resolvió las diferencias.
Definitivamente en esta ocasión se mostró la disposición y la voluntad de querer llegar a soluciones. Esta predisposición fue aumentando a medida que transcurrían las conversaciones, comenzando por la construcción misma de la agenda de negociación. Posteriormente el debate y el acuerdo sobre Reforma Rural Integral elevó la confianza entre las partes en torno a la posibilidad cierta de llegar a la firma de la paz. Me gustaría destacar que en esta ocasión se consiguió llegar a soluciones concretas a los verdaderos problemas causales de la confrontación, lo cual fue fundamental para el avance. Estas respuestas prácticas se dieron solamente en los Diálogos de la Uribe que entonces sirvieron de plataforma para el lanzamiento de la Unión Patriótica en 1985. Desafortunadamente la guerra sucia y el paramilitarismo de Estado aniquilaron esas conquistas. Ahora pienso que hubo más énfasis en estas concreciones de compromisos, cuyos resultados son el tratado de paz que tenemos hoy día y que hemos comenzado a implementar.
Finalmente, me gustaría añadir que en este proceso el papel de países garantes como Cuba y Noruega, y el de acompañantes como Venezuela y Chile, también marcaron con su compromiso y abnegación una garantía y apoyo que antes no hubo en lo que respecta a la implicación de la comunidad internacional.
¿De qué manera se logró el apoyo de todos los integrantes de las FARC-EP en el proceso de paz? ¿Cuáles fueron los mayores retos y los mayores temores de sus integrantes?
Pienso que en la medida en que la política de paz y la búsqueda del diálogo han sido parte esencial de la línea estratégica de las FARC-EP, tal asunto está en la formación ideológica y política de nuestra militancia. Esa es la base sólida que ha garantizado nuestro consenso interno en ese campo. Y esto se acompaña de la cohesión y la unidad de mando que históricamente han tenido las FARC-EP. De esta manera, en tanto que las aproximaciones con el Gobierno se informaron suficientemente desde el inicio, y se consultaron con las bases, nadie se vio sorprendido por ninguna determinación de fondo. Podemos decir que las determinaciones se fueron construyendo desde las bases y con el ejercicio de la dirección colectiva. Esta realidad se observó de manera clara en las conclusiones a las que se llegó en las reuniones de Dirección y en la X Conferencia Nacional de Guerrilleros donde la refrendación de lo acordado en La Habana fue plena y contundente. Lo mismo se puede decir de la determinación a dar el paso a la legalidad, no queriendo decir esto que no hubiera discusión, controversia y dificultades. Pero en todo caso el centralismo democrático siempre resolvió las diferencias.
En esta ocasión se mostró la disposición y la voluntad de querer llegar a soluciones concretas para los problemas causales de la confrontación
¿Cuál fue el momento más crítico para ustedes durante el proceso de paz?
El momento más difícil fue en el 2015, cuando el Estado en respuesta al ataque del Bloque Móvil –que produjo la baja de 14 soldados en Buenos Aires (Cauca) que adelantaban operaciones contra la guerrilla en la tregua unilateral–, bombardeó nuestras posiciones provocando la muerte de 30 guerrilleros en Guapi (Nariño). Por esos mismos días, en acciones de francotiradores, fueron abatidos por el Ejército en el río Atrato, el comandante del 18 Frente Román Ruiz y Emiro Jiménez, quien había participado en la Delegación de las FARC-EP en la Mesa de Diálogos en La Habana y se encontraba en los campamentos, explicando la marcha del proceso de conversaciones. A estos hechos luctuosos siguió una acción generalizada contra la infraestructura del Estado, recrudeciéndose así la confrontación, lo que generó grandes tensiones en la Mesa de Diálogo. Todo esto fue el resultado de una lógica absurda por parte del Gobierno que consistía en que en La Habana se debía dialogar como si no hubiese guerra en Colombia, y en Colombia se debía proseguir la guerra como si no hubiese conversaciones de paz. Finalmente se impuso el sentido común que obligó a las partes a convenir un desescalamiento de la guerra y un cese bilateral, de hecho, del fuego y las hostilidades, que se mantuvo hasta la firma del Acuerdo de Paz.
¿Consideran ustedes que el Acuerdo definitivo es un mejor acuerdo?
El Acuerdo final es el producto de cerca de cinco años de discusiones con posiciones a veces diametralmente opuestas en cada lado de la Mesa de Diálogo. Durante los cuatro años de negociaciones se produjo una intensa batalla de ideas en la que de nuestro lado se procuraba buscar las máximas reivindicaciones para los sectores sociales más desfavorecidos del país. Siempre estuvimos hablando en nombre de las pobrerías tratando de construir nuestras propuestas a partir de las plataformas y pliegos reivindicativos de organizaciones y movimientos sociales. A eso nosotros le llamamos propuestas mínimas y siempre estuvimos adelante en la iniciativa, dándolas a conocer públicamente antes de llevarlas a la discusión directa con el gobierno. De este modo presentamos 100 propuestas mínimas para la Reforma Rural Integral, 100 propuestas para la Participación Política, alrededor de 50 propuestas para el tema de la nueva política antidrogas, 100 propuestas para el tema víctimas y 70 propuestas mínimas para garantizar el fin del conflicto, la reconciliación nacional y la construcción de la paz estable y duradera, etc.
De estas iniciativas creemos que se logró introducir aproximadamente el 10% de temáticas que consideramos “mínimas” para construir al menos un Estado de derecho que genere espacios para iniciar la apertura democrática que requiere el país. No se trató de que nosotros lleváramos a la Mesa de Diálogo el programa revolucionario de las FARC-EP, en ningún caso. Reitero que eran propuestas mínimas para dar pasos firmes hacia la democracia. De esta manera puedo afirmar que lo ideal hubiese sido que se incluyera el 100% de las reivindicaciones populares, y ese sería el mejor Acuerdo. Pero somos dos partes en la Mesa y lo que se firmó es lo que se logró, lo cual indudablemente y pese a que dejamos 48 salvedades muy importantes, si se cumple puede producir un salto verdaderamente revolucionario en nuestra sociedad en favor de las mayorías empobrecidas. La correcta implementación del Acuerdo Final tendrá como resultado la modernización de país y la consolidación de un Estado de derecho plenamente democrático.
Temas como poner freno al latifundio, a la extranjerización de la tierra, a la doctrina de la seguridad nacional y del enemigo interno, la democratización de la propiedad de los medios de comunicación, los problemas urbanos, etc., quedaron como salvedades y planteados en perspectiva constituyente. A su solución no hemos renunciado, y por ello es importante destacar la precisión que se hace en el noveno párrafo de la introducción del Acuerdo de La Habana: en él se establece que “el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, con el ánimo de consolidar aún más las bases sobre las que se edificará la paz y la reconciliación nacional, una vez realizado el plebiscito, convocarán a todos los partidos, movimientos políticos y sociales, y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran Acuerdo Político Nacional encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social”.
Pero en todo caso lo que sí podemos afirmar es que el Acuerdo posterior al 2 de octubre precisó y mejoró la redacción del Acuerdo que se puso en consideración plebiscitaria, considerando que la esencia de los dos es la misma.
¿Cuál es la expectativa que las FARC-EP tienen sobre el posible número de disidentes?
Este es un tema menor frente al enorme nivel de cohesión y compromiso con la paz que tiene el conjunto de las estructuras de las FARC-EP. No ha habido lo que dicen algunas desinformaciones de prensa sobre la existencia de frentes o columnas completas de las FARC-EP en tal situación de disidencia. Por ejemplo, se habló del Frente Primero como el caso más sonado; pero en realidad fue un grupo de dicho Frente no mayor a una compañía (54 unidades) el que tomó tal determinación. Y en ello hay, desde causas que obedecen a la falta de información o comunicación con estas unidades sobre las cuales, de una u otra forma, la propaganda anti-acuerdo también tiene su peso. Aunque sea un fenómeno excepcional y menor, como ya dije, no por ello deja de ser preocupante. A mi modo de ver, hay que persistir en buscar aproximaciones y entendimiento con estas unidades, tal como lo dispuso la X Conferencia de las FARC-EP. La solución no debe ser abrir la confrontación con ellos. Nunca será tarde para escuchar razones y buscar soluciones incruentas.
El momento más difícil fue en el 2015, cuando el Estado en respuesta al ataque del Bloque Móvil –que produjo la baja de 14 soldados en Buenos Aires (Cauca) que adelantaban operaciones contra la guerrilla en la tregua unilateral–, bombardeó nuestras posiciones provocando la muerte de 30 guerrilleros en Guapi (Nariño). Por esos mismos días, en acciones de francotiradores, fueron abatidos por el Ejército en el río Atrato, el comandante del 18 Frente Román Ruiz y Emiro Jiménez, quien había participado en la Delegación de las FARC-EP en la Mesa de Diálogos en La Habana y se encontraba en los campamentos, explicando la marcha del proceso de conversaciones. A estos hechos luctuosos siguió una acción generalizada contra la infraestructura del Estado, recrudeciéndose así la confrontación, lo que generó grandes tensiones en la Mesa de Diálogo. Todo esto fue el resultado de una lógica absurda por parte del Gobierno que consistía en que en La Habana se debía dialogar como si no hubiese guerra en Colombia, y en Colombia se debía proseguir la guerra como si no hubiese conversaciones de paz. Finalmente se impuso el sentido común que obligó a las partes a convenir un desescalamiento de la guerra y un cese bilateral, de hecho, del fuego y las hostilidades, que se mantuvo hasta la firma del Acuerdo de Paz.
¿Consideran ustedes que el Acuerdo definitivo es un mejor acuerdo?
El Acuerdo final es el producto de cerca de cinco años de discusiones con posiciones a veces diametralmente opuestas en cada lado de la Mesa de Diálogo. Durante los cuatro años de negociaciones se produjo una intensa batalla de ideas en la que de nuestro lado se procuraba buscar las máximas reivindicaciones para los sectores sociales más desfavorecidos del país. Siempre estuvimos hablando en nombre de las pobrerías tratando de construir nuestras propuestas a partir de las plataformas y pliegos reivindicativos de organizaciones y movimientos sociales. A eso nosotros le llamamos propuestas mínimas y siempre estuvimos adelante en la iniciativa, dándolas a conocer públicamente antes de llevarlas a la discusión directa con el gobierno. De este modo presentamos 100 propuestas mínimas para la Reforma Rural Integral, 100 propuestas para la Participación Política, alrededor de 50 propuestas para el tema de la nueva política antidrogas, 100 propuestas para el tema víctimas y 70 propuestas mínimas para garantizar el fin del conflicto, la reconciliación nacional y la construcción de la paz estable y duradera, etc.
De estas iniciativas creemos que se logró introducir aproximadamente el 10% de temáticas que consideramos “mínimas” para construir al menos un Estado de derecho que genere espacios para iniciar la apertura democrática que requiere el país. No se trató de que nosotros lleváramos a la Mesa de Diálogo el programa revolucionario de las FARC-EP, en ningún caso. Reitero que eran propuestas mínimas para dar pasos firmes hacia la democracia. De esta manera puedo afirmar que lo ideal hubiese sido que se incluyera el 100% de las reivindicaciones populares, y ese sería el mejor Acuerdo. Pero somos dos partes en la Mesa y lo que se firmó es lo que se logró, lo cual indudablemente y pese a que dejamos 48 salvedades muy importantes, si se cumple puede producir un salto verdaderamente revolucionario en nuestra sociedad en favor de las mayorías empobrecidas. La correcta implementación del Acuerdo Final tendrá como resultado la modernización de país y la consolidación de un Estado de derecho plenamente democrático.
Temas como poner freno al latifundio, a la extranjerización de la tierra, a la doctrina de la seguridad nacional y del enemigo interno, la democratización de la propiedad de los medios de comunicación, los problemas urbanos, etc., quedaron como salvedades y planteados en perspectiva constituyente. A su solución no hemos renunciado, y por ello es importante destacar la precisión que se hace en el noveno párrafo de la introducción del Acuerdo de La Habana: en él se establece que “el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, con el ánimo de consolidar aún más las bases sobre las que se edificará la paz y la reconciliación nacional, una vez realizado el plebiscito, convocarán a todos los partidos, movimientos políticos y sociales, y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran Acuerdo Político Nacional encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social”.
Pero en todo caso lo que sí podemos afirmar es que el Acuerdo posterior al 2 de octubre precisó y mejoró la redacción del Acuerdo que se puso en consideración plebiscitaria, considerando que la esencia de los dos es la misma.
¿Cuál es la expectativa que las FARC-EP tienen sobre el posible número de disidentes?
Este es un tema menor frente al enorme nivel de cohesión y compromiso con la paz que tiene el conjunto de las estructuras de las FARC-EP. No ha habido lo que dicen algunas desinformaciones de prensa sobre la existencia de frentes o columnas completas de las FARC-EP en tal situación de disidencia. Por ejemplo, se habló del Frente Primero como el caso más sonado; pero en realidad fue un grupo de dicho Frente no mayor a una compañía (54 unidades) el que tomó tal determinación. Y en ello hay, desde causas que obedecen a la falta de información o comunicación con estas unidades sobre las cuales, de una u otra forma, la propaganda anti-acuerdo también tiene su peso. Aunque sea un fenómeno excepcional y menor, como ya dije, no por ello deja de ser preocupante. A mi modo de ver, hay que persistir en buscar aproximaciones y entendimiento con estas unidades, tal como lo dispuso la X Conferencia de las FARC-EP. La solución no debe ser abrir la confrontación con ellos. Nunca será tarde para escuchar razones y buscar soluciones incruentas.
Habría que elevar el compromiso de inversiones al menos al 3% anual si se quieren cambios de fondo como los que plantea el Acuerdo, procurando sin duda la mayor ayuda internacional posible
¿Cuáles son para ustedes los mayores riesgos de la implementación de lo acordado en los territorios del país?
El mayor riesgo siempre será el de que la confianza se pierda porque persista la guerra sucia y la acción siniestra y terrible del fenómeno del paramilitarismo en contra del conjunto del movimiento social. Otro riesgo es que el Gobierno no cumpla la palabra empeñada, ya sea por negligencia o por incompetencia, o ya sea porque los sectores del establishment que se oponen a la paz logren imponerse. Creemos que los Acuerdos tienen un buen blindaje jurídico que compromete a los dos siguientes gobiernos en su cumplimiento. Este blindaje debe fortalecerse con el Plan Marco de la implementación; no obstante existe una enorme dificultad financiera en el sentido de que ni el presupuesto de 2017 ni el Plan Nacional de Desarrollo en su redacción actual no comprometieron recursos en labores de paz. Esperamos que esto lo corrija el Plan Marco de la implementación. Sin duda habrá que comprometer mucho más que el 1% del Producto Interior Bruto que se pretende; habría que elevar el compromiso de inversiones al menos al 3% anual si se quieren cambios de fondo como los que plantea el Acuerdo, procurando sin duda la mayor ayuda internacional posible.
Al respecto de todo esto, creo que la reunión de balance y búsqueda de soluciones del 25 y 26 de marzo de 2016 en Cartagena de Indias, realizada por la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación da un impulso bastante grande al proceso en lo que respecta al cumplimiento de compromisos. El comunicado conjunto número 17 emitido en esta última fecha recoge suficientemente elementos que refuerzan este punto de vista.
¿Qué mensaje le darían ustedes a los miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en esta nueva fase de negociaciones que se ha abierto recientemente con el gobierno de Colombia?
Durante mucho tiempo coincidimos con el ELN y así sigue siendo, en la consigna y propósito de tener “dos mesas y un mismo proceso”. El proceso de paz debe mirarse como uno solo para Colombia, de manera que exista una Mesa de Diálogo en Quito con el ELN y otra en Bogotá procurando la implementación de lo acordado con las FARC-EP. En esto sentido, la mejor manera de persuadir a un movimiento revolucionario con larga tradición de lucha, como es el caso del ELN, es que el gobierno cumpla el acuerdo de La Habana, no con las FARC-EP sino con todo el país, porque este compromiso es con toda Colombia. Nosotros verdaderamente, siempre respetando la soberanía política del ELN y reconociendo su voluntad de paz, alentamos a su militancia a seguir adelante porque el destino de Colombia no puede ser el de la guerra.
El mayor riesgo siempre será el de que la confianza se pierda porque persista la guerra sucia y la acción siniestra y terrible del fenómeno del paramilitarismo en contra del conjunto del movimiento social. Otro riesgo es que el Gobierno no cumpla la palabra empeñada, ya sea por negligencia o por incompetencia, o ya sea porque los sectores del establishment que se oponen a la paz logren imponerse. Creemos que los Acuerdos tienen un buen blindaje jurídico que compromete a los dos siguientes gobiernos en su cumplimiento. Este blindaje debe fortalecerse con el Plan Marco de la implementación; no obstante existe una enorme dificultad financiera en el sentido de que ni el presupuesto de 2017 ni el Plan Nacional de Desarrollo en su redacción actual no comprometieron recursos en labores de paz. Esperamos que esto lo corrija el Plan Marco de la implementación. Sin duda habrá que comprometer mucho más que el 1% del Producto Interior Bruto que se pretende; habría que elevar el compromiso de inversiones al menos al 3% anual si se quieren cambios de fondo como los que plantea el Acuerdo, procurando sin duda la mayor ayuda internacional posible.
Al respecto de todo esto, creo que la reunión de balance y búsqueda de soluciones del 25 y 26 de marzo de 2016 en Cartagena de Indias, realizada por la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación da un impulso bastante grande al proceso en lo que respecta al cumplimiento de compromisos. El comunicado conjunto número 17 emitido en esta última fecha recoge suficientemente elementos que refuerzan este punto de vista.
¿Qué mensaje le darían ustedes a los miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en esta nueva fase de negociaciones que se ha abierto recientemente con el gobierno de Colombia?
Durante mucho tiempo coincidimos con el ELN y así sigue siendo, en la consigna y propósito de tener “dos mesas y un mismo proceso”. El proceso de paz debe mirarse como uno solo para Colombia, de manera que exista una Mesa de Diálogo en Quito con el ELN y otra en Bogotá procurando la implementación de lo acordado con las FARC-EP. En esto sentido, la mejor manera de persuadir a un movimiento revolucionario con larga tradición de lucha, como es el caso del ELN, es que el gobierno cumpla el acuerdo de La Habana, no con las FARC-EP sino con todo el país, porque este compromiso es con toda Colombia. Nosotros verdaderamente, siempre respetando la soberanía política del ELN y reconociendo su voluntad de paz, alentamos a su militancia a seguir adelante porque el destino de Colombia no puede ser el de la guerra.
