manifestaciones masivas e ininterrumpidas en todo el territorio nacional, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) afirma que el país vive su primera rebelión popular del siglo XXI, por la exigencia de libertades democráticas y la vigencia de los derechos humanos.
La conclusión no es retórica condimentada.
Esta se basa en elementos cuantitativos y cualitativos que sustentan la
afirmación, desde una perspectiva de exigencia de derechos, tomando en
cuenta las siguientes variables:
1. Extensión cronológica: el ciclo de movilizaciones, que se inició el 1 de abril de 2017 en Caracas -un día después del reconocimiento de ruptura del hilo constitucional
por parte de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz-, se
ha mantenido ininterrumpido hasta el 10 de mayo (fecha de redacción del
presente texto), es decir, durante cuarenta días continuos.
2. Extensión geográfica: las
protestas han ocurrido en los 24 estados del país, tanto en las ciudades
principales como en pueblos y comunidades pequeñas.
3. Cantidad de protestas realizadas:
hasta el 7 de mayo se habrían realizado 946 manifestaciones en todo el
país, según datos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social,
un promedio de casi 26 protestas diarias.
4. Desterritorialización de la protesta: a
diferencia de movilizaciones anteriores contra el proyecto bolivariano,
el descontento se ha expresado en todas las capas de la sociedad y en
comunidades que anteriormente eran identificadas como bastiones del oficialismo, disolviendo la polarización del territorio urbano que caracterizó la política venezolana durante mucho tiempo.
Esta situación está siendo propiciada por
el aumento de la pobreza y la exclusión; la grave escasez de alimentos y
medicinas que deteriora la calidad de vida de la ciudadanía -sobre todo
de los más pobres- y atenta contra los derechos a la salud y la
alimentación, comprometiendo la vida de millones de venezolanos; la
frustración ante cientos de promesas que supuestamente garantizarían un
mejor vivir; la ausencia de respuestas por parte de las autoridades ante
las demandas ciudadanas; el aumento de la violencia y los abusos
policiales en las comunidades pobres del país mediante operativos como
el OLP, entre otros.
San Félix, el otrora bastión del chavismo en Bolívar, corrió a Maduro con piedras e insultos el pasado 11 de abril | Foto Archivo
5. Contexto no democrático en el que ocurren: las protestas representan la resistencia ciudadana contra la dictadura instaurada en el país a partir de cuatro decisiones:
a) Sustituir el orden constitucional por un Decreto de Estado de Excepción;
b) Suspensión indefinida del derecho a la participación popular mediante el voto;
c) Derogación de las competencias de la Asamblea Nacional y violación de la inmunidad parlamentaria;
d) Políticas económicas
que han generado el aumento de la pobreza y exclusión sin posibilidad de
garantizar derechos sociales. Estas medidas han extinguido el Estado de
Derecho en Venezuela, impidiendo la garantía para los derechos
políticos, civiles, económicos, sociales y culturales de la población.
6. Diferentes actores de la represión que no logran inhibir la protesta ciudadana: el Plan Zamora,
aplicado a partir del pasado 19 de abril y sustentado en el Decreto de
Estado de Excepción y Emergencia Económica, ha institucionalizado la
participación conjunta de la Fuerza Armada, Policía Nacional
Bolivariana, Sebin y organizaciones paramilitares en labores de
represión a manifestaciones, bajo una lógica bélica que se ampara en la
doctrina de la seguridad nacional y el reforzamiento de la tesis del
enemigo interno, para justificar el uso excesivo de la fuerza contra los
manifestantes.
A esta situación se suma la
instrumentalización del sistema de justicia para penalizar y privar de
libertad a cientos de manifestantes, a pesar que en muchos de los casos
registrados, el Ministerio Público ha desistido presentar acusaciones
contra los mismos debido a la ausencia de elementos probatorios para
comprobar la comisión de delitos. En un nuevo y alarmante patrón
represivo, en el contexto de la aplicación del Plan Zamora, se suma el sometimiento generalizado de civiles detenidos en manifestaciones a la justicia militar.
Esta práctica, violatoria del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del artículo 261 de la
Constitución Nacional, desconoce el derecho a ser juzgado por el juez
natural, vulnera el derecho a la defensa de cientos de detenidos y pone a
la dictadura de Nicolás Maduro al lado de otras dictaduras de América
Latina que han empleado esta vergonzosa práctica para intentar acallar
la disidencia y el descontento popular, generando con ello graves
violaciones a los derechos humanos.
Grupos paramilitares actuaron el pasado 10 de mayo con chaquetas de la PNB y chalecos del Ministerio de Interior y Justicia | Foto cortesía El Nacional
7. Consolidación de patrones represivos registrados en anteriores ciclos de protesta, y aumento de la crueldad en la represión: varios
de los patrones represivos registrados durante el ciclo de protestas de
2014 se repiten en esta rebelión popular por el retorno a la democracia
en Venezuela.
a) Uso excesivo e
indiscriminado de la fuerza contra manifestantes y población civil no
vinculada a las protestas, que incluye el empleo excesivo de sustancias
tóxicas -incluso con el objetivo de causar el máximo daño físico posible
a manifestantes y transeúntes-, perdigones de plástico, empleo de
munición potencialmente letal; golpizas a manifestantes, entre otros;
b) Ataques a zonas residenciales, centros educativos y centros de salud;
c) Actuación de civiles armados y grupos paramilitares para contener y reprimir manifestaciones pacíficas;
d) Obstáculos
innecesarios para el ejercicio del derecho a la manifestación y
proliferación de zonas de exclusión para el uso del espacio público por
parte de la ciudadanía;
e) Torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes contra detenidos;
f) Incomunicación de detenidos y violaciones al derecho al debido proceso y el derecho a la defensa;
g) Robos por parte de agentes de la fuerza pública contra manifestantes y/o transeúntes no vinculados a los reclamos sociales;
h) Campañas de
estigmatización; acoso y hostigamiento contra manifestantes, activistas
sociales, dirigentes políticos y defensores de derechos humanos, a
través del sistema nacional de medios públicos y mediante la divulgación
de fotos y direcciones de domicilio a través del Manual del Combatiente Revolucionario por parte de funcionarios del Estado;
i) Ataques a periodistas, trabajadores de la prensa y hostigamiento a medios de comunicación.
En 40 días de protesta han fallecido 39
ciudadanos: casi una persona en promedio al día, muertes que lamentamos
profundamente y que evidencian los sacrificios de los pueblos cuando se
rebelan contra las tiranías.
Según el Foro Penal Venezolano, 1.991
personas han sido arrestadas: un promedio de 50 ciudadanos diariamente,
permaneciendo detenidas 653, de las cuales 404 se encuentran a la espera
de un fiador y 157 privadas de libertad. Por su parte 116 personas
habrían sido pasadas, inconstitucionalmente, a tribunales militares.
Según el Ministerio Público 787 venezolanos habrían resultado
lesionados.
Estos patrones de actuación se producen en
medio de un aumento en la crueldad de la represión -sin precedentes-, al
menos en los registros levantados por Provea desde 1989. Sin embargo,
resaltamos que el recrudecimiento de la represión y el incremento de
la crueldad por parte de los represores no ha apagado la voluntad
pacífica de lucha de los venezolanos por el restablecimiento de la
democracia en nuestro país, al contrario, las manifestaciones se
multiplican y se diversifican día a día, manteniendo fundamentalmente,
su vocación no violenta.
8. Un movimiento masivo y extendido de protesta que usa la no violencia como estrategia, y
con ello, el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica: el
carácter mayoritariamente pacífico de las manifestaciones fue reconocido
por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz. La ausencia de imágenes de
manifestantes armados ha llevado a las autoridades a la difusión de
fotografías falsificadas.
 Miguel Castillo es una de las víctimas más recientes de la brutal represión del Estado y sus grupos paramilitares | Foto Archivo La diversidad generacional ha sido una de las características de este primera rebelión popular del siglo XXI en Venezuela | Foto cortesía Panorama El
derecho a la rebelión democrática legitima la acción de los pueblos
para enfrentar las tiranías y reclamar el establecimiento de un régimen
de derecho | Foto Carlos García Rawling, Reuters |
9. Un proceso de indignación de multitudes con características propias:
aprendiendo de sus propias experiencias y adaptando lo que han visto en
redes sociales de otras latitudes, los manifestantes han desarrollado
estrategias que le dan a esta rebelión popular sus particularidades,
generando símbolos de la resistencia pacífica que han dado la vuelta al
mundo. Es importante destacar la voluntad de los manifestantes de
reconcentrarse ante la avanzada represiva, retomar la calle y continuar
la lucha desafiando la represión, lo cual es símbolo del ánimo de
resistencia a la dictadura.
10. Un liderazgo compartido entre la gente y los diputados de la Asamblea Nacional: los
parlamentarios se han visto presionados por la multitud a asumir una
agenda permanente de movilización y acompañar a la gente en las
convocatorias, siendo también víctimas de la represión al encabezar
muchas de las protestas dando ánimo y conducción. No estamos en
presencia de un liderazgo tradicional, sino de uno compartido generado
en red: un enjambre.
11. Protagonismo de una generación de activistas millenials:
a diferencia de generaciones de activistas anteriores, cuyos modelos
provenían mayoritariamente de la izquierda marxista, la presente
generación de jóvenes activistas tienen como referentes la cultura
digital, los videojuegos, las novelas gráficas, series de televisión y
películas, así como referentes sociales más recientes, como la Primavera
Árabe y las propias protestas del 2014.
12. La calle ha sido escenario para el despliegue de manifestantes de diferentes generaciones: junto a los jóvenes millenials,
las movilizaciones han sido protagonizadas también por adultos
contemporáneos y personas de la tercera edad, lo que le da un carácter
intergeneracional a las protestas.
13. Ante la hegemonía comunicacional y
la censura, la indignación de las multitudes ha construido sus propios
canales de información, divulgación y convocatorias: mediante el uso
intensivo de redes sociales y mecanismos de autorregulación de
contenidos, manifestantes se mantienen alta y rápidamente informados.
Algunas de las redes más utilizadas han sido WhatsApp, Twitter y
Periscope.
14. Carácter propositivo del movimiento: el
actual movimiento de indignación rechaza el golpe de Estado al
Parlamento y el fraude constituyente, pero también exige el regreso a la
democracia, que se ha convertido en un valor cuya significación está
siendo llenada por las aspiraciones y deseos de los manifestantes en la
calle. Durante los hechos del Caracazo, la indignación popular
masiva, pero sin conducción y objetivos claros, emergió contra un
paquete de medidas económicas de corte neoliberal y condujo a que
millones de personas se lanzaran a las calles a manifestar su
descontento, lo que generó una respuesta altamente represiva por parte
del gobierno de Carlos Andrés Pérez. Sin embargo, a pesar de la
trascendencia histórica de dichos sucesos para el cambio político y la
garantía de derechos en nuestro en país, el movimiento de indignación
del Caracazo adoleció de capacidades organizativas y políticas
que permitieran transformar la indignación en acción y propuestas claras
para construir una democracia de derechos.
En 2017, la experiencia popular y la lenta
pero indetenible despolarización de la sociedad, elevan la indignación a
un escenario de propuesta y construcción de una sociedad democrática,
con justicia social y derechos para todos. Seguimos siendo hijos del Caracazo,
esta vez, con la capacidad de reconocer los errores y aciertos del
pasado y del presente, pero con la mirada puesta en el futuro.
En Venezuela y América Latina la historia
se repite. En plena dictadura de Anastasio Somoza en Nicaragua la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló sobre la
prolongada suspensión de garantías constitucionales y régimen de
excepción en ese país: “Las disposiciones mencionadas que conformaron el
régimen de emergencia prevaleciente en Nicaragua, crean en la realidad
sociopolítica de este país una estructura legal desde el punto de vista
de la formalidad normativa; pero, desde el punto de vista material, ella
se traduce en situaciones de amoralidad jurídica individual y
colectiva, por cuanto se presta para una sistemática y generalizada
violación de los derechos humanos”.
Esa misma comisión, tan criminalizada por
quienes gobiernan en Venezuela, justificó en 1979 el derecho a la
rebelión del pueblo nicaragüense y la propia insurrección sandinista
contra la dictadura de Somoza: “los daños y sufrimientos provocados por
estas violaciones han hecho surgir entre la población nicaragüense, de
la manera más patente, un intenso y general sentido favorable al
establecimiento de un sistema que garantice la observancia de los
derechos humanos”. Este derecho a la rebelión democrática, consagrado en
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y conocido también
como el nunca más de la humanidad, legitima la acción de los pueblos para enfrentar las tiranías y reclamar el establecimiento de un régimen de derecho.
En la Venezuela de 2017 estamos en
presencia de una nueva rebelión, esta vez, contra la primera dictadura
del siglo XXI. A la fecha, la fractura del gobierno de Nicolás Maduro y
la resistencia ciudadana siguen en ascenso.
15. Las lamentables víctimas que deja la rebelión popular genera dolor pero disposición de lucha. Al
momento de escribir este texto, 39 personas han fallecido en el
contexto de la protesta; varias de ellas asesinadas por la acción
represiva del Estado. La lastimosa pérdida de vidas humanas que
generalmente ocurren en toda rebelión contra las dictaduras y por la
democracia, no ha intimidado a la población, que se mantiene día a día
en la calle. El gobierno no ha logrado desmoralizar a quienes han
decidido tomar las calles a lo largo y ancho del país. El dolor se viene
transformando en más fuerza para exigir justicia, garantías para los
derechos humanos y respeto a la voluntad popular.
Sigamos siendo protagonistas de esta
rebelión pacífica y democrática que nos podrá conducir a una mejor
Venezuela. Cada quien desde sus posibilidades, capacidades y lugar
geográfico, puede ayudar a que esta rebelión termine en un histórico
triunfo popular.
