Por Juan Linares / Opinión
Los recientes anuncios sobre el
diagnóstico y los acuerdos con la empresa estadounidense General Electric
Vernova para recuperar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) han sido presentados
por los voceros oficiales como la solución definitiva a la crisis. Sin embargo,
una mirada técnica a las costuras del plan revela que las expectativas vendidas
a la población son falsas. La realidad es que los venezolanos seguiremos a
oscuras por mucho tiempo más, y las razones van más allá de una simple
reparación de turbinas. El mito de la solución inmediata: Cronogramas que no
cuadran La primera gran falsedad radica en los tiempos. Estabilizar una red
eléctrica destruida por años de desidia no es cuestión de meses. Técnicamente,
la instalación y sincronización del primer gigavatio (1 GW) de potencia
prometido puede tardar más de un año de trabajo continuo. El plan a largo plazo
habla de sumar 5 GW en un período de cuatro a cinco años. Para ponerlo en
perspectiva, esa meta apenas rozaría una fracción del déficit real si consideramos
que el consumo nacional histórico ha demandado unos 15 GW, una carga que hoy la
Central Hidroeléctrica del Guri no puede soportar sola de manera estable.
Prometer mejoras sustanciales en seis meses es un engaño estadístico.
¿Electricidad para quién? La
prioridad es el petróleo, no el ciudadano
Hay un dato crucial que se mantiene
bajo la alfombra: los primeros bloques de energía recuperada no irán destinados
a aliviar los apagones en los hogares de Maracaibo, Valencia o Barquisimeto. El
objetivo principal de este financiamiento y esfuerzo técnico es dotar de
autonomía energética a las empresas petroleras transnacionales y a los
proyectos de PDVSA que planean instalarse a futuro. La prioridad del plan es
producir crudo para generar ingresos, dejando al ciudadano común en la cola del
racionamiento.
La "indigestión" del sistema: El colapso de las autopistas eléctricas
Inyectar megavatios en las
plantas de generación sin reparar el resto de la cadena es como intentar meter
el agua de una represa a través de una manguera de jardín: el sistema sufrirá
una indigestión técnica. El verdadero cuello de botella de Venezuela está en
las redes de transmisión y distribución. El SEN padece una pérdida crítica de
autotransformadores y líneas troncales obsoletas. Si no se ejecuta una profunda
adecuación tecnológica y un mantenimiento masivo en las subestaciones, el
aumento de la generación provocará brutales sobrecargas, disparando las
protecciones automatizadas y causando apagones sistémicos aún más graves que
los actuales.
El laberinto de las termoeléctricas
duales y la crisis del gas
El plan promete revivir el
parque termoeléctrico (como Termozulia, Planta Centro y Termocarabobo) para
apoyar al Guri, pero choca con la realidad del combustible. Estas plantas
poseen sistemas duales, pero operarlas es un calvario: El gas no llega: El suministro
de PDVSA Gas es errático y viaja por gasoductos desgastados que no sostienen la
presión mínima requerida por las turbinas de alta tecnología, provocando que se
apaguen por seguridad. El diésel es inviable: Operarlas con combustible líquido
es insostenible a gran escala debido a la falta crónica de cisternas para el
traslado y la logística de distribución interna.
La historia se repite: El saqueo de
los 105.000 millones de dólares
Para entender por qué este
nuevo plan genera profunda desconfianza, es obligatorio mirar el pasado. La
actual crisis no se debe a la falta de dinero, sino a un desfalco sin
precedentes históricos. Estudios independientes de ingenieros eléctricos y
auditorías de la organización Transparencia Venezuela revelan que los gobiernos
chavistas destinaron más de 105.000 millones de dólares al sector eléctrico
nacional. Expertos apuntan que con solo 18.000 millones de dólares bien
administrados se habría construido un sistema óptimo y blindado para todo el
país.
El punto de quiebre ocurrió
precisamente con el decreto de Emergencia Eléctrica de 2010. Bajo esa figura
legal, el régimen gastó más del 65% de esa gigantesca fortuna. La
"emergencia" sirvió como un atajo perfecto para eludir la Ley de
Contrataciones Públicas, permitiendo la asignación de millonarios contratos
"a dedo" y sin licitación a empresas de maletín o consorcios
cómplices. El resultado está a la vista: plantas inconclusas, turbinas usadas
compradas como nuevas y miles de millones evaporados que hoy equivalen a
interruptores dañados. Un ejemplo emblemático de este patrón de corrupción
ocurrió con la constructora brasileña Odebrecht, la cual recibió en 2008 la
adjudicación para ejecutar obras hidroeléctricas La Represa de Tocoma con un
presupuesto inicial de 3.100 millones de dólares. Para 2016, el costo de la obra
civil se había inflado desproporcionadamente a 9.300 millones de dólares —el
triple del valor original— sin que la infraestructura llegará a aportar flujo
eléctrico real y operativo para mitigar el sufrimiento de la población.
La cultura de la evasión: Negar el
error para repetir el fracaso
El componente más grave de la crisis
no es técnico, sino político. Ningún vocero del régimen ha asumido la
responsabilidad fiscal y administrativa por la falta de mantenimiento
preventivo, la alarmante desprofesionalización del sector, la corrupción milmillonaria
ni la nula planificación a largo plazo Para las autoridades, siempre es más
fácil y políticamente cómodo evadir los errores estructurales y culpar a un
tercero —inventando ataques electromagnéticos o el inverosímil cierre manual de
una válvula en instalaciones estrictamente militarizadas por la Fuerza Armada—.
Esta incapacidad crónica para reconocer el fracaso propio es, en última
instancia, la mayor garantía de que los mismos errores se seguirán cometiendo,
condenando al país a la oscuridad permanente.
