Por Orlando Arciniegas*
A la muerte del último de los Austrias menores, Carlos II «el
Hechizado» (1661-1700), la situación de España era de decadencia general. Y,
según la opinión que expresara José de Gálvez un tiempo después, en 1776, el
influyente ministro de Indias del entonces rey Carlos III, el país había estado
tan cadavérico como el mismo rey difunto. Un rey con una salud tan frágil,
enfermizo, que el historiador británico John Langdon-Davies escribió al
respecto que «[…] desde el día de su nacimiento, estaban esperando su muerte».
Aunque sea dicho que autores más recientes han mejorado la apreciación sobre el
desempeño de este rey, hasta el punto de emitir un juicio de corrección: «ni
tan hechizado ni tan decadente».
Durante el siglo XVII, los tres grandes enemigos de España habían sido la peste, la sequía y la inflación —para no hablar de las guerras externas—. Entre los años de 1676 y 1684 se había hecho sentir de modo especial la última de estas, pero el conjunto de ellas, por su duración y efecto aniquilador, tuvieron consecuencias devastadoras sobre la población. Después de la peste, hubo una epidemia de tifus entre 1683 y 1685, principalmente en Castilla y Andalucía, que igualmente se cobró unas cuantas vidas. Y tras las enfermedades, para nunca acabar, había sobrevenido la crisis agrícola y las disputas sobre los derechos de riego entre señores rivales y entre estos y los campesinos.
A la pérdida de la cosecha en 1683, por la sequía en el sur
del país, siguieron las inundaciones que dañaron la cosecha del año siguiente,
y que conllevó el sacrificio del ganado para alivio de la penuria inmediata,
pero que extendería sus malos efectos a mediano plazo. Y en 1685, cuando
despuntaba una cierta recuperación de la producción y las condiciones de vida,
el gobierno añadió más miseria, al efectuar, primero, una drástica devaluación
de la moneda, que redujo su valor en un 75%, a lo que añadió luego una
devaluación parcial de la plata, de efecto igualmente empobrecedor; aunque a
largo plazo, por antifragilidad, esto hiciera posible la recuperación de la
estabilidad monetaria.
A pesar de este cuadro, los últimos estudios, contrariando
las tesis en otro tiempo admitidas, indican que la sociedad española mostraba
ya, en los años finales del decadente siglo XVII, modestos indicios de
recuperación. Según el destacado historiador John Lynch (1927-2018), ya en 1685
se había superado lo peor de la recesión, las epidemias comenzaban a ceder, las
medidas monetarias lograban despertar cierta confianza y los cultivos crecían
de nuevo. «Incluso el clima mejoró y la España rural ingresa en el siglo XVIII,
si no con buena salud al menos fuera de peligro». En las regiones vascas y
catalanas se dio inicio a nuevos proyectos de expansión industrial y comercial,
con búsqueda de mercados externos. Mientras en Andalucía aumentaba la
producción de trigo y, en Segovia, la producción de lana alcanzaba los buenos
niveles del siglo XVI.
Los incrementos habidos en la producción agrícola tenían que
ver con la habilitación de nuevas zonas de cultivo, pues la agricultura
continuaría, aun por largo tiempo, aherrojada por la gran propiedad nobiliaria
y eclesiástica (más de dos tercios de la tierra cultivada), por la existencia
de un núcleo de campesinos descapitalizados, castigados por las altas
exacciones impositivas y un sistema de transporte primitivo, que, de conjunto,
privaban a la economía de las condiciones y los incentivos necesarios, como
para poder avanzar hacia una economía de mercado.
Sin embargo, este panorama de suyo sombrío se hacía aún más
oscuro en lo atinente a la monarquía. El último Habsburgo, como se dijo, había
sido un rey triste y enfermizo, de cuerpo y mente, con lo que el descrédito y
la debilidad de la Corona se habían multiplicado. A esto se añadía que, frente
al débil poder del rey, y durante buena parte del siglo XVII, se habían venido
erigiendo prerrogativas aristocráticas y de factores regionales que resultaban
opuestas, por sus intereses, al pleno desarrollo de una monarquía centralizada,
moderna. Que entonces era exigida por necesidades del Estado, pues por una
parte debía hacer frente a los desafíos de las otras potencias europeas —de
ingleses, lusitanos, holandeses y franceses—, y por la otra, debía acrecer su
autoridad de modo de poder regular tanto la exigente expansión colonial en la
América española como la modernización política interna, peninsular.
Algo más que destacar: la Iglesia y la aristocracia, como
privilegios, contaban con la exención fiscal. Las Constituciones de Aragón,
Cataluña y Valencia les otorgaban una semiautonomía —residuos medievales— que
limitaba la tributación y la leva de tropas. Asimismo, los antiguos fueros de
las provincias vascongadas hacían, si no del todo imposible, sí difícil, el
incremento impositivo y la prestación del servicio militar. Esta debilidad del
poder real se hacía sentir incluso en Castilla, hasta el punto de que la
burocracia de Madrid, más que un instrumento de centralización, habíase
convertido en un agente mediador entre el soberano y los súbditos. En la que
los funcionarios se preciaban de su capacidad para tratar con los arrendadores
de impuestos, nobles, el clero, los grupos oligárquicos urbanos y locales; y
que más que obedecer a la monarquía, obraban más —según lo asegura Lynch— como
sus colaboradores. En suma: las antiguas estructuras imperiales de los Austrias
ya servían poco al propósito de permitir el crecimiento del Imperio, servir al
desarrollo de la administración colonial, y poder atender, financieramente, las
necesidades vinculadas a un mayor control y defensa del espacio territorial
imperial.
En el orden fiscal, no se daban abasto los impuestos
ordinarios, ni los ingresos de Indias para sanear una administración
crónicamente deficitaria, que no aseguraba a largo plazo la sostenibilidad de
la monarquía. A la que para colmo, afectaba también un cierto despilfarro. Lo
cierto era que las carencias se hacían sentir hasta en el entorno real,
llegándose al caso de amotinamientos entre los criados inferiores de palacio,
por retrasos en sus pagos (Domínguez, 1990: 15). Por consiguiente, la nueva
gestión borbónica debía hacer frente a todos estos problemas, con urgencia en
América, donde no solo existía un peligroso desafío por parte de potencias
rivales —de ingleses, franceses y lusitanos, principalmente—, con las
consiguientes pérdidas territoriales en islas y costas continentales del
Caribe, sino también por los hechos de una rampante corrupción y desacato en
los importantes Virreinatos de Perú y de Nueva España.
En estos, tales males ponían en riesgo las iniciativas para
el fomento económico y fiscal, imprescindibles como eran, de cara al
perfeccionamiento de las defensas del Imperio, así como para la superación de
las mismas debilidades de la Corona y de la sociedad estamental peninsular. De
la corrupción se sabía que tocaba hasta los virreyes, dada la amplia
discrecionalidad que poseían. En el caso del Perú, por ejemplo, se sabía que
los más honrados solían sucumbir ante la atmósfera de soborno y abuso de autoridad
que los rodeaba. Un mecanismo utilizado para el enriquecimiento ilícito era el
de la venta de los empleos de Hacienda y de la administración provincial. Sin
embargo, los casos más graves se localizaban en los gobiernos provinciales, en
los que los corregidores, funcionarios de los Ayuntamientos de nombramiento
real, eran conocidos por su proverbial venalidad. Asunto este que en parte se
explicaba por los sueldos indignos que se les adjudicaban.
El único efecto disuasivo de la gran corrupción eran los
juicios de residencia —o examen judicial de la conducta administrativa—, a los
que por ley debían someterse los más altos funcionarios coloniales. Pero estos
juicios, por la misma acción corrosiva del soborno y del cohecho, habían
devenido de suyo en una mera formalidad. Un elemento determinante en el
desacato era el gran distanciamiento entre los centros de autoridad y los
órganos subordinados. Asimismo, la asignación constante de nuevos territorios a
los antiguos marcos administrativos y la complejidad impuesta por el
crecimiento de los establecimientos, difuminaban, en los antiguos virreinatos
creados por Carlos V, la fuerza de la autoridad real. Los cambios, pues,
llamaban a la puerta. Mejor: urgían.
*Historiador.
