Según el abogado Michael Rips, un antiguo tratado de
extradición de 1922 entre Estados Unidos y Venezuela podría obligar a suspender
el proceso y remitir el asunto a un arbitraje internacional.
Entre Todos D.
La transformación física de Nicolás Maduro tras 200 días de
detención fue evidente en su tercera comparecencia ante la justicia
estadounidense.
Maduro, que estaba visiblemente más delgado y vestido con el
uniforme color caqui de reo, compareció este miércoles ante el juez federal
Alvin Hellerstein del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, quien
estableció el primero de junio de 2027 como fecha de inicio del juicio por
cargos de narcoterrorismo y conspiración para la importación de cocaína y
armas.
La comparecencia duró apenas 13 minutos, significativamente
menos que las anteriores: la primera del 5 de enero se extendió 35 minutos y la
segunda del 26 de marzo duró 25 minutos.
En este breve encuentro judicial, el magistrado Hellerstein aprobó el calendario procesal presentado conjuntamente por la fiscalía federal y los equipos de defensa de Maduro y su esposa Cilia Flores.
Durante la audiencia, el abogado defensor Barry Pollack se
presentó ante el juez como "abogado del presidente Nicolás Maduro",
mientras que Mark Donnelly, representante legal de Flores, simplemente se
identificó como "abogado de la señora Cilia Flores", evitando el
título de primera dama.
La batalla legal más importante antes del juicio será la
reclamación de inmunidad soberana. El 2 de septiembre de 2026 vence el
plazo para que la defensa presente su primera ronda de mociones formales
intentando anular el caso por jurisdicción, alegando inmunidad por el supuesto
cargo de presidente de un Estado. Una segunda categoría de mociones buscaría
apartar e invalidar pruebas del expediente.
El cronograma procesal establece fechas clave: el 22 de
septiembre de 2026 cerrará la entrega de evidencia no clasificada; el 15 de
noviembre de 2026 finalizará la entrega de evidencia clasificada; y el 11 de
enero de 2027 será el plazo para mociones adicionales de la defensa. El 11 de
marzo de 2027 se presentarán las réplicas finales bajo la Ley CIPA, que protege
evidencia secreta de seguridad nacional.
Tanto Maduro como Flores cuentan con abogados de alto perfil. Barry
Pollack, quien también defendió a Julian Assange, lidera la defensa de Maduro
junto a Anna Estevao, especialista en litigio penal.
Mark Donnelly, experto en delitos de "cuello
blanco" con más de 100 juicios en su trayectoria, representa a Flores. Los
honorarios de estos profesionales se estiman entre 1.200 y 2.500 dólares por
hora.
Un análisis del abogado Michael Rips publicado en The New
York Times plantea una hipótesis jurídica controvertida: un antiguo
tratado de extradición de 1922 entre Estados Unidos y Venezuela podría obligar
a suspender el proceso y remitir el asunto a arbitraje internacional, lo que
potencialmente resultaría en la liberación de Maduro si se determina que su
captura violó dicho tratado.
Entre los posibles testigos contra Maduro figuran Alex Saab,
considerado su principal testaferro, quien fue recapturado en mayo y está
detenido en Miami; el general Clíver Alcalá Cordones, condenado a 21 años
y ocho meses; y Hugo "El Pollo" Carvajal, exjefe de inteligencia que
se declaró culpable de narcotráfico y cuya sentencia ha sido aplazada
indefinidamente, señal de que continúa colaborando con la fiscalía.
Inicia de esta manera un camino judicial que no será sencillo
ni lineal, con importantes testimonios de personas que poseen información
que podría ser determinante en este proceso. La comunidad internacional
observa con atención cada movimiento, no solo por su impacto en Venezuela,
sino por lo que representa en el ámbito de la justicia transnacional y los
derechos humanos.
Con información publicada por NTN24. Imagen de
archivo.
