Por Guillermo Segovia Mora
” Ahora vendrá la movilización clientelista del voto y la
campaña de desprestigio de los medios para coadyuvar a generar un ambiente desfavorable.
No aprenden la lección de lo de Ordoñez, la gente no traga entero, por eso, si
no se presenta alguna emboscada, Bogotá está ad portas de la refrendación
del mandato popular de Petro y su programa Bogotá Humana”.
Corre el
rumor de que en vista de la rebelión ciudadana de repudio a la guachada
del Procurador de destituir e inhabilitar por 15 años a Gustavo Petro, aquel y
sus compinches estarían pensando en la desfachatez -sí, el descaro
fascista- de ratificar el fallo entre el 30 de diciembre, límite de la
notificación y el 10 de enero, día de la nueva toma de la Plaza de Bolívar por
la Democracia y la Paz, para sacarlo del camino de una vez, ante el riesgo de
que, en la remota posibilidad de que el referendo -ya viabilizado por la
Registraduría y que podría realizarse a finales de febrero- alcance el umbral,
el mandato de la Bogotá Humana sea ratificado o que se active alguna de las
varias alternativas jurídicas que han aflorado para enfrentar la crisis
institucional desatada por la decisión política de la Procuraduría, entidad
desde donde se cocina hace rato la imposición de un régimen autoritario en el
país. Ojalá solo sean rumores, aunque en esos conciliábulos extremistas
se dicen secretos en voz alta, como se comprobó con la determinación de
destitución. Si generar el fallo fue una provocación grotesca, ratificarlo a la
fuerza sería una estupidez.(...)
Fallo
grotesco, jurídicamente cuestionado y de efectos caóticos
Están
apurados. La vía más expedita y segura se les desbarató, no obstante la tibieza
conveniente del gobierno para definir su papel en la crisis. En apariencia, el
Procurador podía tomar la decisión y al Presidente solo le quedaba protocolizar
la echada. Algunos constitucionalistas dijeron que podía deliberar, el Ministro
de Justicia alelado dijo que no. Otros explicaron que la facultad
constitucional del Presidente se debe concordar con el Estatuto de Bogotá y que
lo limita a firmar si el Procurador o una sentencia judicial lo determinan.
Petro blandió el bloque de constitucionalidad para hacer valer la Convención
Americana de los Derechos Humanos que restringe la suspensión de derechos
políticos a que haya sentencia judicial, e internacionalizó su defensa. No
obstante el multitudinario rechazo a los abusos de Ordoñez, llevados al reto
desvergonzado a amplios sectores con la destitución, parecía que la pelea de
alcalde tenía que darse fuera de la Alcaldía. Afortunadamente hay
funcionarios que no han perdido todavía el horizonte y saben las consecuencias
de desafiar al pueblo.
El Fiscal
General recordó que la Corte Constitucional, a través de varias sentencias,
validó la facultad del ente acusador de suspender este tipo de decisiones
cuando hay irregularidades o desconocimiento de derechos. De otra parte,
los actos administrativos, como los ejecutados por Petro para el
funcionamiento del nuevo esquema de basuras, gozan de presunción de legalidad y
cuestionarla constituye una extralimitación con implicaciones penales.
Montealegre llama al gobierno a optar por el consecuencialismo y darle una
interpretación sustancial a su misión constitucional para ir más allá y aplazar
la determinación mientras las instancias judiciales se pronuncian. Daniel
Samper, quien reclama el derecho de desempolvar el cartón de
abogado -como
lo reclamo yo- para ir más allá de la letra, le pide a Santos no ser un simple
firmón y darle a su decisión el peso de una determinación en favor de la
democracia. De manera que Ordoñez tendrá que sopesar si le da tiempo al tiempo
o pasa de acusador a acusado transitando por varios tipos penales.
En la
acción disciplinaria contra la desprivatización del servicio de recolección de
basura se encontraron los adeptos del neoliberalismo y de la democracia
tutelada, para fabricar causas y revestir de legalidad una decisión ideológica
de defensa del mercado y el catecismo conservador que se profesa desde la
Procuraduría. En la batalla judicial y política les han fracasado otras
tinterilladas como la demanda de pérdida de investidura de Petro por una
supuesta condena por porte ilegal de armas no cubierta por la amnistía judicial
a su pasado guerrillero, interpuesta por uno de los acusados en el robo a
Bogotá, eufemísticamente llamado “cartel de la contratación”, para edulcorar
algunos implicados. Se les olvida que un amigo del Procurador, que defraudó a
la nación, amenaza con coser a tiros al perro que ose meterse con su can.
Padecen de moralismo bipolar. Y en este frente la estrategia les cojea.
Repudian y
hostigan la Bogotá Humana
La
victoria electoral de Petro tomó por sorpresa al establecimiento
capitalino y nacional, y ante su programa centrado en visibilizar y
dignificar a los pobres, parar la corrupción, priorizar el interés público por
encima de los dictados del mercado y reorientar el curso futuro de la ciudad,
desataron todas las formas de lucha, que incluyen medios de comunicación,
manipulación de mecanismos de participación y distorsión de la función de los
organismos constitucionales. La animadversión de los medios ha sido manifiesta
y la manipulación de la audiencia asquerosa; no tengo en la memoria un caso de
distorsión más mezquino que la forma como se presentó el Plan de Ordenamiento
Territorial, entresacando medidas, descontextualizando, engrandeciendo
especialistas adversarios, editorializando de forma parcializada, hasta que le
metieron a la gente en la cabeza la idea de que quedaban habilitados los
prostíbulos al frente de sus casas.
Mientras
que urbanistas, gobiernos y organismos internacionales resaltaban la coherencia
del POT con los lineamientos modernizadores para el crecimiento, la
sostenibilidad ambiental y desarrollo con equidad en las grandes
ciudades, aquí lo despedazaban. Lo de fondo es que le hacen el mandado a
algunas de las grandes firmas constructoras que no quieren ceder algo de sus jugosas
plusvalías. Al tempo que se desprestigia en la prensa, no cesan las
presiones a la jurisdicción contencioso-administrativa, desde el sector privado
y hasta del gobierno nacional, para que declare ilegal el acto que lo
adoptó. Y tienen razón, Petro lo planteó con claridad, en la ciudad como en el
campo la tierra es un asunto de poder.
En otro de
los flancos, sin aprobarse siquiera el Plan de Desarrollo ya estaban pagando
firmas para la revocatoria, no tanto porque se esté incumpliendo como porque a
la élite y al conservadurismo beato, e inclusive a los menesterosos engañados
por el clientelismo o el partido mediático -la indigencia mental es la más
grave-, les da prurito que se privilegie a los pobres, las mujeres, los
indígenas, la comunidad LGBTI, los afros, la niñez desamparada, los
drogodependientes, los vendedores ambulantes, los desplazados y víctimas que la
violencia de la parapolítica en alianza con el narcotráfico arrojaron a la
intemperie a Bogotá, los derechos de los animales, los cerros, los árboles, el
aire y el agua. Están “de muerte” porque el Alcalde visibilizó una realidad que
sus antecesores mantuvieron oculta tras el muro mental de que Bogotá
existe del estrato 3 para arriba y lo demás es población
desechable que ojalá un día se acabe, como sea. En esa mentalidad elitista se
cultiva el electorado de la extrema derecha que aplaude a Ordoñez y a Uribe.
El partido
de los medios vota en los titulares
Por el
contario, si se hace una lectura sin la influencia manipuladora de los medios,
lo que se evidencia es que Petro está cumpliendo y que a la altura de
presentación del informe “Bogotá, cómo vamos” – que El Tiempo, uno de su
patrocinadores, interpretó a su acomodo-, a finales de noviembre, la
administración comenzaba a mostrar índices positivos luego de sacar a la
ciudad de cuidados intensivos debido al saqueo criminal a la que fue
sometida por los Moreno y compañía, con la complicidad, por acción u omisión,
de todos los partidos políticos que hacen presencia en el Concejo Distrital y
se oponen a Petro. En lo negativo, la matriz mediática cumple su papel. La
forma como se presenta la información judicial sobre el llamado “cartel
de la contratación”, genera tal confusión en la opinión que en el informe
señalado, aumenta la percepción de corrupción en el último año, precisamente en
el gobierno de quien la denunció, motivó la judicialización y le cerró la
puerta a una buena cantidad de bandidos.
En
aspectos como movilidad, a sabiendas de que los resultados se verán en el largo
plazo, la oposición fustiga y la prensa calla. Ocultan que por fin el Metro
será una realidad -las estaciones fueron presentadas tras conocerse el fallo de
destitución en primera instancia-, el SITP, a pesar de los tropiezos y la mala
herencia, podría estar funcionando con regularidad a mediados del año entrante
-el esquema tarifario con subsidios populares se dio a conocer luego del
fallo-, Ciudad Bolívar contará con metro cable, se iniciará la
construcción de vías en Suba y Bosa y la troncal de TransMilenio en la avenida
Boyacá; la recuperación de la malla vial, con un retraso de décadas,
avanza. Pero lo riquitos quieren que pavimenten los humedales para
pasearse en autos de alta gama con sus chicas de goma y de malas, o repensamos
la ciudad en función de la supervivencia o nos jodemos todos.
De los $
14,7 billones del presupuesto 2014, sancionado por Petro tras la decisión de la
Procuraduría, $3,2 billones de pesos, cifra histórica, se invertirán en
educación, $ 2,4 billones en salud y $ 2,3 billones de pesos en movilidad,
rubros que suman el 55% del total de inversión (83%). A ello se agregan
un sinnúmero de acciones de carácter social en curso como los jardines
Acunar, los centro juveniles de artes en las localidades, el mínimo vital de
agua, el millón de raciones alimentarias para niños pobres, los territorios
saludables, los subsidios al transporte, la formalización de 2.700 trabajadores
del aseo, la integración de la población recicladora al modelo de recolección
de basuras ordenada por la Corte Constitucional (una de las causas del lío
disciplinario de Petro), un canal público de televisión que se posiciona
como alternativa y un largo etcétera que la paupérrima, egoísta, arribista,
atrasada y sectaria mentalidad de la dirigencia tradicional -clientelista
y corrupta como la que más- califica de populismo chavista, marxismo,
propaganda y oportunismo -como si no la usaran con descaro.
Si la
sacada a patadas de Petro les fracasó porque la pateada que les dio el pueblo
desde la Plaza de Bolívar fue elocuente, solo les queda recurrir al referendo
y, como en ese escenario también ahora se sienten derrotados, entonces, como
malos perdedores que son, de antemano quieren deslegitimarlo. Que por qué ahora
Petro dice que sí y antes utilizó tantos recursos para impedirlo. Como si
fuera delito utilizar las instancias legales y más aún cuando se advierte un
propósito perverso promovido con medios sórdidos.
Pero como
de la encerrona parece el recurso menos cuestionable, se aferran a la
revocatoria con la ilusión de habilitar el umbral y torcer las encuestas, que
en medio de la crisis muestran a un Alcalde fortalecido, con una imagen en alza
y una gestión con resultados. Ahora vendrá la movilización clientelista del
voto y la campaña de desprestigio que ya se inició en Caracol, Blu radio,
Semana y El Tiempo, que editorializando la salida en falso de Ordoñez comienzan
a enfatizar en la descalificación de la administración de Petro (“El Procurador
convirtió en mártir a un pésimo alcalde”) con lo que coadyuvan a generar un
ambiente desfavorable. No aprenden la lección de lo de Ordoñez, la gente no
traga entero, por eso, si no se presenta alguna emboscada, Bogotá está ad
portas de la refrendación del mandato popular de Petro y su programa
Bogotá Humana.
