Página 12 - Argentina
El instructor del juicio político en la comisión del Senado contra la suspendida presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, recomendó votar a favor de la destitución de la mandataria por supuesto atentado a la Constitución, a raíz de haber practicado maniobras presupuestarias en las cuentas públicas de 2015.
El senador
Antonio Anastasia, relator de la comisión de juicio político del Senado y
aliado clave del presidente interino, Michel Temer, presentó un informe
de 440 páginas en las cuales realizó un esperado voto condenatorio de
la mandataria por las llamadas pedaleadas o bicicleteadas fiscales. En
su exposición aclaró que no tendría en cuenta que la fiscalía federal
haya tirado abajo ese argumento, ya que el fiscal federal Ivan Marx
consideró que las pedaleadas fiscales por las que se llevó a Rousseff a
juicio de destitución en el Congreso, no configuran delito ya que no es
una operación de crédito y pidió archivar el caso en la Justicia. Por lo
tanto, se determinó que no hay un acto directo de Dilma, y lo más
importante es que el Ministerio Público dice que Dilma no tuvo mala fe y
que no hubo una actitud dolosa.
Anastasia,
del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y brazo derecho del
derrotado candidato presidencial en 2014 Aécio Neves, dijo que Rousseff
abrió créditos suplementarios en el presupuesto con autorización del
Congreso y se sirvió de créditos de los bancos públicos para ejecutar
políticas presupuestarias. La defensa de Rousseff, suspendida en el
cargo desde el 12 de mayo, niega que estas maniobras fiscales configuren
delito de responsabilidad como para ser llevada a juicio político,
instrumento al cual calificó de golpe parlamentario llevado a cabo por
el vicepresidente Temer, titular del Partido del Movimiento de la
Democracia Brasileña (PMDB).
En su
informe, Anastasia rechazó esos peritajes del propio Senado que afirman
que la mandataria no tuvo responsabilidad en estructurar el sistema de
pagos de partidas presupuestarias intra-ministeriales en cuestión. “El
Poder Ejecutivo no puede unilateralmente estipular la meta fiscal que le
conviene”, dijo Anastasia, ex gobernador del estado de Minas Gerais.
El fiscal
Marx archivó la causa penal sobre al asunto, lo cual animó al Partido de
los Trabajadores (PT) y a la defensa de Rousseff. Sin embargo, el PT y
sus aliados de izquierda fracasaron en intentar sumar al expediente la
resolución del fiscal, que dice que estos movimientos contables (que se
repiten históricamente en todos los gobiernos nacionales y provinciales
brasileños) no configuran delito. “Esta decisión de un fiscal confirma
que Dilma no es una presidenta que cometió delitos y sí demuestra que
fue toda una artimaña para sacarla del poder por parte de Eduardo Cunha,
ex presidente de la Cámara de Diputados y mentor del gobierno golpista
de Temer”, bramó en la comisión de juicio político Lindebergh Farias,
senador del PT.
Mañana, la
comisión debe votar el informe de Anastasia y elevar –como se prevé– el
expediente al plenario del Senado, que lo recibirá el próximo martes 9.
El juicio contra Rousseff, si es que se cumplen todos los plazos, se
sustanciará a partir del 29 de agosto, en sesión del Senado presidida
por el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo
Lewandowski.
Según el
diario O Globo, Temer intentará negociar con el titular del Senado,
Renán Calheiros, anticipar los plazos, siempre después de los Juegos
Olímpicos de Río 2016, que comienzan el viernes y terminan el 21. “Esta
interferencia de Temer es inaceptable”, comentó el senador Farias. “Este
no es el papel de un presidente interino y es una falta de respeto al
Senado Federal. Estamos dispuestos a utilizar con las armas del
regimiento que tenemos para evitar esta interferencia”, dijo Farias que
se quejó porque Temer y su equipo llevaron a cabo varias reuniones con
senadores líderes del PMDB con el fin de pedirles que trabajen para
anticipar la votación final sobre el juicio político.
El ministro
de Agricultura del gobierno interino, Blairo Maggi, considerado el “rey
de la soja” brasileño, explicó que Temer cree que se concretará la
destitución de Rousseff pero quiere hacerlo antes de septiembre, debido a
que busca participar y legitimarse internacionalmente en la cumbre del
G-20, el 4 y 5 de septiembre en China.
Por su
parte, Cunha, responsable de la apertura del juicio político a Dilma y
marcado por ser uno de los perpetradores del golpe, advirtió que si es
acusado por el pleno de la cámara, va a haber consecuencias. A punto de
ser juzgado, por múltiple corrupción por el Supremo Tribunal Federal
(STF) y de su consecuente renuncia a la presidencia de la Cámara baja,
Cunha prepara un estudio detallado de cómo ayudó a sus aliados en los
últimos años. El objetivo es consolidar el material para una posible
negociación de los cargos en la corte. Cunha está recogiendo información
de las finanzas de campaña, y tendría un pilar de documentos que
indican la distribución de cargos y créditos. Incluso afirmó que va a
pasar a la historia como el político que se cargó a dos presidentes,
dirigiéndose a Temer.