Nota de prensa
La diputada a la Asamblea Nacional por la Unidad, Dignora Hernández aseveró que para los venezolanos hoy por hoy no constituye ninguna novedad la deficiencia e inoperancia de los servicios públicos; las recurrentes fallas eléctricas, el desabastecimiento de alimentos, la falta de agua, la ausencia de medicinas así como de equipos médicos necesarios en ambulatorios y hospitales, la falta de transporte público evidenciado en esta Semana Mayor, en la anarquía de las terminales de pasajeros y las fallas en la distribución del gas doméstico entre otros.
Hernández destacó a las carencias y dificultades que enfrentan
los venezolanos se le ha sumado una desatada violencia de Estado, "con la
cual se pretende amedrentar al pueblo para que no proteste y acallar las voces
de sus representante ante la nueva Asamblea Nacional, convirtiéndose en
un verdadero viacrucis que niega la paz del país aun en días santos".
Recordó que con el Decreto que declara no laborable la Semana
Santa "se agudiza la situación de los servicios en Venezuela, toda vez que
la demanda de pasajeros en terminales está colapsada, sumado a la deficiencia
en los otros servicios públicos descritos evidencian el deterioro de la
calidad de vida a la vez que no constituye un ahorro energético significativo,
ya que las labores diarias y la cotidianidad de un mundo globalizado dependen
casi en su totalidad del suministro eléctrico, a la vez que impacta
negativamente la productividad de un país en crisis. Medidas como estas
ponen de manifiesto el desatino del gobierno y su escasa capacidad de respuesta
ante las dificultades que afronta, por lo que apela al formato de la
violencia institucional para detener las protestas ciudadanas".
La también dirigente nacional de Cuentas Claras insistió en que
"este gobierno de improvisaciones y mala gerencia ha instaurado la
violencia institucional para detener el ímpetu de un pueblo que clama cambio.
En los últimos días hemos asistido no con extrañeza, pero si con muchísima
preocupación por el alto nivel de peligrosidad que representa a una escalada de
violencia institucional orquestada desde las altas esferas del poder, cuyas
acciones se encaminan a torpedear, amedrentar y hasta a amenazar a los
ciudadanos y a sus representantes legítimamente electos para impedir 'como sea'
ser quitados de un poder que ya legítimamente no les pertenece, puesto que no
cumplieron con las funciones para las cuales fueron electos, lo cual
constituye en sí mismo un abandono del cargo".
Asimismo indicó que "cual fariseos los voceros del gobierno
en sus sermones, hacen gala de su amor por el prójimo para justificar
luego una serie de acciones destinadas a generar confrontación entre hermanos y
sobre todo, dirigidas a contener mediante la violencia institucional el dique
que aguanta las protestas ciudadanas que exigen mejoras en la calidad
de los servicios públicos". De la misma manera señaló que
"contrario a la violencia física, la violencia de Estado se legaliza
a través de las instituciones, constituyendo las malinterpretaciones jurídicas
del TSJ, las preferidas hasta ahora por el PSUV-GOBIERNO , mientras que
las amenazas solapadas al fotografiar a quienes compran o reciben alimentos por
parte de entes del estado, la persecución contra quienes hacen colas para
llevar el sustento diario a casa, el endoso de la crisis a los padres al responsabilizarlos
de que sus hijos estén en las colas y no en los colegios son las preferidas
para promover el terror en los ciudadanos bajo un manto de legalidad".
La diputada Dignora Hernández precisó que desde la AN están
comprometidos moralmente y obligados constitucionalmente a generar el
cambio de un gobierno reactivo y fallido que ante su incompetencia para dar
seguridad en todos los ámbitos a sus gobernados, prefiere su propia seguridad
por lo que encomienda a los poderes públicos arrodillados, así como a
sus fanáticos y pseduo colectivos mantenerlo en el poder.
