Alianza por la
Libertad de Expresión exige el cese de la represión
La Alianza por la Libertad de Expresión, integrada
por representantes de las universidades, gremios y organizaciones no
gubernamentales, que se ocupan de velar y resguardar el derecho a la
libertad de expresión y la libertad de prensa en Venezuela, alerta
sobre el recrudecimiento de las violaciones al derecho a la libertad de
expresión durante los últimos 60 días manifestaciones públicas. Las protestas
son en rechazo a la ruptura del orden democrático, tras las decisiones del
Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y recientes actuaciones del Ejecutivo
de impulsar de forma ilegítima una asamblea nacional constituyente.
En Venezuela tenemos un contexto de inestabilidad institucional derivado
del condicionamiento a la labor parlamentaria, a través de la vía judicial, que
tuvo su máxima expresión en la usurpación de las atribuciones de la Asamblea
Nacional mediante las sentencias 155 y 156, con fechas 28 y 29 de marzo de
2017, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Además
de la prolongación sucesiva del estado de excepción y emergencia económica, por
parte del Ejecutivo Nacional, lo que debilita aún más la garantía de los
derechos fundamentales.
Desde el 28 de marzo se han registrado más de 160
casos que violentaron el derecho a la libertad de expresión y a la búsqueda o
difusión de información. Estos hechos afectaron a más 200 personas entre
periodistas, reporteros gráficos, camarógrafos, medios de comunicación, y
trabajadores de medios.
Como Alianza por la Libertad de Expresión,
rechazamos las constantes agresiones físicas contra periodistas e
infociudadanos, el robo de equipos, el hostigamiento contra la prensa
extranjera, desalojos hostiles de zonas de cobertura, las amenazas y
detenciones arbitrarias, los bloqueos de sitios web, las acciones de
vigilancia policial y persecución a través de redes sociales y, más
recientemente, la confiscación de pasaportes para aplicar de facto una
prohibición de salida del país.
Como organizaciones de la sociedad civil, alertamos
sobre la constante amenaza al ejercicio efectivo de derechos a la
asociación y protesta pacífica. La represión estatal ha escalado en intensidad
y formas, por el uso excesivo e indiscriminado de bombas lacrimógenas vencidas,
el lanzamiento de estas bombas al cuerpo de los manifestantes a pocos metros de
distancia, ataque a zonas residenciales, la detención arbitraria de
manifestantes, unas 2815 personas fueron arrestadas y de ellos, 1240 todavía
continúan detenidas y procesadas ante tribunales civiles y militares. Según el
último balance del Ministerio Público, 55 personas resultaron asesinadas
durante hechos de violencia suscitados en el contexto de manifestaciones y unas
1000 personas lesionadas.
Las medidas ejecutivas y judiciales, en contra de lo establecido en la Constitución, fortalecen una mayor militarización de la sociedad de cara a criminalizar tanto a las voces críticas como a los mensajeros de la información necesaria para el debate. El resultado es una sociedad desinformada e inhibida gracias a la violencia institucional materializada tanto en el discurso y la acción de funcionarios, cuerpos de seguridad, civiles y militares (Guardia Nacional Bolivariana y Policía Nacional Bolivariana), como por grupos de civiles armados que fungen como equipos de choque en la convocatoria de manifestaciones, y actúan bajo la omisión cómplice del Estado.
En respeto a los Artículos 57 y 58 de la Constitución, la Alianza por la
Libertad de Expresión exige a las autoridades del Estado:
·
Garantizar la seguridad de los
periodistas e infociudadanos en la búsqueda y difusión de información y
condenar enérgicamente la violencia contra los comunicadores durante la
cobertura de calle, tanto por cuerpos de seguridad como por grupos violentos.
·
Cesar el discurso violento y agraviante
sistemático contra la labor de los periodistas y medios de comunicación que
afecta negativamente las garantías de la libertad de expresión y el derecho a
la información.
·
Cesar la represión indiscriminada
contra protestas pacíficas en tanto constituye modalidades violatorias de
garantías fundamentales (delitos que no prescriben), además de evidenciar
ensañamiento contra sectores de la población por razones políticas.
·
Respetar y cumplir, de manera
inmediata, las obligaciones internacionales en libertad de expresión e
información, e implementar las recomendaciones, resoluciones y decisiones tanto
de Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos en esta
materia.
·
Hacer efectivas las medidas de
protección que dictó el Ministerio Público a favor de los periodistas para que
puedan hacer su labor sin riesgos ni amenazas.
·
Garantizar el acceso a una justicia
imparcial y el establecimiento efectivo de procesos judiciales que rompan con
el círculo de impunidad que rodea a los delitos y violaciones cometidas contra
periodistas y trabajadores de la prensa en el ejercicio de sus funciones
informativas.
·
Garantizar, sin demoras, los principios
de pluralidad y diversidad en los medios de comunicación y plataformas
digitales, para evitar las órdenes de bloqueos y censura, y se respete el
derecho a la información.
·
Abstenerse de usar grupos organizados
para criminalizar y vigilar la expresión de los ciudadanos que manifiestan
expresiones de disidencia a través de las redes sociales
·
Cesar de manera inmediata las presiones
y acciones desde diversas instancias públicas, contra los medios de
comunicación y proveedores de servicios radioeléctricos y de Internet, que
derivan en censura y afectan el derecho de los ciudadanos a estar informados de
manera pertinente, adecuada y oportuna.
·
Cesar la difusión de información falsa
por parte de altos funcionarios del gobierno, sobre todo en relación a
hipótesis sobre asesinatos de manifestantes, declaraciones que afectan
las investigaciones de los órganos competentes, y promueve mayor
desinformación.
·
Garantizar en todos los medios impresos
y audiovisuales controlados por el ejecutivo espacios para la libre expresión
de las diversas corrientes de opinión, conforme al precepto constitucional
pluralista
Caracas 31 de mayo de 2017
Centro de Derechos
Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
Centro de
Investigación de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello
Colegio Nacional de
Periodistas
Comité por una
Radiotelevisión de Servicio Público
Dirección de
Publicaciones de la UCAB
Escuela de
Comunicación Social de la UCAB
Espacio Público
Expresión Libre
Instituto de
Investigaciones de a Comunicación, ININCO UCV
Instituto Prensa y
Sociedad – Venezuela (Ipys)
Periodistas y Punto
Postgrado en
Comunicación Social y Publicidad de la Universidad Católica Andrés Bello
Revista Comunicación
del Centro Gumilla
Ser Investigación y
Comunicación
Transparencia
Venezuela
