Por Juan Linares / Opinión
En una sociedad que aspire a llamarse justa, el trato hacia
sus jubilados y pensionados constituye una prueba decisiva de su calidad moral.
No se trata únicamente de montos, bonos o ajustes salariales; se trata del
reconocimiento debido a quienes entregaron décadas de trabajo, esfuerzo y
contribución al sostenimiento del país. Cuando a ese sector se le retrasa el
pago, se le fragmentan los beneficios, se le reducen los montos o se le excluye
de derechos que sí se reconocen a los activos, lo que se está produciendo no es
una simple irregularidad administrativa, sino una forma de despojo
institucional y de agravio social.
Los reclamos que hoy expresan jubilados y pensionados no son exagerados ni caprichosos. Son el resultado de años de deterioro acumulado, de promesas incumplidas y de una política salarial que ha convertido el ingreso en una ficción. Entre las principales exigencias está el pago completo e igualitario de los beneficios que sí reciben los trabajadores activos: los 28 días de ajuste salarial, el Bono de Profesionalización, las vacaciones o el Bono Recreacional. Nada de eso debería estar sujeto a discriminación por condición de retiro, porque la jubilación no extingue los derechos adquiridos; por el contrario, exige mayor protección.
A ello se suma una denuncia de enorme gravedad: en distintas
instituciones nacionales y regionales, los recursos de las cajas de ahorros que
corresponden a los jubilados y pensionados no se entregan con la transparencia
debida. El caso de algunas instancias del Cleb del estado Bolívar ilustra una
realidad que se repite en diversos espacios: a los trabajadores activos se les
paga, pero a los jubilados se les posterga o se les niega lo que también les
pertenece. Si a esos fondos se les descuenta el 10% del salario y el patrono
aporta el 20%, no estamos ante una dádiva sino ante dinero generado por derecho
y destinado a un fin específico. Retenerlo, desviarlo o administrarlo
arbitrariamente no solo es inmoral: puede constituir una apropiación indebida
con consecuencias legales y administrativas.
La situación se agrava cuando se observa el modo en que se
calculan y entregan algunos ingresos. A varios jubilados se les aplica una
lógica de reducción que, bajo fórmulas aparentemente técnicas, termina
recortando aún más su ya precario poder adquisitivo. Si se parte de una
referencia de 240 dólares y se termina pagando solo 168, el resultado es una
disminución del 30%. Pero esa pérdida no termina allí. Tampoco se reconocen en
igualdad de condiciones la cesta ticket ni otros complementos que sí se anuncian
para el personal activo. Y como si eso fuera poco, el pago por la plataforma
Patria puede tardar varios días, tiempo suficiente para que la devaluación del
bolívar erosione una parte adicional del ingreso. En un país donde la moneda se
deteriora con rapidez, cada día de retraso representa una pérdida real.
La crítica no debe limitarse al monto recibido, sino al
método mismo de exclusión. Cuando el Estado o las instituciones aplican
criterios diferenciados para pagar menos, más tarde y con mayores restricciones
a quienes ya están retirados, se consolida una forma de discriminación por edad
y condición laboral. Esa práctica contradice el principio elemental de igualdad
y vulnera la idea de seguridad social como derecho universal. Jubilarse no
puede equivaler a quedar al margen del bienestar mínimo, ni a ser tratado como
un sujeto secundario dentro de la estructura del trabajo.
Otro aspecto que merece atención es la suspensión del aumento
salarial, congelado en la práctica desde hace 4 años y 4 meses. Ese dato no es
menor, porque revela que el problema de fondo no es solo la insuficiencia de
los bonos, sino la destrucción misma del salario como referencia de vida. Un
país que sustituye el sueldo por compensaciones ocasionales, fragmentadas y
desiguales, termina vaciando de contenido el trabajo y degradando el ingreso de
toda la administración pública. Si, además, se afirma que existen recursos para
respaldar un aumento salarial y aun así no se concreta una mejora real, la
frustración social se vuelve todavía más profunda.
En este contexto, cobra especial importancia el reclamo de
quienes fueron mal calculados en sus prestaciones sociales. A muchos jubilados
se les ofreció en su momento un “bono único” de 10.000 bolívares como forma de
compensación, cantidad que alguna vez fue presentada como equivalente a más de
2.000 dólares. Hoy, con la devaluación acumulada y el deterioro del bolívar,
ese monto se ha reducido a una fracción insignificante de su valor original.
“El anuncio de este "bono único" de 10.000
bolívares fue realizado por Nicolás Maduro el 1 de mayo de 2022, durante un
acto por el Día Internacional del Trabajador. Estaba dirigido a los
trabajadores del sector público que se jubilaron entre el 1 de enero de 2018 y
el 1 de mayo de 2022.Ese mismo día, el mandatario encargó a la entonces
vicepresidenta, Delcy Rodríguez, la tarea de ejecutar y explicar el mecanismo
de pago, la cual informó posteriormente que el beneficio sería liquidado a
través de la plataforma Sistema Patria y pagado de manera fraccionada en varios
tramos”.
Esto demuestra que una reparación tardía, si no está
protegida frente a la inflación y la pérdida monetaria, termina convirtiéndose
en una promesa vacía. La reparación que llega tarde y se devalúa rápido deja de
ser reparación.
Especialmente dolorosa es la situación de los jubilados de
las empresas básicas del Estado venezolano, muchos de los cuales fueron
despedidos o renunciaron tras más de 25 años de servicio, en una época en la
que no existían planes de jubilación claramente estructurados. Hoy, ya con más
de 70 años en numerosos casos, siguen exigiendo ante la Vicepresidencia de la
República el pago de un Bono Único que consideran justo y necesario. Su demanda
no nace de la improvisación, sino de una deuda histórica con trabajadores que
sostuvieron durante décadas sectores estratégicos del país. Negarles ese
reconocimiento equivale a borrar su aporte y a profundizar la injusticia.
Tampoco puede ignorarse la exclusión de otros beneficios
vinculados al retiro. Los jubilados y pensionados denuncian que no se les pagan
las vacaciones ni el Bono Recreacional, lo cual resulta especialmente grave
porque esos conceptos formaban parte de las condiciones laborales asociadas a
su vida activa y deberían conservarse como parte del respeto a los derechos
adquiridos. La vejez no puede convertirse en una excusa para recortar
garantías, ni la jubilación en una sentencia de precariedad.
Frente a todo ello, la demanda de los jubilados y pensionados
es clara y legítima: igualdad de trato, pago completo de sus beneficios,
restitución de derechos contractuales, transparencia en la administración de
sus fondos y reconocimiento efectivo de una vida de trabajo. No están pidiendo
privilegios. Están reclamando justicia. Y en un país donde la justicia social
ha sido tantas veces invocada pero tan pocas veces cumplida, ese reclamo merece
ser escuchado con seriedad.
Defender a los jubilados y pensionados es defender una idea
básica de civilización: que el trabajo no se desecha cuando envejece el
trabajador. Es reconocer que la dignidad humana no caduca y que el deber del
Estado, lejos de terminar con la jubilación, comienza precisamente allí, cuando
la persona necesita más protección. Si un país abandona a sus mayores, también
abandona su memoria, su ética y su futuro.
Por eso, este reclamo no debe leerse como una queja aislada,
sino como una exigencia de justicia histórica. Los jubilados y pensionados
tienen razón al alzar la voz. Su lucha no es solo por dinero: es por respeto,
por equidad y por dignidad. Y esa dignidad, en efecto, no se jubila.
