En menos de una semana, la Superintendencia Nacional Agroalimentaria (Sunagro) suspendió la orden impartida a la empresa privada de distribuir mayor cantidad de su producción, entre 30% y 100%, a la red pública de abastecimiento. Los productos afectados con esta medida eran leche, azúcar, pasta, aceite, harina precocida y harina panadera.
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La decisión gubernamental había
sido denunciada por el presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de
Alimentos (Cavidea), Pablo Baraybar, quien solicitó, de manera pública, una reunión con las autoridades
para analizar las consecuencias y las razones técnicas de su inviabilidad.
De
mantenerse, las amas de casa y consumidores en general tendrían que hacer
mercado en Mercal y Pdval, aunque no fuesen éstos los comercios de su
preferencia. Y es que según un estudio de Datanálisis 78% de los venezolanos
prefiere hacer sus compras en supermercados y comercios privados.
Las
razones de esto son varias, una es que esos establecimientos superan 15 veces
los puntos de venta dispuestos por el Estado; es decir, mientras unos tienen
más de 113 mil en todo el país, los otros llegan a 7 mil. Otra, es que existe
la percepción de que en ellos, el desabastecimiento es mayor.
El
presidente de la Asociación Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco),
Roberto León Parilli, había fijado posición al respecto advirtiendo que el
organismo estatal estaría violentando los artículos 113 y 305 de la
Constitución Nacional, que garantizan el derecho de cada quien de elegir los
bienes y servicios de calidad, así como la posibilidad de decir dónde adquirirlos.
Anauco
propuso “un gran acuerdo nacional”, un diálogo efectivo entre sector público y
privado, con la participación activa de los consumidores, para encontrar
soluciones permanentes y no coyunturales.
Como
se recordará, para atacar las colas a las puertas de los comercios, ocasionadas
por la escasez de productos, y combatir el “bachaqueo”, el Gobierno ordenó
instalar captahuellas y vender por el terminal del número de cédula. Sin
embargo, estas medidas no han permitido mejorar el abastecimiento, “tenemos que
aumentar la producción”, advierten los industriales de alimentos.
Para
llegar a eso, el sector productivo insiste en la importancia de que se cancele
la deuda que ronda los mil quinientos millones de dólares, que tienen con los
proveedores internacionales. Así como garantizar el acceso a la materia prima.
