Por Daniel Kersffeld / Opinión
“Sin duda, si Irán desarrollara una bomba nuclear, haríamos
lo mismo lo antes posible”. La frase, pronunciada en 2018 por el príncipe
heredero saudí Mohammed bin Salman, cobra hoy un sentido mayor, pero también
mucho más trágico.
En julio, en un momento álgido de la guerra contra Irán,
Washington dio un paso más en la peligrosa tendencia de la proliferación global
de recursos nucleares al suscribir un acuerdo de cooperación con Riad, mediante
el cual se construirá en territorio árabe una planta de enriquecimiento de
uranio para fines civiles. El temor de fondo, sin embargo, es que el
entendimiento incentivado por Donald Trump pueda propiciar el desarrollo de
armamento nuclear, desencadenando de ese modo una carrera armamentística en el
siempre volátil escenario de Medio Oriente, a partir del creciente antagonismo
entre la nación sunní y el régimen persa.
El acuerdo restringe inicialmente el enriquecimiento de
uranio a menos del cinco por ciento, pero tras un estudio adicional y un
acuerdo por escrito, permite que dicho límite aumente al veinte por ciento, un
nivel que permite alcanzar rápidamente el grado necesario para fabricar armas
nucleares.
Por otra parte, el nuevo convenio autoriza a las empresas estadounidenses a impulsar proyectos de energía nuclear por valor de decenas de miles de millones de dólares en Arabia Saudita, con la esperanza de que esta medida fortalezca los lazos entre la Casa Blanca y el régimen saudita e impida la colaboración del reino con países adversarios como Rusia y China.
En el Congreso, los demócratas buscan capitalizar en términos
políticos el rechazo al acuerdo antes de que tengan lugar las elecciones de
medio término del 3 de noviembre. En un tiempo límite de noventa días, la
oposición intentará aprobar una ley para bloquear el apoyo del gobierno
republicano a una iniciativa en Medio Oriente que está generando una fuerte
controversia.
Los legisladores demócratas han cuestionado cómo la
administración Trump pudo establecer un acuerdo que abre la puerta a un
enriquecimiento del 20 por ciento, cuando criticó tan duramente el acuerdo
nuclear con Irán de 2015, llevado adelante por el expresidente Barack Obama,
que limitaba el enriquecimiento al 3,67 por ciento durante 15 años.
Otra preocupación es el proceso de inspecciones, ya que el
acuerdo planteado por Trump no exige que Arabia Saudita participe en el
“Protocolo Adicional”, que obliga a un país a proporcionar al Organismo
Internacional de Energía Atómica (OIEA) la información sobre todas las etapas
del ciclo del combustible del programa nuclear y la posibilidad de realizar una
conveniente fiscalización sobre las instalaciones donde se desarrolla la
investigación.
Por su parte, la agencia presidida por el argentino Rafael
Grossi, actualmente embarcado en la carrera por la Secretaría General de las
Naciones Unidas con apoyo del gobierno de Javier Milei e, indirectamente,
también del de Trump, asume como plausible la versión sobre el uso pacífico de
la energía atómica que podría producirse en Arabia, por lo que podrían
relajarse los controles e, incluso, las visitas a los centros de procesamiento
de uranio.
Más allá de las críticas y de las preocupaciones, la Casa
Blanca cree que, incentivando el acuerdo nuclear en Arabia Saudita, en
realidad, está contribuyendo a la estabilización de una región siempre
convulsionada por las amenazas, las reacciones y los desbordes bélicos. Más
aún, porque considera como una garantía que sean empresas estadounidenses las
que están colaborando en el proceso de enriquecimiento de uranio, frente a
cualquier otro competidor apoyado por gobiernos rivales.
El acuerdo nuclear abre un mercado de miles de millones de
dólares para la industria energética, tecnológica y de construcción de
infraestructura de los Estados Unidos, pero también ligadas al entorno más
cercano al presidente.
Para la construcción del reactor nuclear se espera la
participación de la empresa Westinghouse que, a su vez, es un socio comercial
frecuente de la inmobiliaria Newmark, propiedad en parte de los hijos del
secretario de Comercio de Trump, Howard Lutnick. Otro posible beneficiario es
Peter Thiel, uno de los principales donantes de Trump, con clara influencia en
el vicepresidente JD Vance, y un importante inversor en la empresa de
combustible nuclear General Matter.
Además, son conocidas las vinculaciones económicas entre la
dinastía árabe y la familia presidencial de los Estados Unidos. Los hijos de
Trump, Eric y Donald Jr., adquirieron una participación en la empresa de
combustible nuclear Quantum Leap Energy que podría ser utilizada por Arabia, en
tanto que el yerno presidencial, Jared Kushner, aceptó una inversión de 2 mil
millones de dólares de un fondo soberano saudí que podría ser utilizado como un
recurso de vital importancia para la construcción de toda la infraestructura
necesaria.
El contexto en el que se produjo el entendimiento con
Washington es inquietante. Más aún, porque el 7 de agosto, Arabia Saudita junto
a Pakistán y Turquía activaron un pacto de defensa mutua en respuesta a los
repetidos ataques de los hutíes contra la infraestructura saudí. Como si se
tratara de una OTAN islámica, desde un inicio se estableció que “cualquier
ataque armado contra cualquiera de los tres estados se considerará un ataque
contra todos ellos”.
El nuevo Acuerdo de Defensa Conjunta de La Meca cuenta con
una fuerza militar combinada de casi 1,4 millones de efectivos en activo,
además de sus 3.400 aeronaves, 6.000 tanques y más de 340 buques navales.
Turquía posee el ejército más grande de la OTAN, con cerca de medio millón de
soldados y, al menos hasta ahora, Pakistán es el único país de mayoría
musulmana con armas nucleares en todo el mundo.
El 5 de octubre, el Acuerdo entró en acción con la
movilización militar en territorio árabe frente al agravamiento del conflicto
civil en Yemen, y a las incursiones armadas de los hutíes que han golpeado
infraestructura crítica como aeropuertos, hospitales y centrales energéticas
árabes.
Si bien el programa de desarrollo nuclear de Arabia Saudita y
la conformación de la liga militar junto con Turquía y Pakistán tiene como eje
central un posible enfrentamiento directo contra Irán y contra aquellas
organizaciones vinculadas al régimen chiita, como es el caso de los hutíes, al
mismo tiempo no deja de resultar amenazante también para Israel.
Frente al rechazo por el gobierno de Netanyahu, Trump
advirtió que el financiamiento al proyecto atómico saudí solo se haría efectivo
si Arabia normaliza sus relaciones con el Estado israelí, una decisión que, de
todos modos, Riad posterga hasta que Tel Aviv finalmente garantice la
existencia de un Estado palestino independiente. Una circunstancia altamente
compleja que, por lo visto, no altera los planes para que la Casa Blanca avance
en el rediseño militar de Medio Oriente.
La elección de fortalecer militarmente a Arabia Saudita por
sobre el imperativo de seguridad de Israel constituye en la actualidad un
ejemplo acabado de cómo para Trump (y, por derivación, también para los Estados
Unidos) las alianzas estratégicas pueden convertirse, sin mayor dificultad, en
asociaciones tácticas en torno a situaciones imprevistas, a nuevos escenarios,
pero, sobre todo, a la posibilidad de llevar adelante negocios de alta
rentabilidad en un mediano plazo.
Fuente: Página 12 / Argentina.
