Antes de comenzar a redactar mi columna para esta edición quisiera agradecer al consejo de redacción del periódico “Entre Todos Progresamos”, la oportunidad de escribir en él, de poder trasmitir mis ideas, a esos ya miles de lectores de este periódico ¡Gracias!
Con motivo de las fuertes lluvias que, por supuesto, han provocado el colapso de gran cantidad de viviendas, el gobierno nacional retoma el tema vivienda, se habla de créditos adicionales, se invita al sector privado a participar, se ofrecen nuevamente soluciones inmediatas, pero, la verdad, el gobierno pareciera no tener una ruta cierta para la solución del problema. El déficit habitacional hoy trasciende más allá de los dos millones ochocientas viviendas. Hemos dicho en muchas oportunidades que, en solitario, el gobierno no podrá resolver el déficit habitacional, es necesario concertar con todos los sectores involucrados en el tema (públicos y privados) en una gran alianza para desarrollar un plan nacional a mediado y largo plazo.
En primer lugar, el déficit habitacional no sólo obedece a la falta de construcción de vivienda, sino que se agrava por lo que está pasando en materia arrendaticia, el mercado está parado, se trabajó arduamente en la Subcomisión de Vivienda con un grupo muy calificado de diversos sectores en la reforma del Decreto Nº 427 de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios y luego de ser entregada en la Comisión Permanente, permanece congelada en la Asamblea Nacional, la política del ejecutivo de congelar los cánones de arrendamiento, ha sido un fracaso.
El numero de viviendas en alquiler ha seguido, en los últimos años, una trayectoria de decrecimiento, impulsado fundamentalmente por la evolución de la población, los altos precios y por lo difícil de conseguir una vivienda alquilada por la desconfianza del arrendador. El problema afecta no sólo a los sectores de estratos bajos, la clase media también se encuentra ante un escenario donde la imposibilidad de comprar vivienda la induce a buscar un lugar de alquiler para habitar. La oferta de alquileres es cada vez más reducida y los precios, en extremo elevados, con el proyecto de Reforma del Decreto de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios se actualiza y concentra en un sólo texto legal toda la materia, donde las partes que intervienen en la relación arrendaticia aseguran el derecho de defensa y la debida celeridad y economía procesal, debido al arquetipo oral para el proceso jurisdiccional inquilinario y la introducción de un dispositivo de conciliación y mediación previo al contradictorio.
En Segundo Lugar, hay que terminar de legislar en materia de pre-venta de viviendas en proceso de construcción, esta forma de comprar permite que muchas familias puedan pagar sus iniciales fraccionadamente, mientras consiguen la aprobación de un crédito hipotecario, hubo en el mercado una distorsión de esta figura por el cobro exagerado del INPC por parte de muchas constructoras, agravado este cobro por la mora en la entrega de las viviendas, la verdad no existían normas que regularan esta situación, lo que trajo como consecuencia la especulación por parte de algunos sectores que perjudicaron ampliamente esta parte del mercado inmobiliario, es necesario avanzar con la ley, que ya fue aprobada en primera discusión, para que existan reglas claras para compradores y constructores, reactivando nuevamente las operaciones de las pre-ventas de viviendas.
En Tercer Lugar, hay que señalar que, a pesar del esfuerzo, hay que reconocerlo, para fortalecer el FAOV(Fondo de Ahorro Obligatorio para la vivienda), a pesar de las tasas sociales, de los subsidios habitacionales, de la Ley de Protección al Deudor Hipotecario, un porcentaje importantísimo de la población, no está beneficiado por el sistema de política habitacional o estando dentro del sistema no son favorecidos porque su cuadro crediticio no le permite acceder a un crédito hipotecario, este número es elevadísimo y está conformado mayoritariamente por mujeres jefes de familia, personas mayores de 50 años y jóvenes, a este sector de la población hay que atenderlo de manera urgente.
Estamos empeñados en presentar una Ley para desarrollar esta idea que hemos llamado, La Ley para la Construcción de la Vivienda Popular, proponemos que en un convenimiento entre los municipios, el FAOV, los afectados, los productores de inmuebles y los gremios, se realice un estudio de los diferentes terrenos que existen en todos los Municipios, empezando con los terrenos urbanos que están dotados de servicios públicos y en caso de no tener servicios públicos dotarlos de los necesarios como son agua, electricidad y transporte, considerados como los elementos básicos para desarrollar las viviendas, una vez dotados estos terrenos y de acuerdo al plan de urbanismo existente, proceder a desarrollar el urbanismo, es decir, las aceras, los brocales, las calles, los espacios recreativos, y luego siempre de acuerdo al desarrollo urbano de cada municipio, con la participación de los colegio de Ingenieros y arquitectos, preparar un modelo de vivienda del municipio, pues no es lo mismo el municipio Puerto Cabello que el municipio Guacara, por ejemplo. Una vez establecido el modelo de vivienda, el próximo paso sería inducir la construcción de la misma con asistencia técnica y profesional de todo tipo, esta inducción no es sólo la autoconstrucción concebida como la entrega del material y que los beneficiaros construyan sin ayuda pues, un ejemplo de esto, lo tenemos en Carabobo, trayendo como consecuencia un numero significativo de ranchos de bloque, pues sin dirección, ni mecanismos se han desaprovechado los materiales convirtiéndose las viviendas en casas precarias; al contrario, seria una autoconstrucción dirigida, supervisada, orientada permanentemente con profesionales y técnicos, con planos que permitan la posterior ampliación o crecimiento futuro de dichas viviendas.
En Cuarto Lugar, El Ministerio de Vivienda y Hábitat tiene que realizar una investigación profunda y urgente de lo que está pasando con los recursos del Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV), los reclamos que recibimos a diario no son pocos, con respecto a que no le llegan los recursos a la banca. Por otro lado, nos encontramos con urbanismos enteros a medio construir, prácticamente abandonados, algunos financiados por el Estado y otros con financiamiento privados, hay que hacer un diagnostico en el país de todos estos urbanismos, ¿qué pasó con el dinero?, ¿dónde están los contratistas?, ¿quién paga por los daños causados? Es por ello y otras actuaciones que seguramente desarrollaremos en otros artículos, que consideramos que es necesaria la concertación de todos los sectores que están involucrados en la construcción para desarrollar con las experiencias de todos, mejores ideas para resolver el problema.
No más cordones de miseria, los venezolanos merecen mejorar su calidad de vida
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