El tribunal suspendió por tres votos contra dos el
nombramiento de Jonathan Menkos, ocho días después de que asumiera, y anuló
todo lo que firmó. La decisión llegó después de que la embajada estadounidense
advirtiera, sin nombrar a nadie, que no callará ante los intentos de
“politizar” el banco central
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala apartó
este jueves 8 de octubre a Jonathan Menkos Zeissig de la presidencia del
banco central, ocho días después de que el presidente Bernardo Arévalo
lo juramentara, y ordenó anular todo lo que firmó en ese tiempo. La decisión,
tomada por tres votos contra dos, llegó después de que la Embajada de
Estados Unidos publicara en X un mensaje en el que expresaba su respeto por
la autoridad del tribunal y advertía que “jamás” se quedaría callada ante
los intentos de politizar el Banco de Guatemala.
El mensaje se publicó mientras la Corte deliberaba sobre un caso que enfrenta al Gobierno con el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), la principal cúpula empresarial del país, en torno a quién debe dirigir la institución que fija la política monetaria y protege el valor del quetzal. Mientras los magistrados resuelven el fondo, el banco queda en manos de su vicepresidente, José Alfredo Blanco Valdés.
Arévalo, un socialdemócrata que llegó al poder en enero de 2024 después de
resistir una ofensiva de la Fiscalía para impedir su investidura, gobierna
con una bancada que obtuvo apenas 23 de los 160 escaños del Congreso y
frente a una Corte que le ha frenado otras decisiones. La disputa por el banco
central suma ahora a esa tensión la voz de Washington.
Qué está en juego
El Banco de Guatemala, conocido como Banguat,
es el banco central del país. Su tarea principal es mantener estable el nivel
general de precios para proteger el valor del quetzal, y para ello fija las
políticas monetaria y cambiaria, es decir, las decisiones que influyen en las
tasas de interés, en la cantidad de dinero en circulación y en el precio del
dólar.
Esas decisiones las toma la Junta Monetaria, que
preside la misma persona que encabeza el banco y que el presidente de la
República nombra para un periodo de cuatro años. La Constitución reparte el
resto de los asientos entre los ministros de Finanzas, Economía y
Agricultura, un representante del Congreso, uno de la Universidad
de San Carlos, uno de las asociaciones empresariales de comercio, industria
y agricultura y otro elegido por las juntas directivas de los bancos privados.
Menkos conoce la institución desde dentro. Según el perfil que difundió el
Gobierno, trabajó más de veinte años en el banco central, donde llegó a gerente
económico, y dirigió durante una década el Instituto Centroamericano de
Estudios Fiscales (Icefi). En 2019 fue candidato a la vicepresidencia por
el Movimiento Semilla, el partido que cuatro años después llevó a Arévalo
al poder, y desde enero de 2024 hasta el 30 de septiembre pasado fue su
ministro de Finanzas Públicas.
Una curul que nunca soltó
En las elecciones de 2023, Menkos ganó un escaño en
el Congreso por Semilla. Cuando arrancó la legislatura, en enero de 2024,
obtuvo un permiso del pleno para ausentarse y asumir el Ministerio de Finanzas,
sin renunciar a la curul. La figura es legal y habitual en Guatemala,
porque permite a un diputado servir en el Ejecutivo y regresar a su asiento
cuando deja el cargo, como hizo la exministra de Ambiente Patricia Orantes.
Esa curul en pausa es el centro del litigio. La Ley
Orgánica del Banco de Guatemala establece, en sus artículos 18 y 31,
impedimentos e incompatibilidades para que una persona con calidad de diputado
presida la Junta Monetaria y el banco. El Comité Coordinador de Asociaciones
Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), la principal
cúpula empresarial del país, amplió el 1 de octubre, el mismo día de la
juramentación, un amparo contra Arévalo en el que sostuvo que el permiso
legislativo “no extingue la calidad de diputado ni la curul”.
A esa acción se sumó la del diputado Allan Rodríguez,
jefe de la bancada Vamos, el partido del expresidente Alejandro
Giammattei. Los accionantes invocaron además el artículo 112 de la
Constitución, que impide ejercer simultáneamente más de un cargo público
remunerado. Un tercer amparo fue más lejos y puso en duda que Menkos
reúna la “notoria preparación y competencia en materia económica y financiera”
que exige el puesto.
Lo que ordenó la Corte
El amparo provisional, conviene precisarlo, es una medida
cautelar que protege de forma temporal a quien lo pide mientras la Corte
estudia el caso y dicta sentencia definitiva. En la práctica, Menkos ya
no dirige el banco, aunque la discusión de fondo sigue abierta.
La resolución se tomó en una sesión del pleno convocada a las
10:30 de la mañana por la presidenta del tribunal, Gladys Annabella Morfín
Mansilla. Según el medio guatemalteco Prensa Comunitaria, Morfín agendó
el caso presionada por el sector privado y por tres de sus colegas, Roberto
Molina Barreto, Julia Rivera y Dina Ochoa.
Los magistrados aceptaron el argumento central del Cacif.
Concluyeron que el permiso del Congreso separó temporalmente a Menkos de
sus funciones legislativas sin quitarle la condición de diputado, y lo
escribieron sin rodeos: “El diputado electo continúa teniendo esa calidad”. De
ahí dedujeron que le alcanzan las incompatibilidades de la Ley Orgánica del
banco y que Arévalo lo designó sin verificar antes esos impedimentos,
una omisión que el fallo califica de arbitraria y que, a juicio del tribunal,
vulnera la seguridad jurídica y el debido proceso.
La orden de dejar sin efecto todo lo actuado por Menkos
alcanza sus decisiones administrativas, organizativas y laborales y las
vinculadas a la Junta Monetaria. En esa semana, la Junta había
aprobado el 7 de octubre el relevo simultáneo de cinco gerencias del banco
(General, Financiera, Económica, Administrativa y Jurídica), la primera
renovación completa de su cuerpo gerencial, que el Cacif criticó por considerar
que podía debilitar la continuidad técnica de la institución.
El tribunal también conminó a Arévalo a comprobar,
antes de cualquier nueva designación, que el candidato cumpla los requisitos
legales y no tenga impedimentos para el cargo.
Quién decide en la Corte
La Corte tiene cinco magistrados titulares y cada uno lo elige una institución
distinta: el presidente de la República, el Congreso, la Corte Suprema, el
consejo de la Universidad de San Carlos y el Colegio de Abogados. Arévalo solo
eligió a una, la presidenta Morfín. En el caso Menkos, ella y Astrid
Lemus, la magistrada del Colegio de Abogados, fueron los dos votos en
contra.
La mayoría la formaron Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa
y Julia Rivera, y sus trayectorias ayudan a entender por qué Arévalo,
tras otro fallo adverso en abril, habló de “resistencias al cambio”. Molina
Barreto, elegido por el Congreso, fue en 2019 candidato a la
vicepresidencia junto a Zury Ríos, hija del exdictador Efraín Ríos Montt, por
el partido Valor.
Ochoa llegó a la Corte en 2016 designada por Jimmy Morales, y en 2021 la
reeligió un Congreso presidido por Allan Rodríguez, el mismo diputado de
Vamos que ahora pidió apartar a Menkos; en 2024, el Departamento de
Estado la incluyó en su lista de actores corruptos por aceptar sobornos a
cambio de fallos, según el diario guatemalteco La Hora. Rivera fue
elegida por el consejo universitario que encabeza el rector Walter
Mazariegos, sancionado por Estados Unidos, y es exesposa del secretario
general de esa universidad.
El caso Menkos se suma a otros frenos que el tribunal
ha puesto al Gobierno. En enero de 2024, días después de la investidura, la
Corte anterior anuló la elección de Samuel Pérez, de Semilla,
como presidente del Congreso y confirmó que los diputados del partido de Arévalo
debían actuar como independientes, sin bancada.
Esa misma Corte, según Prensa Comunitaria, impidió la
remoción de la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por Washington
y cuya fiscalía persiguió al partido del presidente. Con su integración actual,
el 23 de abril anuló la lista de candidatos a fiscal general a pedido de Raúl
Falla, de la Fundación contra el Terrorismo, y dio a Arévalo cuatro
horas para devolverla; en agosto ordenó al Congreso priorizar las
interpelaciones contra sus ministros, que dejaron a doce de ellos sin poder
salir del país. El tribunal también ha fallado a favor del Gobierno, como en
mayo, cuando rechazó los amparos contra el nuevo fiscal general, Gabriel
García Luna.
El mensaje de la embajada
Mientras la Corte analizaba los recursos, la Embajada de
Estados Unidos en Guatemala publicó en su cuenta de X un mensaje sobre el
banco central. Este es el texto íntegro:
"El Banco de Guatemala es una institución vital para la
estabilidad económica del país. Estados Unidos también respeta la autoridad de
la Corte de Constitucionalidad para tomar decisiones de manera independiente,
libre de presiones externas o represalias, y su papel fundamental en la defensa
del Estado de derecho. Jamás nos quedaremos callados ante los intentos de
politizar el Banco de Guatemala, socavar su independencia o poner en riesgo la
estabilidad económica del país."
El mensaje no menciona a Menkos ni a Arévalo, ni dice
a quién atribuye los intentos de politización. Sí expresa, antes de que se
conociera la resolución, respaldo a la autoridad del tribunal que debía decidir
sobre el nombramiento, y advierte que Washington no guardará silencio
ante lo que considere una amenaza a la independencia del banco. El fallo de
la Corte se dio a conocer después de esa publicación.
Leído junto a esos datos, el mensaje deja preguntas abiertas.
La embajada pidió respeto para una Corte que decide “libre de presiones
externas” mediante el pronunciamiento de un gobierno extranjero sobre un caso
pendiente, y no explicó qué entiende por politizar el banco ni a quién se
refiere.
Su respaldo fue, además, para una mayoría que incluye a una
magistrada que el propio Departamento de Estado señaló por corrupción en
2024 y a otra elegida por un rector al que Washington sancionó.
El mensaje llega después de meses de presión republicana
sobre la sede diplomática. En noviembre de 2025, la congresista María Elvira
Salazar pidió al Departamento de Estado destituir al entonces embajador Tobin
Bradley y a su segundo, Patrick Ventrell, por supuesta injerencia en las
elecciones judiciales de 2026, una carta que celebraron Ricardo Méndez Ruiz y
Raúl Falla, de la Fundación contra el Terrorismo, ambos sancionados por Estados
Unidos. En abril, el mismo Falla promovió el amparo con el que la Corte anuló
la lista de candidatos a fiscal general.
La defensa del Gobierno
Arévalo defendió el nombramiento en el informe circunstanciado que la Corte le
exigió entregar en 48 horas. Argumentó que el artículo 160 de la
Constitución permite a los diputados desempeñar cargos en entidades autónomas o
descentralizadas con autorización del Congreso, y que Menkos no
ocupa dos puestos ni cobra dos salarios, porque mientras está fuera del
Congreso no ejerce como legislador.
En la lectura del Ejecutivo, la licencia existe
precisamente para que un diputado pueda servir de forma temporal en otra
institución sin perder la posibilidad de volver a su escaño.
El propio Menkos, consultado por periodistas el martes
6 de octubre tras una reunión en el Congreso sobre el presupuesto de 2027, dijo
que su único trabajo era la presidencia del banco central y que los abogados
habían concluido que el procedimiento se ajustaba a la ley. “Somos muy
respetuosos de la decisión que se vaya a tomar”, añadió. Al juramentarlo el 1
de octubre, Arévalo había dicho que la tarea principal de la nueva gestión
sería preservar la autonomía y la independencia del banco.
“El motivo es ideológico”
Para la diputada Andrea Reyes, abogada electa en 2023
por el Movimiento Semilla, el mensaje diplomático y el fallo forman
parte de la misma historia. “Está el antecedente en el que la embajada
directamente intervino para poder nombrar a uno de los magistrados de la Corte
de Constitucionalidad; por eso el respaldo que la embajada le da a la Corte
en su resolución”, dijo en entrevista para esta nota. A su juicio, ese respaldo
“socava bastante las facultades que tiene el presidente para nombrar al
presidente del Banco de Guatemala, como lo establece la ley”.
Reyes no precisó a qué magistrado se refería, aunque el episodio público más
reciente sobre la embajada y la integración de la Corte ocurrió en marzo,
durante la elección de magistrados para el periodo 2026-2031. El día 3 de ese
mes, Arévalo denunció que se intentaba hacer creer que la sede
diplomática pedía votos para candidatos que, a su juicio, carecían de
integridad, entre ellos Molina Barreto y la entonces fiscal general
María Consuelo Porras, y anunció consultas con el Departamento de Estado.
El encargado de negocios estadounidense de entonces, John
Barrett, no aclaró si Molina Barreto contaba con el respaldo de Washington,
según La Hora, y el 6 de marzo el Congreso lo reeligió con 100 votos para una
cuarta magistratura.
Como jurista, Reyes considera que el tribunal debió
ponderar otros elementos. “La Corte tuvo que haber tomado en cuenta el sencillo
hecho de que él no fue diputado muchísimo tiempo y, segundo, que él no es
diputado en este momento”, afirmó. “Antes de asumir como presidente del banco
estaba ejerciendo el cargo de ministro de Finanzas, y eso no es incompatible,
al contrario.”
La diputada recordó también el caso del antecesor de Menkos.
“Incluso el presidente saliente, González Ricci, que no contaba con las
calidades académicas, como sí las cuenta Jonathan Menkos, para poder
ejercer como presidente del Banco de Guatemala, ya había sido diputado
también al Congreso de la República, fue ministro de Finanzas del presidente Alejandro
Giammattei y fue nombrado por el propio Alejandro Giammattei como
presidente del Banco de Guatemala”, dijo.
La suspensión es temporal y la Corte todavía debe
dictar sentencia sobre el fondo de los amparos
“La historia es técnicamente la misma y la Corte no toma en
cuenta este antecedente.” Añadió que en otras ocasiones personas que estaban en
el Congreso presidieron el banco central, aunque no citó nombres.
La trayectoria que describe coincide con los registros
públicos. Álvaro González Ricci, licenciado en Mercadotecnia por la
Universidad Rafael Landívar, fue diputado por el Distrito Central entre
2012 y 2016, ministro de Finanzas de Giammattei desde enero de 2020 y
presidente del Banguat entre 2022 y 2026 por designación del mismo
mandatario.
Lo que separa ambos casos es el calendario: cuando González
Ricci llegó al banco, en octubre de 2022, su periodo legislativo había
terminado seis años antes, mientras que Menkos conserva una curul vigente para
la legislatura 2024-2028, que es justamente lo que la Corte consideró
incompatible.
Preguntada si el motivo de fondo es ideológico, Reyes respondió:
“Para mí el motivo es ideológico, es político, y creo que tiene que ver con el
control que los bancos del sistema quieren ejercer sobre una entidad tan
importante como lo es la Junta Monetaria, que es básicamente quien
decide la política monetaria del país”.
Según la diputada, “los bancos del sistema históricamente han
tenido su cuota de poder en la Junta Monetaria”, y varios de los perfiles que
la han presidido, entre ellos González Ricci, “respondían directamente
con ellos”. El Cacif, que agrupa también a las asociaciones del sector
financiero, encabezó la primera de las acciones contra el nombramiento.
Lo que sigue
La suspensión es temporal y la Corte todavía debe dictar
sentencia sobre el fondo de los amparos. Mientras tanto, Blanco Valdés conduce
el banco y, como prevé la Constitución cuando el vicepresidente sustituye al
presidente, tiene voto en la Junta Monetaria.
Si Arévalo insistiera en el mismo nombre, Menkos
tendría que renunciar a su escaño para asumir, según el análisis de Prensa
Comunitaria, aunque ese camino dependerá de lo que resuelvan los
magistrados.
Blanco Valdés llegó a la vicepresidencia del Banguat en octubre de
2018, durante el gobierno de Jimmy Morales; Giammattei lo ratificó en
2022 para acompañar a González Ricci, y Arévalo lo mantuvo el 1 de octubre para
acompañar a Menkos.
Ocho días después del relevo que pretendía el Gobierno, el
banco central queda a cargo del único funcionario que ha permanecido en su
cúpula a lo largo de tres administraciones.
Tomado de Diario Red / España.
