El presidente interino
dijo que la decisión del grupo de trabajo “cambia el escenario” para considerar
un indulto.
Por Carlos Noriega / Desde
Lima
Luego del informe del Grupo
de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas que califica como “arbitraria” la
detención del expresidente Pedro Castillo -en
prisión desde diciembre de 2022 cuando fue destituido de la presidencia por el
Congreso controlado por la derecha- y ha demandado su inmediata liberación y
una indemnización, el presidente interino José María Balcázar, cuya
gestión culmina este 28 de julio, ha abierto la puerta de una posible
liberación de Castillo. En medio del debate sobre las consecuencias legales de
este informe de la ONU y pedidos de un indulto para Castillo hechos por la
defensa legal del expresidente, Balcázar, cuyo gobierno hasta ahora había
negado un posible indulto, ha dicho que la decisión del grupo de trabajo de la
ONU “cambia el escenario” para considerar un indulto.
Modifica el escenario
“El caso de Pedro Castillo tendrá
que analizarse a la luz de este nuevo acuerdo de la ONU”, declaró Balcázar, al referirse a un posible
indulto a Castillo. Lo resuelto por el grupo de trabajo de la ONU, indicó el
presidente, “viene a modificar el escenario jurídico, legal y
constitucional de la forma y modo cómo se puede dar indulto a una persona que
está detenida”. El presidente que se prepara para irse en unos días indicó
que un indulto requiere “un pedido expreso y bien sustentado” de la defensa de
Castillo. Agregó que estudiará el tema con su ministro de Justicia.
Hasta ahora el gobierno de Balcázar
no ha dado trámite a varios pedidos de indulto de la defensa de Castillo. “Todo
lo que se ha presentado anteriormente no está dentro de este contexto (el
reciente informe del grupo de trabajo de la ONU). Se rechazó formalmente (el
indulto) porque no venía acompañado de todas las pruebas correspondientes”,
declaró el jefe de Estado. Ahora Balcázar dice que el escenario ha cambiado, lo
que abre la puerta para reconsiderar la negativa de un indulto a Castillo. La
derecha presiona contra ese posible indulto.
“Un llamado enérgico”
Desde el penal de Barbadillo en las
afueras de Lima, donde cumple una sentencia de 11 años y 5 meses por
conspiración para rebelión por su fallido intento de cerrar el Congreso que
buscaba destituirlo de la presidencia, Castillo, que desde su detención se ha
declarado un preso político, ha enviado un mensaje a través de la Red X (ex
Twitter) en el que exige su inmediata liberación en cumplimiento del informe
del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU.
“Hago un llamado enérgico y exhorto
firmemente a todos los organismos nacionales e internacionales de protección de
los derechos humanos, así como las instancias de administración de la justicia
del Perú, a acatar de inmediato e implementar lo dispuesto por esta instancia
de las Naciones Unidas. Continuar ignorando este pronunciamiento internacional
no solo profundiza la persecución política en mi contra, sino que coloca al
Estado peruano en una condición de abierta rebeldía y de vulneración del
derecho internacional”, ha demandado Castillo.
En este mensaje, el expresidente
califica la decisión del grupo de trabajo de la ONU sobre su detención como “un
hito trascendental en la lucha por la justicia ante el colapso del sistema
democrático en nuestro país, del cual he sido víctima, junto a mi pueblo, en
los últimos años”. Señala que “en esta histórica decisión, dicha instancia
internacional ha determinado, de manera inequívoca, que el Estado peruano
violentó flagrantemente mis derechos humanos y que fui objeto de una detención
arbitraria mientras ejercía el cargo de presidente de la República”. Indica que
este informe de la ONU confirma que su destitución y arresto fueron “ilegales”
y que esa situación “quebrantó el Estado de derecho”. La defensa legal de
Castillo ha presentado un hábeas corpus solicitando su liberación.
Debate
Esta decisión del grupo de trabajo
de la ONU ha generado un debate sobre la obligatoriedad de su cumplimiento. El
abogado especializado en derechos humanos, Carlos Rivera, del
Instituto de Defensa Legal, sostiene que este informe es vinculante. “Si bien
es cierto que las opiniones de un grupo de trabajo de la ONU no tienen la
fuerza de una resolución judicial, estos órganos existen en virtud del mandato
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado que el Perú ha
ratificado. Por lo tanto, ello determina carácter vinculante a sus decisiones”,
señala Rivera. Diversos jurídicos respaldan esta postura.
La derecha, que este 28 de julio
toma el gobierno con Keiko Fujimori, se opone con vehemencia a un posible
indulto al expresidente de izquierda. En esa línea, el abogado
constitucionalista Aníbal Quiroga, cercano al fujimorismo, le resta
valor jurídico al informe del grupo de trabajo de la ONU. “Este documento es
solo una opinión, no tiene fuerza vinculante para el Estado peruano, no tiene
trascendencia legal, no puede servir de base jurídica para liberar a Castillo.
Lo que tiene este informe es trascendencia política”.
El excandidato presidencial de
izquierda Roberto Sánchez, derrotado en las recientes elecciones
por Keiko Fujimori por menos de 50 mil votos, ha anunciado movilizaciones para
exigir la liberación del expresidente Castillo.
Tomado de Página 12 / Argentina.
Imagen de AFP.
