Ilenia Medina
Todos nos sentimos indignados -y completamente avergonzados- por la atrocidad cometida contra un justo: Joaquín Pérez Becerra. Hasta cuándo, se pregunta uno, seguiremos observando pasivamente, los crasos ”errores” que se cometen, una y otra vez en relación a la justicia.
Este proceso político viene transitando hacia alguna otra cosa, pero revolución no es. Si la dignidad, la ética, si los valores revolucionarios, el compromiso con la verdad, la pasión por la justicia, la solidaridad, la humildad, no están presentes, hacía dónde se dirige este país. Qué tipo de sociedad se está construyendo, bajo qué valores. En qué se sustenta la supuesta cultura revolucionaria. Si para las autoridades venezolanas la ética es un detalle insignificante, están obligados, al menos, a respetar la normativa nacional en materia de derechos humanos y el debido proceso que ampara a cualquier ser humano. Joaquín Pérez Becerra no podía ser secuestrado como lo hizo el SEBIN. No podía ser incomunicado. No podía ser “entregado” al criminal gobierno colombiano. Joaquín Pérez Becerra era un sobreviviente del terrorismo de Estado colombiano. Correspondía que Chávez, ante el planteamiento de Santos, se comprometiera a pedir a las instituciones venezolanas competentes a estudiar la situación y la cancillería venezolana debía, obligatoriamente, informar a la Embajada de Suecia, en Caracas, que un ciudadano sueco estaría siendo detenido.
Desde hace un tiempo para acá venimos observando, y cuestionando, la posición lastimosamente servil de Venezuela en la relación con Colombia. Una cosa es mostrar disposición a tener una sana relación con el Gobierno de ese país y otra muy distinta es el entreguismo o la estupidez. Colombia es uno de los países del mundo con mayor cúmulo de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos. Desde hace muchos años, nuestro país es refugio seguro para ciudadanos colombianos que huyen del horror de la guerra y de la crueldad que han mostrado los sucesivos gobiernos en ese país. Colombia, sin duda alguna, tiene una gran deuda histórica con Venezuela. Sin embargo, la aptitud del Gobierno venezolano nos deja un amargo sabor en la boca.
En diversas oportunidades hemos planteado la imperiosa necesidad de que Venezuela debe acabar con el irresponsable procedimiento de deportar a los ciudadanos colombianos, buscados por la justicia, que se encuentran en nuestro país. Toda solicitud que efectúe Colombia debe ampararse bajo los procedimientos jurídicos más apegados al estado de derecho. Es la extradición, el mecanismo que garantiza jurídicamente, los derechos humanos del detenido. Eso es lo que le sale a un país cuya Constitución Nacional declara que Venezuela es un Estado Social de Derecho y de Justicia. Sin embargo, son las autoridades colombianas, sin moral para ello, que le exigen a Venezuela “garantías” para extraditar a Walid Makled.
Algunos culpan a los asesore por las políticas equivocadas del Gobierno, pero como lo dijo el “inefable” Santos, fue el propio Chávez quien decidió, sin dudar un instante, la entrega del justo. Según el “nuevo amigo” de Chávez, nuestro Presidente no tuvo reparo alguno con la solicitud. No le funcionó el instinto revolucionario, o la sensibilidad por la justicia, o los 12 años de experiencia. Nadie, y menos el Presidente de la República puede comprometer la dignidad del país, por decir lo menos. Chávez podría aprender de Santos quien se refugia en las instituciones colombianas para estirar hasta el infinito la entrega de Makled. Será que la dignidad de Venezuela tiene precio? Quien será la próxima victima en esta novela de entregas, - de Makled- infinitas?
