Debe destacarse que lo sucedido es consecuencia
de una decisión tomada hace casi 18 años cuando se procedió al
nombramiento de los Poderes Públicos sin seguir lo estipulado en la
Constitución aprobada el 15 de diciembre de 1999 en referéndum nacional
MARINO J. GONZÁLEZ R
Las sentencias aprobadas por la Sala Constitucional del TSJ la semana pasada, han colocado al país en una nueva fase de deterioro democrático. La consecuencia más directa de ambas sentencias es suprimir a la Asamblea Nacional como poder público. La “corrección” de las sentencias, a través de mecanismos completamente fuera de toda formalidad constitucional, deja más evidente grandes carencias en el respeto a las normas y procedimientos. La situación ha ameritado la expresión de organismos internacionales denunciando la vulneración del “orden constitucional” en el país.
Las sentencias aprobadas por la Sala Constitucional del TSJ la semana pasada, han colocado al país en una nueva fase de deterioro democrático. La consecuencia más directa de ambas sentencias es suprimir a la Asamblea Nacional como poder público. La “corrección” de las sentencias, a través de mecanismos completamente fuera de toda formalidad constitucional, deja más evidente grandes carencias en el respeto a las normas y procedimientos. La situación ha ameritado la expresión de organismos internacionales denunciando la vulneración del “orden constitucional” en el país.
Pudiera quedar la impresión de que esta
situación es una arremetida del actual gobierno a partir de octubre de
2016, cuando se eliminó la opción del referendo revocatorio, y que ha
continuado con la ausencia de cronograma electoral para todos los
niveles de representación. Sin embargo, debe destacarse que lo sucedido
es consecuencia de una decisión tomada hace casi 18 años cuando se
procedió al nombramiento de los Poderes Públicos sin seguir lo
estipulado en la Constitución aprobada el 15 de diciembre de 1999 en
referéndum nacional. Los efectos de la Tragedia de Vargas habían dejado
al país en completo shock. A la semana siguiente de la aprobación de la
Constitución, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) asumió el
nombramiento de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, del
Consejo Nacional Electoral, así como los representantes de la Fiscalía y
la Contraloría, sin apego a lo establecido en la Constitución.
Todo lo que ha pasado en Venezuela desde
ese momento, es consecuencia de esa ruptura del orden constitucional en
esa fecha. Claro, en aquel momento otra era la conformación de fuerzas
políticas. El gobierno había logrado un notable respaldo popular, y se
habían puesto en marcha mecanismos que subestimaron la fuerza electoral
de los sectores adversos. De tal forma que la representación en la
Asamblea Nacional Constituyente no se correspondía con la votación real
de los sectores opositores.
A partir de esa decisión, se generó una
coincidencia entre los objetivos del gobierno y las posibilidades que
brindaba la pérdida del equilibrio de poderes. Entre 1999 y 2015,
exactamente 16 años, esta alianza de poderes fue el instrumento para
alterar todas las disposiciones constitucionales contrarias al objetivo
de controlar al gobierno y a la sociedad. Entonces, no estamos hablando
de una alteración de corta evolución, estamos en presencia de un
deterioro constitucional de casi dos décadas.
El triunfo de la Unidad en la elección
de la Asamblea Nacional en diciembre de 2015 ocasionó el cese de esa
alianza férrea de poderes públicos. Por primera vez un poder público
pasaba a estar en manos de un sector político adverso al gobierno. A
partir de esa elección, se ha pretendido anular la capacidad de la
Asamblea Nacional para ejercer todas sus facultades constitucionales a
través de las sentencias del TSJ y con el pleno apoyo de los restantes
poderes públicos. Es por ello que lo que está en juego no son los
efectos de las decisiones recientes del TSJ, sino la reversión completa
de todas las decisiones que han anulado en la práctica lo que significa
la Constitución de 1999 como garantía de los derechos de todos los
venezolanos.
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