Iris Marín criticó la escena
oficial tras la ofensiva en Guaviare y advirtió que una institución no debe
exhibir autoridad con humillación, sino actuar dentro de la Constitución y del
derecho humanitario.
No recuerdo haber visto a un
presidente caminando entre los muertos y sintiéndose orgulloso de esas
muertes”, apuntó Marín.
“La humanidad aprendió,
después de guerras y violencias extremas, que deshumanizar al adversario
termina también deshumanizando a quien ejerce el poder”, dijo la alta
funcionaria.
Por Jhon Bernal
El presidente de Colombia Abelardo de
la Espriella sigue enfrentando una oleada de críticas tras exhibir en bolsas
blancas a 23 presuntos integrantes de las disidencias de las Farc que murieron
durante un operativo militar realizado en el departamento del Guaviare.
El turno fue para la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, que cuestionó la manera en la que el mandatario nacional presentó los cadáveres a la opinión pública. Incluso, en un video difundido por el Ministerio de Defensa, se muestra al jefe de Estado caminando entre ellos, lo que generó reacciones a favor y en contra.
La funcionaria señaló que, aunque las
muertes en el conflicto no es un episodio nuevo, el Estado debe proteger y
aplicar la justicia sin caer en prácticas que, en sus palabras, puedan
deshumanizar y erosionar su legitimidad.
“Nuestro país lleva décadas
enfrentando diferentes ciclos de conflictos armados y criminalidad organizada.
Sin embargo, no recuerdo haber visto a un presidente caminando entre
los muertos y sintiéndose orgulloso de esas muertes”, manifestó Marín.
Así mismo, la defensora pidió al
Estado y al Gobierno para evitar que se convierta en una competencia de poder
contra los grupos al margen de la ley, al considerar que la sociedad colombiana
podría salir perjudicada.
“El Estado y el Gobierno no pueden
dejarse llevar por una competencia para demostrar quién puede ser más
cruel. No pueden disputar con los grupos armados quién produce más
miedo, quién humilla más al adversario o con quién convierte la muerte en
demostración de poder. El Estado está en el deber de proteger a la población y
de enfrentar, dentro de la Constitución y el derecho internacional
humanitario, a los grupos armados responsables de graves violaciones a los
derechos humanos”, comentó.
A su vez, Marín Ortiz manifestó que
sus críticas no desconocen los lineamientos de las Fuerzas Militares, sino la
forma de comunicación de los resultados operacionales.
En su pronunciamiento, la defensora
del Pueblo citó a la Constitución Política y el ordenamiento jurídico para
recalcar el derecho a la vida, y ahondó en sus críticas hacia el presidente De
la Espriella tras la disposición de un portal web en la que mencionan la cifra
de milicianos abatidos en su mandato.
“Aunque la baja de una persona
responsable de los crímenes más aberrantes pueda ser legal, la protección del
derecho a la vida sigue teniendo un lugar preferencial en nuestro ordenamiento
jurídico”, criticó.
Por ello, Iris Marín hizo un llamado
al Ejecutivo a que se valoricen indicadores de seguridad que prioricen vidas
salvadas y derechos garantizados, evitando repetir errores del pasado,
específicamente de las ejecuciones extrajudiciales, también conocidos como
“falsos positivos”.
“La humanidad aprendió, después de
guerras y violencias extremas, que deshumanizar al adversario termina también
deshumanizando a quien ejerce el poder. Colombia conoce demasiado bien
esta historia”, recalcó.
Igualmente, la funcionaria instó que
“no deberíamos normalizar que los cuerpos de las personas muertas hagan parte
de la escenografía en una declaración pública, ni que la muerte convierta en
una, se convierta en una forma de exhibir autoridad”.
Finalmente, resaltó que la autoridad
estatal se fortalece no por miedo, sino por confianza, manteniendo siempre la
dignidad humana incluso frente a adversarios.
“El Estado no necesita parecerse a
quienes combate para demostrar su fortaleza. Su autoridad se afirma
cuando enfrenta con decisión a quienes amenazan a la población, pero conserva
los límites que impone la Constitución, la ley y, sobre todo, la humanidad”,
concluyó.
La acción, denominada ‘Operación
Azarías’, se desarrolló el 30 de agosto de 2026 en Miraflores, Guaviare, en un
golpe contra el Frente Carolina Ramírez de las disidencias de las Farc,
estructura al mando de alias Iván Mordisco.
El balance oficial fue de 23 muertos
y seis capturados, así como la recuperación de dos menores de edad que quedaron
bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Entre los abatidos figura alias Tigre
o Pintado, señalado por el presidente como cabecilla del frente mencionado,
siendo uno de los hombres de confianza del jefe del Estado Mayor Central (EMC).
Texto tomado de Infobae (con ligeras
modificaciones) / Imagen de archivo.
