Abg. Juan Arturo Hernández Breznik
El fallecimiento de la madre de una destacada abogada carabobeña, y la mala memoria de un abogado amigo quién me aseguró que existía un parentesco entre ambos, me llevó a consultarle a un viejo dirigente (juvenil para la época) sobre éste caso; luego de aclarada la duda (no existía tal parentesco), me quedó la curiosidad por saber más sobre este hecho que mantuvo en vilo a la ciudad de Valencia durante más de un trimestre.
Comenzaba el año 1977 con mucha alegría para los valencianos, ya que su equipo Navegantes del Magallanes había quedado campeón de la Liga de Beisbol Profesional, y ese febrero fue el representante (sin éxito) de Venezuela en la Serie del Caribe; paralelamente el país entero bailaba al son de uno de los más grandes éxitos de la larga historia musical del Gran Oscar D’León, “Mata Siguaraya”. Era la Venezuela saudita, del ta’barato, dame dos.
Fue el día 23 de marzo de ese año, cuando desapareció el joven Fernando Segundo González Quintero de 22 años, estudiante de ingeniería de la Universidad de Carabobo (U.C.), quien fue visto por última vez cerca de su casa en el barrio Los Chorritos, ubicado en el hoy municipio Libertador; cuando una comisión de la P.T.J., actualmente C.I.C.P.C., echando mano a esa presunción (aún vigente) de que el hombre de extracción humilde y de fisionomía común es un delincuente; y de aquella conseja “disparen primero y averigüen después” lo había herido de bala.
Su cuerpo no apareció detenido, ni hospitalizado, ni en la morgue, por lo que sus familiares alarmados y sintiendo un silencio cómplice en las autoridades policiales locales, acudieron a la opinión pública, a las autoridades universitarias y al clero. De inmediato la colectividad se movió entre dos certezas y algunas interrogantes: todo el mundo sabía que el muchacho estaba muerto y que la comisión de la P.T.J. era la autora del homicidio; las dudas eran dónde estaba el cadáver, cuáles y cuántos funcionarios habían participado, y por qué las autoridades locales se negaban rotundamente a dar información.
La desaparición de Quintero tuvo su punto culminante cuando representantes de la comunidad universitaria de la U. C. hicieron una huelga de hambre, y el clero de la Diócesis de Valencia, encabezado por Monseñor Luis Eduardo Henríquez emitió un comunicado donde pedían a las autoridades el esclarecimiento del hecho. A esto se sumó la actitud de las autoridades de la U.C. quienes se entrevistaron con el Fiscal General de la República, solicitándole una averiguación para determinar lo sucedido con Quintero. Como consecuencia de estas acciones la P. T. J. de Caracas envió una comisión especial presidida por el Comisario Vicente Silva Palomo, quien “esclareció” en cuatro días lo ocurrido e informó que los dos funcionarios responsables de la muerte del universitario estaban bajo arresto y serían pasados a los tribunales competentes.
El cadáver había sido enterrado en el sector Pira Pira, el padre del joven manifestó “del cuerpo prácticamente quedaban los huesos…”; y “no pido venganza sino justicia, y ojalá sus asesinos no originen otros problemas a nivel estudiantil, pues bien es sabido que la presión existente fue clave para que se esclareciera su misteriosa desaparición”.
Comenzando junio, una multitud estimada en 30 mil personas partió del rectorado de la U.C. con el féretro por la avenida Bolívar y luego por la avenida Las Ferias para concluir con un mitin en la Plaza Santa Rosa, fue la manifestación más impresionante que se había realizado en Valencia desde la caída de Pérez Jiménez; convocada por la Federación de Centros Universitarios (F.C.U.), el Comité Quintero y distintos gremios; el desfile se caracterizó por su magnífica organización, y se llevó a cabo sin incidentes; brigadas creadas por los mismos participantes se encargaron de mantener el orden en todo el recorrido.
Después de más de tres décadas, el Caso Quintero nos lleva a hacer una serie de reflexiones: si bien es cierto que no es política del gobierno nacional actual la represión (detenciones, desapariciones y torturas) al movimiento estudiantil, y que en los casos de abusos policiales contra este sector, las autoridades han prestado toda la colaboración para esclarecerlos; como prueba tenemos la llamada “Masacre de Kennedy” ocurrida en el 2005, donde al igual que en el caso Quintero, una comisión policial asesinó a un grupo de estudiantes al confundirlos con unos delincuentes que buscaban; y el ministro de Interior y Justicia, Jesse Chacón, actuó con celeridad, llevando a los tribunales a los responsables, y por cuyo caso se encuentra más de una veintena de agentes policiales condenados a treinta años de presidio. También debemos reconocer que la violencia se apoderó de nuestro país, las noticias que en la década de los ochenta leíamos que ocurrían en Medellín, Colombia; hoy no es que las leemos en los periódicos como explican las autoridades, cuando tratan de hacer ver que la inseguridad es una matriz de opinión creada por los medios de comunicación. Las noticias sobre la violencia que vivimos se las escuchamos a nuestros propios vecinos quienes en su mayoría han sido víctimas de hurtos, robos y secuestros; cuando hasta en nuestras propias familias han ocurrido asesinatos; desde una conversación post vacacional con la Directora del colegio donde mi hijo recibe actividades complementarias quien me comentaba que el colegio (totalmente enrejado) fue hurtado por lo menos tres veces en vacaciones; hasta la noticia ocurrida hace poco en Maracay donde un cliente de una arepera asesinó al que despachaba por el fútil motivo de que no le rellenó suficientemente la arepa.
La violencia es un problema que nos afecta y nos compete a todos sea cual sea nuestra tendencia política o nuestro credo religioso. La violencia es creada por un sistema social que primero le niega al ser humano casi desde su nacimiento la oportunidad de una vida decorosa; las condiciones apropiadas de salud, alimentación, vestido, trabajo, vivienda, educación, planificación familiar y esparcimiento sano; y que fomenta la violencia a través de programas policíacos, donde se hace apología del delito por televisión; y que luego lo hace víctima de una política policial destinada al asedio y al hostigamiento de los marginados; como decía Jorge Eliecer Gaitán “una sociedad que cría monstruos para luego triturarlos”. Una política policial y judicial que niega el enfoque del combate hacia la verdadera delincuencia, la delincuencia organizada, el narcotráfico; que no persigue el defalco público y la corrupción administrativa; que es feroz y represiva con los humildes y encubridora con los poderosos; que al decir de Alí Primera “siempre es eficiente cuando se trata de los pobres”. Casos como el Caso Quintero, ocurrido cuando yo sólo contaba con seis años de edad, y que hoy traigo a colación, espero que nos inviten a reflexionar, y que NUNCA MÁS ocurran en nuestro país.
