SADIO
GARAVINI DI TURNO | EL
UNIVERSAL
El 17 de febrero de 1966, Venezuela, la Gran Bretaña y
Guayana Británica, que con la independencia adquirió el nombre de Guyana,
firmaron el Acuerdo de Ginebra. A partir de esa fecha, el mencionado acuerdo es
el único marco jurídico vigente entre Venezuela y Guyana para solucionar la
reclamación venezolana sobre el territorio Esequibo.
En una reciente entrevista para la televisión guyanesa sobre la
controversia con Venezuela y el incidente del buque Tecnik Perdana apresado por
la Armada venezolana, el líder de la oposición guyanesa David Granger ni
siquiera menciona al Acuerdo de Ginebra, dice que la controversia fue
cerrada con el Laudo Arbitral de 1899 y para colmo afirma que el incidente se
debe a que Venezuela "busca" una salida libre al Atlántico. (...)
En otras
palabras, desconoce el Acuerdo de Ginebra y que Venezuela tiene derecho a su
salida libre al Atlántico por poseer la costa del estado Delta Amacuro. En
efecto, las líneas presentadas por Guyana a la ONU en septiembre del 2011, para
ampliar su plataforma continental, cercenan totalmente nuestra salida libre al
Atlántico, privándonos además de centenares de miles de km2 de zona económica
exclusiva y plataforma continental enormemente ricas en hidrocarburos y
recursos pesqueros. Las declaraciones de Granger coinciden con la posición del
gobierno guyanés en cuanto a la negación de nuestra fachada atlántica pero
también en el "olvido" del Acuerdo de Ginebra. En efecto, el reciente
discurso de la canciller Rodrigues-Birkett en el Parlamento guyanés parece
desconocer el Acuerdo de Ginebra afirmando que la controversia territorial con
Venezuela se cerró con el Laudo Arbitral de 1899.
En el Acuerdo de Ginebra se afirma que hay buscar soluciones
satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia, surgida como
consecuencia de la contención venezolana de que el Laudo Arbitral de 1899 sobre
la frontera entre Venezuela y Guyana es nulo e írrito. Guyana
oficialmente sostiene que el objeto del acuerdo es establecer la validez de la
contención venezolana de que el laudo es nulo. Se trataría, por tanto, de una
disputa esencialmente jurídica. Venezuela, por su parte, afirma que no tiene
sentido proponer una solución práctica y mutuamente satisfactoria a una
controversia estrictamente jurídica. De ser jurídico su mandato, las partes se
encontrarían en la insostenible posición de ser juez y parte. Negociar la
validez o nulidad de un laudo entre dos partes es inconcebible. La razón jurídica
no es negociable: se tiene o no se tiene. Y difícilmente se confiaría a
negociadores diplomáticos la función de adjudicar derechos. Por lo tanto, para
Venezuela el acuerdo pone de lado el fraudulento laudo de 1899 y su
objeto es el arreglo práctico de la controversia, satisfactorio y aceptable
para ambas partes. En efecto, el Acuerdo de Ginebra tiene el mérito de reabrir
el caso y acabar con la invulnerabilidad jurídica del Laudo de París y la
pretensión de cosa juzgada. Y así lo afirmó Cheddi Jagan, el fallecido
expresidente de Guyana y líder fundador del actual partido de gobierno que,
como jefe de la entonces oposición guyanesa, se opuso a la firma del acuerdo y
en su libro "The West on Trial", escribe: "El gobierno firmó
conjuntamente con los gobiernos venezolano y británico el Acuerdo de Ginebra...
Así se concedió reconocimiento a la espuria reclamación territorial venezolana
y lo que era un caso cerrado desde 1899 fue reabierto".
El presidente de Guyana, Donald Ramotar, estuvo en Caracas para la
reciente reunión de Petrocaribe, espero que el Gobierno le haya reafirmado que
el Acuerdo de Ginebra es el único marco jurídico vigente en relación a la
reclamación esequiba y que la salida libre de Venezuela al Atlántico
no es negociable. Mientras tanto, la Armada debe seguir su patrullaje
tradicional en la zona.
