Jon Herskovitz/ Reuters
AUSTIN, EEUU.- Los administradores de
cárceles privadas que retienen a más de 25.000 personas que violaron leyes de
inmigración de Estados Unidos han recortando gastos para generar ganancias, lo
que ha provocado abusos sistemáticos contra los reos, mostró el martes un
informe de la Unión Americana de Libertades Civiles.
Las prisiones denominadas Criminal Alien Requirement
(CAR), cinco de las cuales están localizadas en Texas y ocho en otros estados,
han tenido poca atención y supervisión, por lo que han podido someter a sus
internos a "abusos y maltratos escandalosos", dijo el reporte.(...)
"El anteponer las ganancias a las personas
parece ser algo presente en cada faceta de la vida en las cárceles CAR",
señaló el informe. "La dependencia de la Oficina Federal de Prisiones para
con las cárceles privadas no parece estar cerca de terminar pronto",
agregó.
La Oficina Federal de Prisiones (BOP, por su sigla
en inglés) invirtió unos 600 millones de dólares en el año fiscal 2013 para
pagar por lo que define como "instituciones operadas privadamente",
según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés).
La oficina dijo que considera seriamente las
denuncias, pero que no hará comentarios sobre datos específicos del informe.
Además, agregó que las instituciones de seguridad menor de la oficina están
superpobladas y que supervisa de cerca a las cárceles privadas.
La cantidad de inmigrantes que ingresan a esas
instalaciones se ha incrementado con fuerza debido a la política de tolerancia
cero de inmigración implementada en el 2005.
El informe de la ACLU se basó en
una investigación que comenzó en el 2009 y se centró en prisiones ubicadas en
Texas. Se entrevistó a cerca de 300 detenidos y se visitaron varias instalaciones.
