Tres de las 43 personas que siguen en
prisión son españoles y
muchos denuncian torturas
DANIEL LOZANO
Especial para
EL MUNDO Caracas
Las fuerzas
policiales han detenido en Venezuela a una veintena de españoles durante
el mes de protestas opositoras contra el Gobierno de Nicolás Maduro, según las cifras que
manejan las organizaciones de derechos humanos. En total, casi 1.300 personas
fueron capturadas en todo el país.
Y entre los 43
que siguen en prisión, por lo menos tres de ellos son de nacionalidad española,
como pudo comprobar EL MUNDO. En tres de los casos pesan denuncias por
torturas y malos tratos. Además, la ciudadana española Yolanda Lara
Morcillo (40 años), nacida en la Península, aguardaba al cierre de esta edición
su deportación directa a Madrid.
Su pareja,
José Luis Fernández Martín (de 54 años), con doble nacionalidad, no ha podido
salir de Yaracuy (al oeste del país), en espera de los próximos pasos de un proceso
penal abierto. Ambos fueron detenidos en San Felipe cuando quemaban
neumáticos en la vía pública. Se les acusa de desarrollar "acciones
desestabilizadoras y de dar instrucciones para cometer actos vandálicos y
terroristas".(...)
Fernández y
Lara, que llevan 18 años juntos, llegaron a Venezuela desde Costa Rica hace
tres años. Su abogado desmiente las acusaciones y denuncia las
inconsistencia de un proceso, que pese a no haber acabado, puede producir
la deportación de la mujer.
Violado con
un fusil
El caso más
emblemático es el de Juan Manuel Carrasco, hijo de malagueño y con doble
nacionalidad, cuya violación anal con un fusil en un cuartel militar de
Valencia dio la vuelta al mundo. El joven carpintero, retenido
durante más de 50 horas y que perdió tres veces el conocimiento por culpa
de las constantes palizas, recibió la visita de los fiscales tras comparecer
ante la prensa hace 10 días.
"Vinieron
a decirme que mi violación había salido positiva, que en mis golpes
había marcas de las botas [de la Guardia]. Me mandaron a callar y que no
hablara más. Pero yo no me callo", relató ayer a este periódico.
"A
nosotros nos consta, por los exámenes médicos, que la violación ocurrió",
confirma Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal Venezolano, que
atiende a los detenidos desde las primeras protestas en Táchira a principios de
febrero.
"Me voy a
ir un tiempo a España, mi papá está intentando sacar el dinero para enviarme
allá", desveló Carrasco, quien se siente amenazado por el oficialismo,
pero que dispone de la "protección" del Consulado Español, que
le ha ofrecido asistencia.
Detención
irregular
Otro joven,
Ángel González, permanece encarcelado desde el 12F, primer día de protestas en
Caracas. El estudiante español forma parte del grupo de 16 detenidos en
Parque Carabobo, a pocos metros de donde cayeron asesinadas dos personas a
balazo limpio. Se le acusa de participar en la quema de varios vehículos
policiales, pese a que fueron capturados en el interior del Metro y comiendo en
un restaurante.
"Se
produjeron varias irregularidades en su detención", confirma el abogado de
derechos humanos Nizar el Fakih. "No les aprehendieron en flagrancia ni
con orden judicial. Después les agredieron brutalmente", añade.
A González le
tuvieron más de cinco horas arrodillado y "le rociaron con gasolina,
además de darles muchos golpes", sostiene Lilia Camejo, defensora del Foro
Penal Venezolano. El chico, junto a cinco de sus compañeros, permanece encarcelado
a la espera del dictamen del fiscal, "aunque no cuenta con elementos
de convicción", insiste la jurista.
Sus familias
han contado un sinfín de atrocidades: amenazas de muerte, presiones para
confesiones falsas, baños de gasolina, descargas eléctricas, cascada de
golpes y patadas envueltos en goma espuma...
Descargas eléctricas
A Raúl Ayala,
también con doble nacionalidad, le fue un poco mejor: recibió malos tratos
durante los días de su detención, incluidas descargas eléctricas, pero
obtuvo libertad con régimen de presentación cada 30 días.
"Otro
hispano-venezolano, Tomás Eliseo Dorado, tiene afectada la visión de un ojo
como resultado supuestamente de un disparo perdido de la Guardia
Nacional", informó Romero. "Cualquiera de ellos podría ir a la Audiencia
Nacional Española", insiste el abogado, una de las cabezas más visibles de
la sociedad civil venezolana que lucha contra la brutal represión del gobierno.
A los
detenidos y heridos españoles hay que sumar la única víctima mortal hasta el
momento: Wilmer Carballo, de origen canario y que vivía con su pareja y sus
hijos en Cagua, zona de emigración isleña. Un motorizado simpatizante del
oficialismo disparó al comerciante un balazo en la cabeza, cuando éste
defendía junto a sus vecinos su urbanización de los ataques de las brigadas de
choque chavistas.
Nada se conoce
en torno a la investigación, aunque el gobernador de Aragua, Tareck Al Aissami,
atribuyó la muerte a los "asesinos fascistas". La familia de
Carballo culpa de los disparos a los temidos colectivos motorizados.
Sin pruebas
La historia de
Eduardo y Leonardo Blanco Febles, hermanos mellizos, es otro ejemplo de
arbitrariedad manifiesta. Los dos son escoltas profesionales y se dirigían al
trabajo cuando el atasco por una marcha inmovilizó su motocicleta. La policía
les interceptó y decomisó sus armas, ya que está prohibido su porte en
manifestaciones. Ninguno de los dos, según sus abogados, iban a la protesta.
"Cuando
horas más tarde fueron a retirar sus armas, quedaron detenidos y les sumaron a
un grupo de 40 personas, capturado en esa misma protesta. Fue una detención
ilegal, sin orden judicial y sin flagrancia", describe El Fakih.
"Una
arbitrariedad tremenda que les ha dejado presos", insiste el abogado. A
los mellizos les acusan de obstrucción de vía pública, daños a bienes públicos,
lesiones leves en grado de complicidad, resistencia a la autoridad y
porte ilegal de armas.
A Ricardo
Monedero le detuvieron en Altamira (Caracas) "porque
la Policía le acusaba de tener un vídeo donde aparecía lanzando cócteles
molotov. Y como nunca presentaron el vídeo, le dieron régimen de
presentación cada mes", recuerda su hermano, Rodrigo.
Carlos Dos Santos, Héctor Rosa, Juan Francisco Batlle y Alejandro
Di Cola son otros españoles que han sufrido detenciones.
